Planes locales para la Vivienda...

Este es el plan de Somos y Podemos para solucionar el problema de la vivienda en Oviedo Taboada y Palacios han presentado una batería de medidas que incluye una empresa municipal y la ampliación del parque público de alquiler. Por Redacción Nortes 22 marzo 2021 Somos Oviedo/Uviéu y Podemos Asturies ha presentado hoy un plan para solucionar el problema de la vivienda en la capital asturiana. Un plan que según la portavoz de Somos, Ana Taboada, pasaría por la creación de una empresa municipal de vivienda, tal y como existe en otras ciudades, y de la que a día de hoy carece la segunda ciudad más poblada de Asturies. Esta batería de medidas elaborada por los morados incluye propuestas exclusivamente municipales y otras que rebasan las competencias del ayuntamiento, y que exigirían el concurso de la administración autonómica. A corto y medio plazo la candidatura municipalista considera imprescindible la adquisición por los poderes públicos y a un precio razonable de viviendas desocupadas que a día de hoy son propiedad de entidades financieras o de la SAREB, el llamado “banco malo”, para así aumentar el parque público de vivienda en alquiler. Complementariamente Somos defiende la participación del Principado en las subastas de bienes inmuebles embargados a constructoras y promotoras inmobiliarias con el objeto de intentar adquirir viviendas y suelo a precio por debajo del precio de mercado, “para ello se deberán habilitar herramientas legales que concedan derechos de tanteo y retracto a la Administración del Principado”. Rafa Palacios y Ana Taboada. Desde Somos reclaman al Gobierno de Adrián Barbón que apueste por el alquiler directo por el Principado de viviendas de propiedad privada con el fin de destinarlas a alquiler social mediante contratos de subarriendo por cuantías mensuales limitadas y proporcionales a la capacidad económica de las familias subarrendatarias. También le piden la construcción y promoción de nuevas viviendas públicas adoptando las medidas presupuestarias adecuadas e incrementando las reservas mínimas de VPO en suelos urbanizables hasta un 50 % y en suelos urbanizados hasta un 35 %. Palacios ha reclamado directamente al Presidente del Principado de Asturias “que no abandone a la clase trabajadora asturiana y se ponga a nuestro lado, reclamando a Pedro Sánchez una ley que garantice regular los precios de los alquileres”. El diputado de Podemos Asturies ha señalado que la política de vivienda basada en “seguir regalando más dinero público a promotoras y fondos buitre mediante incentivos y rebajas fiscales” es ineficaz, inviable y no tiene recorrido. Concentración de inquilinos e inquilinas de VIPASA. Foto: Iván G. Fernández. Desde Somos también reclaman la “cesión por el Principado al Ayuntamiento de Oviedo de la administración y gestión directas de parte de parque de viviendas sociales propiedad de VIPASA y actualmente no ocupadas situadas en el Concejo”. La contrapartida sería la firma de un Convenio entre VIPASA y el Ayuntamiento para que este se hiciera cargo de los costes de reparación de las mismas. Así el Ayuntamiento de Oviedo podría asignar estas viviendas según sus propios criterios para su uso en situaciones de emergencia. Palacios ha criticado que se siga “regalando dinero público a los fondos Buitre” La candidatura municipalista vinculada a Podemos también ha propuesto la implantación de una nueva línea de ayudas municipales económicas directas, agiles y con suficiente dotación presupuestaria para familias que estén atravesando dificultades que puedan suponer el desahucio de su vivienda por impago de alquiler o hipoteca, así como otras ayudas directas al alquiler para jóvenes y estudiantes. Asimismo, Taboada y Palacios han apostado por la implantación de programas municipales de garantía de alquileres y seguros de desperfectos para las personas que integren viviendas de su propiedad en un programa de alquiler controlado, que tendría el doble objetivo de poner a disposición de los inquilinos un stock de viviendas dignas por un alquiler de importe limitado, y de proporcionar a la propiedad garantías y seguridad respecto a posibles impagos y a la adecuada conservación de su inmueble, así como una oficina municipal de intermediación para los casos en que se den conflictos entre propietarios e inquilinos, evitando la judicialización de estos casos.