Defensa valora sus derechos en La Vega en alrededor de 32 millones de euros
Plantea al Ayuntamiento un acuerdo que toma como base la edificabilidad actual y los precios del suelo industrial en el concejo
En furgoneta, de madrugada y en mitad del temporal, el pasado 26 de enero el alcalde, Wenceslao López, las tres portavoces de los grupos de gobierno -Ana Rivas, Ana Taboada y Cristina Pontón- y el secretario viajaron a Madrid para reunirse con los responsables del Ministerio de Defensa para seguir avanzando en las negociaciones sobre los terrenos de la fábrica de armas de La Vega. Tras el encuentro, todos hablaron de fijar un protocolo, una agenda para seguir trabajando entre ambas partes y de una cita cordial. Defensa habló de algo más, puso sobre la mesa una valoración de sus derechos sobre los terrenos de la histórica fábrica de armamentos: alrededor de 32 millones de euros.
La cuenta, según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, es sencilla: 118.730 metros cuadrados de suelo, con la edificabilidad actual de la parcela (0,46 metros construidos por metro de suelo) y el precio de venta de metro industrial en Oviedo, alrededor de 600 euros por metro cuadrado. Las mismas fuentes destacan que se toma como referencia el precio del metro industrial en el polígono de Olloniego y no el del Espíritu Santo, más cercano y más caro, como un signo de la buena voluntad de Defensa.
La cifra se verbalizó en la reunión entre ambas partes y dejó, según fuentes del equipo de gobierno, un regusto extraño: «Nos pone La Vega a tiro de convenio, pero no es tan fácil». La posición en el seno del gobierno local no es unánime en este sentido. Esta semana el concejal de Economía, Rubén Rosón, durante una entrevista en Canal 10, admitió que el ministerio había puesto un precio al acuerdo para revertir los suelos al Ayuntamiento pero, sin mencionar la cifra, insistió en poner como ejemplo la «lucha» ciudadana de Palencia para lograr que el Estado entregase sin compensación suelos de su fábrica militar a la ciudad. Somos Oviedo no parece dispuesto a pagar para recuperar La Vega.
Defensa, en cualquier caso, no pide dinero por los terrenos. Le basta, según las mismas fuentes, con activos y, ni siquiera es una cifra cerrada. El departamento que dirige María Dolores de Cospedal aceptaría negociar una rebaja sin cuantificar en función del mal estado de conservación de los edificios del recinto. Activos inmobiliarios le sobran al Ayuntamiento. Solo de las actuaciones en trámite este año, según el informe del área de Urbanismo, suma casi 34 millones, aunque una parte es difícilmente realizable.
Final previsible
De hecho, los algo más de 32 millones de euros puestos sobre la mesa son una ganga. El anterior equipo de gobierno negoció una solución en la que Defensa obtenía a cambio de La Vega la recalificación de los suelos más próximos a Ángel Cañedo para viviendas. En total, cerca de 50.000 metros construibles, unos 500 pisos que, según las valoraciones habituales, rendían para el ministerio cerca de 50 millones de euros.
El proyecto de Agustín Iglesias Caunedo pasaba por dividir el terreno en dos zonas. Una para equipamiento, la más próxima al centro y en la que se concentrarían los elementos a proteger, y otra de aprovechamientos lucrativos en el borde con La Tenderina, donde ahora se ubican los chalés de los oficiales, y Ángel Cañedo. Defensa, según las mismas fuentes, ahora no aspira a tanto y planteó que los aprovechamientos puedan estar en cualquier otra zona de la ciudad y no necesariamente en los terrenos de la antigua fábrica.
Las bases de la propuesta son las mismas que expuso el director general de Infraestructuras del ministerio, Eduardo Zamarripa, en su visita a Oviedo. Frente a los planes del alcalde para discutir usos provisionales y dejar el debate sobre la propiedad de los terrenos para el futuro, Zamarripa cortó el nudo gordiano. Planteó saltarse mesas de trabajo, reuniones de coordinación y el cruce de papeles que proponía el Ayuntamiento para llegar directamente a un acuerdo global, a un convenio en el que habrá, dijo, «unos terrenos dedicados a unos usos del Ayuntamiento y unos aprovechamientos limitados» para el Ministerio. Y fue tajante: «Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo», insistió.
Protocolo
Ese sigue siendo el escenario. Aunque ahora los tres socios de gobierno trabajen en un protocolo o agenda, la realidad es que Defensa quiere una salida rápida y está de rebajas. Fuentes conocedoras de las conversaciones sostienen que «lo último» que quiere el negociado de la guerra es gastar dinero en la conservación de «edificios sin uso e innecesarios».
El alcalde, de hecho, ha dejado de hablar de formas abrupta de «usos compartidos» o «provisionales» o de implantar un centro tecnológico de la industria militar en los terrenos de la fábrica, para pasar a centrarse en el protocolo para definir los usos. Un documento en el que se incluirá a los distintos actores sociales de la ciudad y la ineludible fase de participación ciudadana.
Eso y una propuesta económica, una contraoferta a la de Defensa. Solo resta saber si los tres socios de gobierno creen que merece la pena pagar por La Vega o si dudan sobre a quién se le atribuirá un mérito que es del ministerio.
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