Otro escándalo Judicial.....y van????'

Ante una flagrante impunidad Cinco profesores del área de historia contemporánea suscriben este manifiesto sobre la condena a un profesor apaleado en 2019. Por Redacción Nortes 5 agosto 2023 Recomendados Ante una flagrante impunidad 5 agosto 2023 Diarios Prestosos: ¡Queda inaugurado este festival! 4 agosto 2023 Prestoso apuesta por un festival sostenible 3 agosto 2023 ¿Ha vuelto Nuria Varela al Instituto Asturiano de la Mujer? 2 agosto 2023 Redacción Nortes Redacción Nortes https://www.nortes.me Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia. Hace poco más de cuatro años, el 11 de abril de 2019, sucedieron en el Campus del Milán incidentes que sacudieron a la comunidad universitaria. Los hechos acaecidos encerraban cierta gravedad y cabía esperar que de ellos se derivara alguna depuración de responsabilidades. Quienes confiaran en tal cosa no podrán evitar ahora la sensación de haber sido demasiado ingenuos, a la vista del recorrido judicial con que se acaba de saldar aquel episodio. En síntesis, un acto de propaganda política de un partido (Vox) fue respondido con una concentración de estudiantes y, en los momentos en que parecía que la tensión reinante tocaba a su fin, el lanzamiento de una piedra, seguido de carreras y una persecución, dio lugar a una intervención policial en la que uno de los agentes golpeó de forma reiterada e innecesaria a una persona que permanecía inmóvil en el suelo en presencia de posiblemente más de un centenar de testigos. El suceso dio lugar en aquel momento a sendas reacciones del equipo decanal de la Facultad de Filosofía y Letras y del rectorado de la Universidad de Oviedo. Cualquiera que esté sinceramente preocupado por las libertades democráticas y albergue el deseo de contar con una policía que vele por las mismas debería tener el mayor interés en que sean depuradas las conductas abusivas y sentadas las bases para que no se repitan. Pues bien, en julio de 2023 ha sido dictada sentencia por aquellos hechos y su contenido nos parece más grave aún que la violencia gratuita ejercida en su día. Lejos de producirnos la sensación de que se haya impartido justicia, nos provoca escándalo como miembros de la comunidad universitaria y honda preocupación como ciudadanos. El incidente ahora juzgado coincidió con el final de un acto académico a cuya salida el equipo decanal y una parte del profesorado se encuentran con una situación muy tensa y algunos estudiantes requieren además la presencia de los profesores del área de Historia Contemporánea, que en aquel momento estábamos en una reunión de trabajo, porque –según expresan claramente, temen nuevas cargas policiales. Los testimonios que espontáneamente nos llegaron entonces, en la inmediatez de los hechos, y los que pudimos escuchar con posterioridad, coinciden en un aspecto sustancial: un policía se ensañó golpeando a una persona caída en el suelo que no estaba en posición ni de resistirse ni de intentar huir. Todos vimos también la sangre que señalaba el lugar donde esto había sucedido, dentro del recinto universitario, y pudimos constatar la presencia numerosa de testigos presenciales. Ni uno solo de estos ofrece dudas respecto el exceso en el uso de la fuerza y la violencia desproporcionada con la que se empleó uno de los agentes de la ley. La lección que, a la vista de la sentencia, les llega a los universitarios presentes en aquella concentración y a todos cuantos hemos recibido múltiples versiones concordantes es terrible. Se ampara la impunidad de una actuación manifiestamente ilegal y se establece como hechos probados que lo que todos ellos vieron nunca sucedió. De ello se deriva que golpear a una persona que yace en el suelo no tiene consecuencia ninguna si lo hace un policía, aunque haya sido a plena luz ante multitud de testigos, porque ningún testimonio será aceptado si no exculpa al policía. A partir de ahí, quien se enfrenta a problemas no es el agresor sino quienes presenciaron la agresión. Acudir a un juzgado y decir lo que se ha visto da lugar a una amenaza nada velada de ser acusados de falso testimonio. La sentencia es meridianamente explícita al respecto: nadie que reúna la condición de manifestante puede ser creído y quien ose testificar debe atenerse a las consecuencias. Su redacción da pie a la fiscalía a una posible actuación contra los testigos. Quienes han acudido a una sede judicial –donde, más que en ningún otro lugar, se debería velar por el respeto de los derechos y las libertades- y han testificado relatando lo que vieron con sus propios ojos son, por una parte, descalificados por el hecho de ser manifestantes, a quienes se considera a priori no veraces por estar “claramente posicionados”, y, por otra, amenazados con ser imputados por falso testimonio. Nada de lo que vieron y testificaron sirve a los ojos de una sentencia que les niega toda credibilidad. En definitiva, a modo de escarmiento en cabeza ajena se les está diciendo a través de una sentencia judicial que en cualquier momento pueden ser apaleados por un policía sin consecuencias para el agresor, que no tendrán en tal caso el amparo de la Justicia por más testigos que haya habido y que por haber participado en una manifestación no serán creídos cuando testifiquen. Dos deducciones más cabe hacer: que el policía agresor constata cómo su conducta no es castigada y, por tanto, puede reincidir cuanto le plazca, convirtiendo lo que pudiera ser una conducta individual reprobable en una connivencia colectiva, y que si este es el desenlace de un acto de fuerza desmedida perpetrado a plena luz del día cualquier detenido en un calabozo o retenido en lugar solitario estará aun más indefenso ante posibles abusos. Toda la sentencia está presidida por un doble rasero y una actitud prejuiciosa que se aleja de la ecuanimidad y el compromiso con la verdad de lo sucedido que la debería inspirar. Hasta cuatro testimonios son descartados aduciendo que se trata de manifestantes que tomaban parte en la concentración previa a los hechos (¿qué otros testigos podía haber?) y, por tanto, “claramente posicionados lo que resta toda credibilidad” (sic). Ninguna cautela se establece en cuanto a la credibilidad de los miembros de Vox que participaron o presenciaron los hechos, pero que, al parecer, no estaban “posicionados” a pesar de que uno de ellos estaba acusado y resulta absuelto precisamente por dar credibilidad a los testimonios a su favor. Y tampoco respecto a los policías que testifican en un caso en el que se formulan acusaciones de fuerza excesiva y violencia gratuita por parte de otro policía. Quizá porque se considere que, tratándose de un compañero, los policías ni están “posicionados” ni los condicionan las posibles consecuencias (laborales, profesionales, de convivencia en el cuartel…) que para ellos pudiera tener el testificar contra otro agente. La presunción de falsedad en unos se convierte en presunción de veracidad en otros. No conforme con ello, la sentencia considera también una razón añadida para no creer a los testigos, el que supuestamente hubieran presenciado hechos delictivos, pero no llamaran a la policía. Algo inaudito si tenemos en cuenta que la presencia policial se había producido una hora antes y que los agentes intervienen en los hechos. Es decir: que dos de los testigos no llamaran a la policía para que vinieran a un lugar donde ya estaban demuestra, al parecer, incongruencia y resta credibilidad. Y finalmente, en otro de los casos, la sentencia considera que desacredita al testigo el que, habiendo visto cómo un policía agredía a un ciudadano, no facilitara sus datos y se ofreciera en aquel mismo momento a la policía como testigo de un abuso policial. En un campus universitario en el que, tras aquel episodio, proliferaron los grafiti contra la policía, esta forma de zanjar el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades no puede sino tener consecuencias negativas respecto a la imagen de instituciones tan fundamentales como la policía y la judicatura, que lejos de velar por el cumplimiento de la ley y el respeto de la integridad física y los derechos, trasladan un mensaje de impunidad que no puede sino dañar su prestigio y sembrar desconfianza. En esta tesitura, enormemente preocupante por lo que representa de vulneración de principios de legalidad y de derechos fundamentales, nos sentimos impelidos a dejar constancia de nuestro rechazo. Ante una situación como ésta, los estudiantes deben saber que cuentan con el apoyo de sus profesores y la ciudadanía que no permaneceremos callados. Por puro compromiso ético con la verdad y con los principios democráticos. Firman: Rubén Vega García, Víctor Rodríguez Infiesta, Jorge Muñiz Sánchez, Benito García Álvarez y Francisco Erice Sebares, profesores de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo etiquetasactualidad_cabeceraCampus de el MilánVOX