Iberdrola mantiene su pulso al Gobierno y al Principado por el cierre de la térmica de Lada
Javier Fernández se alinea con el ministerio para instar a la eléctrica a que subaste la central, mientras Sánchez Galán insiste en su apuesta por las energías limpias
Ni el hecho de sentarse cara a cara durante más de dos horas –y a sabiendas de su malestar– con el ministro de Energía y con los presidentes autonómicos de Asturias y Castilla y León ha conseguido que el presidente de Iberdrola dude en su férrea defensa de la solicitud de la compañía para cerrar sus centrales térmicas de Lada y Velilla. En todo momento, Ignacio Sánchez Galán se refirió a la «coherencia» de la iniciativa de la eléctrica con su apuesta por las energías limpias. Durante el encuentro, subrayó el compromiso de la empresa con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático y enmarcó la polémica decisión en la estrategia mundial de Iberdrola para completar el proceso de cierre de todas sus centrales de carbón que, según dijo, en la actualidad solo representan el 1,8% de la capacidad del grupo. Recordó, además, su intención de recolocar al 100% de los trabajadores de las dos plantas, que –informó más tarde en un comunicado– suman una potencia de 874 megavatios y en 2016 produjeron menos del 1% del total generado en España.
Pero por mucho que Sánchez Galán incidiese en que el cierre no afectará a la seguridad del suministro eléctrico ni al precio de la energía y apelase al Acuerdo de París sobre el cambio climático, la postura del ministro y de los presidentes asturiano y castellano leonés no se movió ni un ápice. Al término de la reunión, Álvaro Nadal cargó contra Iberdrola por no comprometerse a vender las dos centrales que quiere cerrar y advirtió de que el Ejecutivo central no accederá a sus pretensiones y seguirá adelante con el real decreto sobre el cierre de las térmicas «tal y como está» planteado. El titular de Energía se mostró manifiestamente molesto por el hecho de que Sánchez Galán no haya sabido explicar por qué no quiere vender dichas plantas y solo se comprometa a mantenerlas operativas hasta 2020.
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En esta línea, destacó la gran contribución al sistema de ambas térmicas, especialmente en los momentos de demanda punta –como ocurrió el pasado invierno, cuando se evidenciaron necesarias– y a la hora de contener el precio de la electricidad. Fue más allá y aseguró que si durante los últimos tres años estas centrales hubieran estado cerradas, las familias habrían tenido que pagar dos euros y medio más en sus facturas.
«No ha habido ninguna alternativa realista de venta de las centrales a otro operador», señaló, para explicar que a Iberdrola no le ha parecido adecuado partir de un precio de venta de la central cerrada, «achatarrada, sin el plan social y los costes medioambientales del cierre», que la compañía ha valorado en 35 millones. Además, reafirmó que existe «un interés general claro» en mantener estas centrales abiertas, ya que si no fuera así supondría «peores precios, costes mayores para el consumidor, la industria y un efecto sobre la economía local».
El presidente del Principado se alineó con el ministro y suscribió sus exigencias a la eléctrica. «Nosotros entendemos que si una empresa quiere –y está en libertad de hacerlo– deshacerse de una central, ya que por razones de política energética es el Gobierno quien tiene que plantear si eso es o no posible, lo que debe hacer es acudir a una subasta en los términos en los que explica el ministro», apoyó Javier Fernández.
El jefe del Ejecutivo regional destacó que lo que se trató en la reunión es la intención de Iberdrola de cerrar una instalación de generación eléctrica «con todas las consecuencias que eso tiene sobre el empleo y el entorno en un territorio, en este caso el valle del Nalón, que ya está muy impactado y golpeado por sucesivas reconversiones».
Además, dio por demostrado que los grupos de carbón «están operando fijando un marginal por debajo de lo que lo harían las centrales de gas cuando actúan como potencia de respaldo y eso importa mucho, no solamente desde el punto de vista global, de la política española, sino en Asturias, una comunidad con un marcado carácter industrial». Así, se refirió a las compañías electrointensivas de la comunidad y a la serie de problemas que presentan: «Cualquier subida de la electricidad incidiría sobre esas empresas altas consumidoras energéticas».
Fernández cifró en un centenar los empleos directos de la central de Lada y en más aún los indirectos, relacionados con los servicios avanzados y de ingeniería que se prestan a la planta. «Lada no consume carbón nacional, sino de importación, que viene desde El Musel en camiones de 25 toneladas». Este mineral no solo va a parar a las cuatro centrales asturianas, sino también a las de Compostilla, La Robla o Velilla del Río Carrión, por lo que el presidente del Principado señaló el «importante» impacto del sector «en el entorno inmediato y no tan inmediato» del puerto.
Interrumpibilidad
Por otro lado, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la orden que modifica el sistema de interrumpibilidad, el mecanismo por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico, limitando así a cinco meses el periodo que cubrirá la próxima subasta, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual.
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