Felipe VI, durante su discurso el 3 de octubre de 2017.
Felipe VI, durante su discurso el 3 de octubre de 2017. CASA REAL A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete! 1- ¿Ha espiado el Estado a sus ciudadanos? Hay dos respuestas. Las dos son afirmativas. Y la primera, agárrense, procede de la Biblia. No se vayan. 2- En el Libro I de Samuel, que tanto enloquecía a Tolstoi, se explica, entre otras cosas, la respuesta de Samuel a su pueblo, cuando su pueblo le pidió un rey. Esto es, un Estado. Samuel, tras consultar la solicitud con Jehová, explica a su pueblo lo que es un Estado, a través de una serie de formidables y aterradores versículos, que se inician con un “así hará el rey que reinará sobre vosotros: tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo…”. Esto es, el Estado hará lo que quiera con vosotros, panolis. Visto lo visto, espiar es poco, si pensamos que puede, incluso, matar. 3- Y el Estado mata, con cierta tranquilidad. Recuerden, hermanos, lo que hicieron MAD y la Gene –las CC.AA. son Estado; como un pino–, en 2020 con/en las residencias geriátricas. Esa impunidad –sin respuesta ni consecuencias, y que lo cambia todo, en el periodismo, en la justicia, en la política local; en la ética disponible– habla de la inexistencia de sociedad civil en el conjunto de sociedades esp. La inexistencia de sociedad civil, de lógicas alejadas del Estado, y que protejan a la sociedad del Estado, explica, precisamente, que el Estado pudiera matar con cierta tranquilidad en 2020. O, en otra ventanilla, espiar tan ricamente para las mismas fechas. 4- Tras la Biblia, la otra fuente que habla de espionaje a ciudadanos por parte del Estado es The New Yorker, una suerte de Biblia para muchos lectores que nunca serán ministros de Defensa. El 18 de abril aparecía en TNY un artículo sobre el caso de espionaje a políticos catalanes realizado a través del programa Pegasus. Ese mismo día, aparecía el informe elaborado por Citizenlab, en el que, en efecto, se recogía la investigación de esa ONG en más de 60 teléfonos de políticos procesistas –muchos–, miembros de organizaciones propagandísticas paralelas y –ojo: no se pierdan el punto 13– abogados de encausados, en cuyos terminales aparecía el programa Pegasus, y en el que –importante; no se pierdan, lo dicho, el punto 13– también se habla de la presencia del programa Candiru, capaz de, una vez introducido en un ordenador, manipular contenidos, escribir y enviar mails, por ejemplo. Cuatro días después, el 22 de abril, The Washington Post publicaba un editorial –Democracies shouldn’t surrender to a future of limitless surveillance–, con el que el informe de Citizenlab y el artículo de TNY adquirían entidad, género y categoría, definitivamente, internacional. Se fijaba el caso de la cosa: por primera vez en Occidente –si exceptuamos Polonia y Hungría–, se espiaba a ciudadanos con Pegasus. La gravedad del hecho se traducía en la gravedad del editorial: “Cuando las democracias incurren en violaciones de las libertades civiles tan flagrantes como parece haber ocurrido en Cat, merecen una condena”. 5- Dos referentes del periodismo internacional –uno de ellos, el TNY, el primer medio que habló de la corrupción estructural en la familia Pujol; en 1999; se dice pronto–, planteaban un caso de espionaje sobre políticos en Esp. Algo importante. Y más cuando se trata de una segunda vez. En efecto, esto ya pasó. En 2020 trascendió un caso de espionaje-pegasústico sobre Roger Torrent, entonces presi del Parlament, y sobre Ernest Maragall. El caso hoy está en los tribunales. La diferencia de esta segunda vez es el número aparente de espiados, y el hecho de que todo haya ocurrido en un periodo de Gobierno PSOE, y no del PP. ¿Qué investigaba, en esta ocasión, el CNI, o la GC, o la PN? ¿Quién espiaba? ¿Lo hacía a su bola, o bajo petición y control gubernamental? ¿Eran escuchas legales, esto es, con permiso judicial, o creativas? 6- La Vanguardia, haciendo una comparativa de las fechas de las infecciones de terminales móviles propuestas por Citizenlab, con efemérides políticas de cada momento, apunta a la posibilidad de que el espionaje tenía más fundamento político que policial. Glups. De ser cierto lo que apunta Citizenlab, se podría haber espiado a Aragonès mientras discutía su apoyo a la formación del Gobierno, o a Cuixart mientras preparaba su alegato final en el Juicio al Procés. Se podría haber espiado a Aragonès mientras discutía su apoyo a la formación del Gobierno, o a Cuixart mientras preparaba su alegato final en el Juicio al Procés 7- En todo caso, sorprende el uso de sofisticados medios de espionaje, como es el programa Pegasus, para investigar sujetos y objetos fáciles de investigar sin tanta inversión y complejidad. El procesismo se caracteriza por tener serias y continuas fugas de información. Sus diálogos en apps de mensajería suelen llegarte, en forma de pantallazos, remitidos por ellos mismos. El Estado, en todo momento, sin recurrir a la aparatosidad de artefactos como Pegasus, pudo saber, desde 2017, si no antes, que el procesismo no quería culminar en Estado (propio). Otra cosa es que su táctica haya sido intentar demostrar lo contrario. Con todas las energías después del 3-O, fecha del discurso del rey, en el que se planteó el procesismo como una seria posibilidad y una gran amenaza al Estado. Nunca lo fue, salvo cuando el Estado se empeñó en ello. Los dos grandes secretos del procesismo, que el procesismo ha podido guardar, son otros, de entidad diferente, y que han supuesto una humillación para la inteligencia del Estado. A saber: a) la localización de las urnas para la consulta del 1-O. Al parecer, fueron distribuidas mediante la estructura territorial de ERC. Y sin participación ni conocimiento de los all-stars del procesismo, lo que posibilitó, sin duda, el éxito vistoso de la operación. El segundo secreto, y con él igual entramos de lleno en el tema que nos ocupa, es la cosa Tsunami Democràtic. Una app que, en 2019, coordinó, de manera vertical –sociedad civil, por aquí abajo, poca–, algunas de las protestas contra la sentencia, ilógica y desproporcionada, del Juicio al Procés en 2019. Tsunami, así, ordenó cortes en autopistas, en la frontera con Francia, así como la toma del Aeroport del Prat. Y fue obedecido. Finalmente, la app dejó de emitir, zas, cuando el Estado dejó ir que Tsunami se enfrentaba a posibles cargos por terrorismo –el Estado, en lo que es la gasolina del procesismo, siempre ha sido desproporcionado desde 2014–. 8- Desde 2019 en la AN se han seguido investigando, de manera discreta o secreta, depende de con quién hables, los sucesos Tsunami de 2019. Se habla de cargos, en efecto, de terrorismo. Van a por ellos. Si eso es así, ellos serían las urnas que no encontraron cuando CNI, GC y PN jugaron a los espías en 2017, con resultados muy patrióticos y épicos, pero poco efectivos, certeros y democráticos. Puede ser, en ese sentido, que la emisión de Pegasus publicitada al mundo este mes aluda a un plan del Estado para localizar a los chicos y chicas Tsunami, un grupo formado en la sociedad civil cat –esa cosa que no existe–, esto es, en los entornos de la Gene, esa forma del Estado. 9- En todo caso, en esta primera parte de la partida, el Gobierno ha estado poco lúcido. Ha reconocido, sin reconocerlo –lo que es meritorio–, la participación del Estado en un espionaje con Pegasus. Ha cedido, por la vía del silencio y el pasmao-system, la iniciativa –internacional, cuidadín– del tema al procesismo. Ha puesto al límite su relación con ERC. Ha puesto en riesgo, esta semana, la votación en el Congreso de las medidas de ayuda a la sociedad en la guerra de Ucrania. Se expone a ponerse en riesgo a sí mismo. Y a dimisiones, que podrían haber sido innecesarias con explicaciones certeras y rápidas. Sobre dimisiones: si dimite Robles, puede caer el Gobierno. Si dimite la jefa de CNI, u otra pieza de caza mayor, pues no. El Gobierno se expone al desprestigio de que el tema se aborde en el Parlamento Europeo, una vez que algunos de los posibles espiados son eurodiputados. Algo, en fin, falla en Moncloa. Moncloa no está al quite, no computa ni calcula. Por encima de todo, el Gobierno, y esa Moncloa autosuficiente, se expone al ridículo colectivo apuntado en el ya legendario punto 13. Y, claro, a las consecuencias judiciales por el hecho de haber espiado a ciudadanos. Que veremos. O que –y esto es lo más divertido, el intríngulis, el caso de la cosa, y el giro de guión de este articulete– no veremos nunca jamás. Agárrense, aparten a los niños y pasen al punto 10. Si dimite Robles, puede caer el Gobierno. Si dimite la jefa de CNI, u otra pieza de caza mayor, pues no 10- La presentación del caso Catalangate, en acción coordinada de Citizenlab y TNY, debería haber sido la última etapa, la propagandística, y no la primera. La primera, para que la cosa tuviera consecuencias judiciales, hubiera tenido que ser “establecer, mediante perito judicial, una copia digital de cada teléfono presuntamente espiado, para no alterar la prueba, y para evitar que el Estado, si es él el espía, destruya pruebas”. Hola, les presento a Carlos Sánchez Almeida, ciberactivista, inteligencia 15M y abogado especializado en delitos tecnológicos. “Lo de Citizenlab, sin esa copia pericial previa, no es nada. Lo que indica que, de ser así, de no haber una copia pericial de cada teléfono aludido, el procesismo, como siempre, ha montado la propaganda al inicio, y no al final y cuando toca, abortando con ello, de manera consciente, toda repercusión del caso que no sea mediática”. Carlos Sánchez Almeida, sin ese registro pericial previo al informe de Citizenlab desconfía, incluso, del mismísimo uso del programa Pegasus. “Con SITEL” –un sistema de escuchas telefónicas del Ministerio de Interior, utilizado por GC y PN, y que comparte los equipos electrónicos del CNI– “va que chuta. Es un sistema de espionaje que se suele utilizar sin órdenes judiciales. Por ejemplo, en 2011 a mi se me grabó una conversación ilegal con un cliente gracias a ese sistema. Lo que supuso, por cierto, la nulidad de la prueba” –no se pierdan el punto 13, leñe–. 11- En todo caso, en efecto, hay un nexo que une el procesismo con Citizenlab. Lo que restaría autoridad a esa ONG, en el caso de que, en efecto, no hubiera realizado copias periciales previas a su investigación. Según afirma el medio El Triangle, ese nexo sería Elies Campo, autor del mismísimo informe de Citizenlab, y de tuits como “El President nos mira directamente a los ojos. Integridad, determinación, compromiso, ternura, amor al país y a sus ciudadanos. Cuántas cosas llega a transmitir una simple mirada si es sincera”, palabras con las que el autor define a Puigedemont, ese beato, el primer beato del mundo interesado, por cierto, en la inversión especulativa en criptomonedas. Hay más nexos. Según El Triangle, tres meses antes de que Campo acuñara en Citizenlab la expresión Catalangate, ya había, alehop, una web registrada con ese nombre. Por ANC. Hay un canal en Twitter que también se llama Catalangate que, por cierto, es el de otras campañas procesistas realizadas de forma conjunta por Òmnium y ANC, pero con un cambio de nombre reciente. Con todos los nombres que ha tenido ese canal, se podría escribir una historia del fake en Cat. 12- ¿Qué ganaría el procesismo con esa chapuza –en el caso, siempre, de que no existan copias periciales, etc.–? En primer lugar empaque, brillo internacional. En segundo dolor, persecución, pain, victimización. Su combustible interno. Ese dolor de hombre blanco empieza a ser un bien escaso. En marzo, por primera vez en la Historia Universal, Puigdemont reconoció, en un acto del Consell de la República –organismo privado que aspira a la figura gubernamental; el neoliberalismo es la bomba–, que el 27-O NO se declaró la indepe –toma moreno–, por que NO había nada preparado. Este notición, que el lector de CTXT conoce a tiempo real desde 2017, fue recibido sin pena ni gloria por la afición procesista. Hasta que, unos días después, lo fue calando todo. Provocando, en efecto, pain, pero en la dirección contraria a la trumpista. En redes, en chats, en la vida, se han ido sucediendo, desde entonces, ceremonias de desapego ante el procesismo. Ante, incluso, empresas de energía, tienen nombres chachis, que nacieron en la estela del procés, y que venden gas y suministros mucho más caros que el IBEX, lo que es una metáfora del Procés. Desde marzo, la cosa Catalangate es el único respiro. A ver cómo acaba. Como los medios USA, que han destapado el Catalangate, descubran de golpe la identidad y naturaleza fake del procesismo, el procesismo lo pagará caro. Pero hasta entonces, y si ese es el caso, el procesismo puede tener algún premio. No se pierdan el ya famoso punto 13. Como los medios USA, que han destapado el Catalangate, descubran de golpe la identidad y naturaleza fake del procesismo, el procesismo lo pagará caro 13- Una tercera función de la cosa Catalangate –siempre que no disponga de las aludidas copias periciales–, es que todo sea una ocurrencia de la defensa de Puigde y Borràs, dos políticos aún por enjuiciar. El objetivo podría ser invalidar pruebas en el caso Borràs, si no ante la justicia, sí ante el público procesista –recordemos: Borràs está acusada de estraperlo, a la luz de unos mails remitidos por ella a un proveedor, y que ahora podría haberlos escrito la policía, GG o CNI–. O ir generando dudas ante el próximo juicio de Puigdemont. O quién sabe, a su nulidad, a partir de la doctrina de los frutos del árbol envenenado –no me peguen, se llama así–. La defensa, en ese sentido, está en su derecho. Además, este uso del fake le puede resultar positivo y efectivo. No se trataría, en todo caso, de una defensa técnica o política. Sino de una defensa sustentada en valores próximos al fake, poco edificantes y poco internacionables. Pero haber contratado a Gonzalo Boye tiene esa apuesta y riesgo. La apuesta y el riesgo de que, en breve, y según como le vaya la vida a ese abogado relacionado con Miñancos, los Castaña y el Deep State, políticos y otros abogados vayan borrando sus fotos con ese otro colegiado. 14- Bueno. Estamos donde siempre. Un Estado que no lee ni conoce el TNY, rancio, que no pugna por defenderse de que espía a ciudadanos, con escasa cultura de derechos, y que suele mantener con el caso Cat una severa desproporción. Y un procesismo –que también es Estado– con una similar cultura de derechos –en 2012, a través del negociado Cesicat, la Gene espió a sus propios ciudadanos, sin consecuencia alguna, como puede pasar ahora en este otro caso–. Un procesismo que, en el caso de no tener copias periciales de los teléfonos presuntamente espiados, puede quedar reducido, definitivamente, a una de sus características. La más grande, la más robusta, la más artística que posee. El fake. Un indicio: la primera demanda colectiva del procesismo por la cosa Pegasus no es contra el Estado –lo que es un indicio de que no hay pruebas/copias periciales–, sino contra Pegasus. Wala. La próxima, igual es contra Vodafone. Y la próxima a The Phone House. 15- He estado pocho, por lo que he dejado de escribir unos días, invertidos en lecturas y en mi estilista, que me ha renovado mi peinado y me ha insertado pestañas de titanio. Sí, están prohibidas en todo el mundo, pero no en Tijuana. Nos vemos ya de forma regular a partir de este momento, con apuntes rápidos sobre el cambio de época que se está produciendo con la excusa y el acelerador de lo de Ucrania. La cosa se llamará La Vita Nuova XS. Les echaba de menos. Smuacs. AUTOR > Guillem Martínez Es autor de 'CT o la cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española' (Debolsillo), de '57 días en Piolín' de la colección Contextos (CTXT/Lengua de Trapo) y de 'Caja de brujas', de la misma colección. Su último libro es 'Los Domingos', una selección de sus artículos dominicales (Anagrama). VER MÁS ARTÍCULOS @
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