Víctor Sampedro durante la entrevista. / G.C.
Víctor Sampedro durante la entrevista. / G.C. En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí Se ha escrito mucho del 11 de marzo de 2004. Del atentado y de sus irreparables daños. Incluso se ha medido el tamaño de las medias verdades y de los bulos construidos por el Gobierno de Aznar para culpar a ETA de la matanza. Pero el horror no acaba en este recuerdo infausto. Sube un peldaño más cuando se escucha a las víctimas y algunos protagonistas narrar el alto precio que pagaron por destapar el ojo tuerto de aquella mentira. Gente como Pilar Manjón, el comisario de Vallecas Rodolfo Ruiz, el periodista Gumersindo Lafuente o Aitziber Berrueta, cuyo padre fue asesinado en Pamplona por un policía inflamado de odio e impunidad. Testimonios estremecedores todos ellos y alguno más, repletos de vida y de certezas, que el catedrático de Comunicación Política Víctor Sampedro (Viveiro, 1966) ha reunido en el libro Voces del 11-M. Víctimas de la mentira (Ed. Planeta, 2024). Sampedro, autor de una docena de ensayos e investigaciones académicas sobre los trágalas del poder con la prensa, recurre a la polifonía íntegra de unas voces que terminan dibujando un relato del antes y después de la matanza realmente inquietante. “La responsabilidad de Aznar en el 11-M todavía no ha sido clarificada”, sentencia el autor. Su libro es una crítica coral a la gestión del 11 de marzo narrada en primera persona por ocho protagonistas con experiencias diversas en aquel atentado. ¿Por qué los eligió? Porque todas ellas pagaron el altísimo precio de mantener la verdad en medio de aquel ambiente de bulos e insidias creados desde altas esferas del poder. Son personas que no fueron protegidas ni durante ni después de los atentados. Víctimas, algunas de ellas directas, que han sido revictimizadas sin pudor durante años o a las que se les impidió proseguir con sus carreras profesionales por ejercer su trabajo con la máxima honestidad. En un análisis realizado por FAES meses antes del 11-M se advertía de las consecuencias que podía acarrear la presencia española en la guerra Por contradecir con pruebas la mentira difundida por el Gobierno de Aznar de que el autor de aquella masacre era ETA. Y por no ocultar los errores que cometieron en la prevención de ese atentado tras la amenaza explícita realizada por Al Qaeda a España en octubre de 2003 por participar en la invasión ilegítima e ilegal de Irak. Eulogio Paz, cuyo hijo Daniel Paz Manjón murió en el atentado, recuerda en el libro un análisis realizado por FAES meses antes del 11-M donde se advertía de las graves consecuencias que podía acarrear la presencia española en la guerra. Este país ya conocía el yihadismo por la Operación Dátil de 2001 y la amenaza que, a partir de ese momento, suponía tener células durmientes dentro del territorio. Pero el detonante indiscutible del atentado en Madrid fue la invasión de Irak. Así lo reconocen todos los informes y alarmas realizados previamente por los servicios de inteligencia. No hubo ninguna intención electoral en aquella masacre porque en octubre de 2003 ni siquiera se habían convocado los comicios y un atentado de aquella magnitud no se organiza en dos meses. Por lo tanto, aquí se derrumba el argumento de la intencionalidad electoral, tal y cómo sostuvo el PP para deslegitimar el triunfo de Zapatero. Aznar mintió sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y mintió a la ONU para que condenara a ETA por un atentado que nunca cometió. Y la mentira explica la enorme distorsión de la realidad que sigue ejerciendo el PP en la política española. ¿Con qué fin? Para deslegitimar cualquier gobierno salido de las urnas que no sea el suyo y para cuestionar a la socialdemocracia como actor democrático. El ejemplo palmario es las más de 400 preguntas que presentaron en el Congreso durante la primera legislatura de Zapatero sobre este tema. Fue un intento de bloqueo de la actividad parlamentaria, de paralizar el debate sobre el atentado, porque todas las preguntas hacían referencia a una serie de responsabilidades que concernían al Gobierno de Aznar y no a un ejecutivo que asume sus competencias en el mes de abril. Y esta estrategia de deslegitimación la han mantenido en el tiempo, incluso la han reforzado, con sus denuncias sobre los pactos que el Gobierno de coalición ha alcanzado con los partidos independentistas catalán y vasco. Siguen utilizando a ETA por sus réditos electorales, que son muchos y muy palpables, cuando hace más de diez años que no existe, y tergiversan la memoria inmediata para criminalizar al enemigo. Esto, obviamente, polariza a la sociedad, algo que les permite extralimitarse tanto en su retórica como en sus propuestas políticas y les exime de dar explicaciones. ¿Cree que no se depuraron las suficientes responsabilidades del 11-M? En términos de cultura política, las responsabilidades de aquel atentado nunca fueron dilucidadas porque no ha interesado a ninguno de los dos principales partidos, pero sobre todo a los cuerpos de seguridad corrompidos, a las cloacas, a esos mandos policiales incompetentes que no cumplieron con sus funciones porque ni siquiera compartían información entre ellos. Toda esta cadena de negligencias se completó con el error fatal de no vigilar a unos confidentes que eran agentes dobles ni la entrega de los explosivos a una mafia de la droga que se les escurrió entre los dedos. Y frente a ellos, hubo responsables de seguridad que, tras acudir a los lugares de las matanzas, recabaron pruebas e indicios y no albergaron dudas sobre quién estaba detrás y así se lo hicieron saber a sus superiores. En el libro están los testimonios de policías honestos que no recibieron ningún tipo de apoyo ni por parte del PP ni tampoco del PSOE posteriormente. Es más, a uno de ellos, a Juan Jesús Sánchez Manzano, comisario jefe de los Tedax que desactivaron explosivos, le pidieron que asumiera unos errores que no cometió. Y no lo admite por coherencia personal, por respeto a sus propios compañeros y al cuerpo que representa. Por ello, fue desacreditado con acusaciones de esconder la presencia de ETA en los atentados y terminó su carrera profesional en la comisaría de Móstoles. A Rodolfo Ruiz, el comisario de Vallecas que custodió una bomba que no estalló, le acusaron de manipularla y de perseguir a miembros del PP. Le negaron una medalla que habría sido un mínimo consuelo para alguien que perdió a su primera mujer por un suicidio inducido por el abandono, el acoso y las falsedades a las que tuvieron que hacer frente. Estos profesionales defendieron con honestidad que la magnitud operativa de aquel atentado, la sofisticación logística con el que fue perpetrado, el material empleado y el perfil de las víctimas no encajaba en absoluto con ETA, sino que era obra de Al Qaeda. El bulo de la conspiración mantiene una estrecha relación con el mito de la España roja y rota Sin embargo, el Gobierno de Aznar impuso su versión a directores de periódicos, a instituciones europeas e internacionales durante las primeras horas. ¿No hubiera sido mejor reconocer la verdad? Pero es que en todo eso hay una base de cultura política. Si usted profundiza en el bulo de la conspiración descubrirá la estrecha relación que mantiene con el mito de la España roja y rota para quien el golpe de Estado del 36 y la dictadura posterior no fueron nada comparado con lo que ETA ha hecho. Con esto no pretendo minimizar el carácter totalitario de la banda. En absoluto. Simplemente trato de explicar que la retórica que ha seguido el PP desde entonces, calificando de terroristas a los partidos que comparten con ETA un horizonte de independencia o de golpistas a los catalanes que participaron en el procés, es pura y simplemente un intento de criminalización de sus adversarios, inaceptable en una democracia. ¿Cree que ese discurso creó un peligroso caldo de cultivo? Es un discurso que esconde un electoralismo sin escrúpulos tras la máscara de guerra cultural por la democracia y por la libertad. Sin embargo, en el 11-M hubo una víctima muy clara, Ángel Berrueta, asesinado el 13 de marzo en Pamplona por un policía, escolta de Jaime Ignacio del Burgo, por negarse a condenar a ETA cuando todos sabíamos que los atentados eran obra de Al Qaeda. Berrueta, que era panadero, había cerrado su establecimiento el día anterior para que la gente fuera a manifestarse. Aquello fue un crimen de odio. Tanto la familia Paz Manjón como la Berrueta Mañas fueron acusadas poco menos que de ser los causantes de la derrota del PP en las elecciones y sufrieron insultos, acoso y amenazas que terminaron quebrándoles física y psicológicamente. A Pilar Manjón tuvieron que asignarle escolta hasta que llegó Mariano Rajoy a La Moncloa y se la retiró con un argumento muy significativo: es que ETA ya no mata. ¿Es que ETA ya no mata? Sí, textual. En mi opinión, eso es ensañamiento. En esas palabras hay una insidia que impide hacer un duelo, cerrar heridas, recomponer la vida rota por un atentado y regresar poco a poco a la normalidad con un mínimo de convivencia. El discurso de odio es la proyección sobre un colectivo o una persona de un carácter maligno tan intrínseco que justifica la violencia verbal, la violencia física o incluso la eliminación. Eso sufrieron las familias de Pilar Manjón y Ángel Berrueta. Lo que me espantó al escuchar, veinte años después, el testimonio de Pilar Manjón o de Aitziber Berrueta, la hija de Ángel, es que los partidos políticos y los medios de comunicación dominantes han estado negándoles el derecho a duelo a unas personas que mostraron la mayor coherencia y la mayor lealtad al Estado de Derecho. Esas familias asumieron unas sentencias que consideraron benévolas y defendieron a jueces, fiscales, peritos y policías que sostuvieron las pruebas fundamentales sin las cuales no hubiera habido castigo para los culpables. Probablemente, ni siquiera habría habido juicio. Los partidos y los medios de comunicación dominantes han negado el derecho a duelo a unas personas que mostraron coherencia y lealtad En los relatos de las víctimas que aparecen en el libro se desliza la profunda orfandad institucional en la que quedaron y las heridas que se reabren cada 11 de marzo. Lo más duro para ellas es comprobar que, cada 11 de marzo, algunos vuelven con todas las teorías de la conspiración y cuestionan la sentencia de la Audiencia Nacional que el Tribunal Supremo ratificó en su totalidad. Ver que han intentado reabrir el proceso hasta el año pasado. Tentativa auspiciada por los tres partidos de la derecha pidiendo la no prescripción de este crimen, como el de Miguel Ángel Blanco, para mantener una guerra eterna contra un enemigo invisible donde incluyen a sus adversarios políticos. Decir que no importa quién fue el autor de la matanza de Atocha porque, a fin de cuentas, todo es terrorismo no sólo demuestra indiferencia y una falta de empatía hacia las víctimas del 11-M sino una ausencia total de compasión que ha perdurado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque ignora el papel cívico desempeñado por la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo que presidió Pilar Manjón y ahora Eulogio Paz, a la que en ningún momento se le ha dado voz y que lleva dos décadas denunciando las mentiras políticas y mediáticas que han sufrido. Porque al equiparar su condición de víctimas de Al Qaeda con las de ETA se suplanta su identidad y los motivos de aquel atentado: la participación española en la invasión de Irak. Desde 2004, la base narrativa de la derecha está impregnada de esa patrimonialización de las víctimas, de sintetizarlas en un todo en contra de lo que piden los propios afectados del 11-M, para quienes la autoría del atentado y el vínculo de ese atentado con la guerra es una de las cosas que les diferencia de las víctimas de ETA. La otra es que un tercio de ellas eran extranjeros sin papeles. Como escribió Manuel Rivas, el dolor se comparte. No es un territorio de competencia porque competir por el dolor, apropiárselo, utilizarlo para producir un exceso de sospecha o desacreditar a conciudadanos que piensan diferente es una manera de negar la esencia del dolor. La COPE, El Mundo y Telemadrid conformaron un ecosistema depredador con las víctimas y polarizador en lo social Quienes dieron credibilidad al bulo siguen pensando que los procesados carecían de capacidad para cometer semejante atentado y afirman, como ha hecho Esperanza Aguirre, que aún se desconoce su autoría intelectual. A usted le perturba ese término. ¿Por qué? Porque el término ‘autor intelectual’ es una invención para exculparse, para acusar a una ficción de los errores propios, para eximirse de sus responsabilidades y de la obligación de rendir cuentas. No existe como figura jurídica porque en democracia la mente no delinque. Los pecados de pensamiento y conciencia son cosas de inquisidores, de checas o de comisarios políticos. Un intelectual nunca es un terrorista hasta que se demuestre con evidencias, y quien sostenga lo contrario practica el discurso de odio más odioso. En un atentado, lo que existe es un cerebro que planifica una serie de acciones y que es quien toma las decisiones. Es el estratega, el jefe, el mando operativo. El lenguaje no es inocente. A su juicio, ¿qué responsabilidad tuvieron los medios de comunicación en la difusión y el mantenimiento de que el 11-M fue resultado de una conspiración? Los testimonios de las víctimas del 11-M hablan del temor y la angustia que les provocaba leer y escuchar esas teorías en algunos medios inmunes a su dolor. Una radio, la COPE; un diario, El Mundo; y una televisión, Telemadrid, conformaron un ecosistema depredador con las víctimas y polarizador en lo social. Para las víctimas del 11-M, Pedro J. Ramírez, Casimiro García-Abadillo y Federico Jiménez Losantos quedaron como los padres de la conspiración que tanto las revictimizó, que tanto desgarro les produjo. Pilar Manjón cuenta en el libro la falta de escrúpulos de un periodista de El Mundo que fotografió a Laura Vega, la víctima número 193 que permaneció diez años en coma, en su habitación y por la que fue condenado. Pero esto no fue más que la consecuencia de la interferencia que el Gobierno de Aznar hizo en todas y en cada una de las redacciones. El resultado de su prepotencia de llamar a los directores de los principales periódicos y que todos excepto uno, El Periódico de Catalunya, asumieran la orden transmitida desde Moncloa. Una versión oficial de la cual desconfiaban todos porque no había indicios, ni tenían pruebas ni testimonios corroborados que la sostuviera. Esto es lo que ocurrió. De hecho, los únicos medios de comunicación que han revisado esa actuación a lo largo de estos años han sido los digitales, conscientes de que la profesión periodística se quedó sin protocolo profesional aquel 11-M.
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