El Consistorio de Oviedo culpa a De Lorenzo, Cuervas-Mons, Reinares y Caunedo «del pufo de Villa Magdalena»
Identifica a petición del Tribunal de Cuentas a los políticos del PP como los que incumplieron el acuerdo para pagar la expropiación al palecete
Casi 21 años después de que la comisión de gobierno del Ayuntamiento acordase el pago de 11,8 millones de euros como justiprecio de la expropiación de Villa Magdalena y nunca lo hiciese dando lugar a una retasación que ha costado a las arcas públicas más de 63 millones, los técnicos municipales acaban de determinar de quiénes son las posibles culpas. A petición del Tribunal de Cuentas, que abrió diligencias el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento ha remitido una serie de trece informes de los servicios de Secretaría, Intervención, Interior, Abogacía y Estadística «en los que se certifica, con rigor, que en el periodo comprendido entre 1998 y 2007, Gabino de Lorenzo era quien tenía potestad para ordenar pagos y delegó responsabilidades en tres concejales: Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons y Agustín Iglesias Caunedo», señaló el alcalde, Wenceslao López, ayer en una rueda de prensa.
El regidor explicó que «el Tribunal de Cuentas solicitó a principios de este mes de abril unos informes para determinar quiénes tenían potestad a la hora de ordenar pagos en el periodo» analizado. En respuesta, el Ayuntamiento remitió el viernes al órgano fiscalizador los informes referidos.
El alcalde no lo dijo ayer, pero es un salto cualitativo. Es la primera vez que los servicios municipales señalan algún tipo de posible responsabilidad, aunque sea de forma tan vaga como identificar a quienes tenían potestad para ordenar pagos, en la expropiación de Villa Magdalena.
De hecho, el propio regidor tuvo que contratar a la Fundación Universidad de Oviedo para que elaborara sendos informes de fiscalización sobre el polémico procedimiento que ha causado un daño a las arcas públicas «de más de 52 millones de euros», detalló López. Con el primero, que señalaba a los mismos responsables y aún añadía otros concejales de aquellos gobiernos del PP, ordenó abrir un expediente de responsabilidad patrimonial porque se causó daño económico al Ayuntamiento. La instructora, Mercedes Diaz Amodia, concluyó que no había responsabilidad contable, porque se pagó lo que mandaron los tribunales. Como si las dos cosas fueran los mismo. Disconforme, el alcalde encargó un segundo dictamen a la Fundación Universidad Oviedo (FUO) en el que se trataba de acotar el objeto del expediente hacia el perjuicio económico causado por no pagar el justiprecio tras haberlo aprobado. La respuesta fue la misma. No responder a la pregunta.
De hecho, entre los 13 informes se señala con nombres y apellidos al exalcalde y a los concejales de Economía y Presupuestos, pero tan solo se apunta a la función que debía velar por el cumplimiento: «Secretaría, Tesorería e Intervención», reconoció el alcalde, en lugar de quienes eran los funcionarios que estaban al frente de esos servicios.
«Mi obligación como alcalde era tratar de agotar todas las posibilidades para exigir responsabilidades», insistió ayer López para explicar el paso que dio, hace casi un año, al remitir el expediente, tras la segunda negativa, al Tribunal de Cuentas. «Algunos daban por fallido el procedimiento», recordó, pero el órgano fiscalizador, primero, admitió a trámite la denuncia y en febrero nombró instructor para llevar a cabo el actual expediente en el que el Ayuntamiento estima en 52 millones el quebranto a sus arcas.
Los «pufos del PP»
El alcalde recordó que gran parte de sus efuerzos y los del equipo de gobierno durante este mandato han estado encaminados en lidiar con los «grandes pufos económicos del Partido Popular», «proyectos que fueron vendidos como una revolución para Oviedo y que en cambio han supuesto una losa determinante». Una lista en la que incluyó desde el spa de Ciudad Naranco, el fallido vivero de empresas conocido como el «'Silicon Valley' de Ventanielles», el Calatrava, el estadio de fútbol Carlos Tartiere, el Auditorio o Villa Magdalena. «Los tenemos todos o casi identificados y en vías de solución», aseguró el alcalde.
Las cosas de palacio ya se sabe. El Ayuntamiento ha tardado 21 años en dar con unos nombres que salen en el Boletín de Información Municipal. Y aún así no todos.
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