Publicracia. / J.R. Mora
Publicracia. / J.R. Mora En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí Lo decimos de entrada, y sin rodeos: el cacareado Plan de Acción Democrática imprescindible para sanear el panorama mediático español que había prometido solemnemente Pedro Sánchez ha sido el parto de los montes. Un ratón en lugar del dragón que debería acabar o al menos poner freno a la máquina del fango, por ejemplo excluyendo del reparto de la publicidad institucional a los medios que de forma palmaria falsean sus audiencias y confunden la libertad de prensa con la libertad de bulo, o, más fácil todavía, obligando a las instituciones que regalan docenas de millones de euros cada año a medios afines y tramposos a defender la pluralidad repartiendo ese dinero robado de nuestros impuestos con los medios que no son afines ni hacen trampas. Las 31 medidas anunciadas por el Gobierno son una trasposición tímida, pacata y oportunista del Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación (aprobado por la UE en marzo de este año), que tampoco es que fuese la panacea, pero por lo menos era claro en sus medidas. Un ejemplo: obligar a que los medios declaren la identidad de sus propietarios está muy bien (e incluso entra dentro de la legalidad ya vigente), si eso incluyera informar de la propiedad última y real, salvando sociedades pantalla, empresas asociadas y otras pirotecnias societarias. Para atenernos a la mentira aparente, ya tenemos el recurso actual de acudir al registro mercantil. En cuanto a sacar a la luz la cuantía de las ayudas, subvenciones e inserciones publicitarias de entidades públicas que recibe cada medio, bienvenida sea la medida, pero la Ley de Transparencia ya obligaba a ello, aunque las administraciones esconden los datos tras una endiablada maraña informática que impide su acceso a seres humanos normales. Esperemos que la medida se complete con el cumplimiento riguroso del principio de no discriminación en la Ley de Publicidad Institucional, y que las anunciadas auditorías de las audiencias (que hoy son un coladero en el que quien más paga al auditor, más audiencia tiene) sirvan para castigar a los medios que suman millones de pinchazos mediante técnicas ilícitas, agregando páginas tan poco periodísticas como los pasatiempos o las recetas de cocina. En este capítulo, se echan de menos propuestas para premiar a los medios que, aunque tienen menos audiencia, cuentan con comunidades de suscriptores consolidadas y son totalmente transparentes en sus cuentas y su propiedad. Tampoco es novedad el registro de medios de comunicación. En media docena de colegios profesionales de periodistas de otras tantas comunidades autónomas (organismos de derecho público creados por los respectivos parlamentos) existen ya esos registros, ante la demanda de algunos de esos medios, de los profesionales que trabajan en ellos y de las entidades en las que estos piden acreditarse. Pero el culmen del despropósito es confiar la vigilancia y regulación de todo esto a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. No solo por su manifiesta ignorancia del sector (salvo, se supone, en los aspectos empresariales), sino por su demostrada incompetencia en una función análoga que le fue asignada hace años: la de los contenidos audiovisuales. Un organismo regulador independiente es una exigencia de lo acordado por la UE, existe en todos los países y en todos ellos tienen presencia los profesionales de la información. Y en su práctica totalidad tienen capacidad de sanción, de una u otra forma, única herramienta conocida para intentar que se cumplan las leyes. Lejos de nosotros el nefasto espíritu punitivo, pero entendemos que cualquier normativa, desde la que regula el tráfico de vehículos a la venta de alimentos, funciona porque existen multas, capítulo por el que la reforma anunciada por el Gobierno pasa de puntillas, posiblemente para no molestar. A pesar de los anuncios de que se iba a escuchar a las partes interesadas, lo que se ha hecho, deprisa y corriendo, en la vieja tradición hispana, es tocar de oído. Podemos adivinar que Moncloa ha consultado su reforma con quien realmente manda en el sector, la patronal. Es decir, con los grandes editores y los que aspiran a serlo, que son quienes en realidad han regulado el panorama de los medios en España, saltándose cuando hace falta las leyes pertinentes, y auxiliados por unos representantes gremiales que han dedicado gran parte de su actividad a la organización de eventos festivos (corridas de la prensa, comidas del santo patrón, partidos de solteros contra casados) y ahora no se acaban de acomodar a la inexistencia de la verticalidad (sindical). Amparados unos y otros bajo la bandera de la libertad de expresión que, como todas las banderas, se ondea con más energía cuando más se necesita tapar vergüenzas. Refuerza esta teoría (aunque en teoría la desmiente) la inquina que la Ley de Regeneración democrática ha despertado no solo en la oposición política, que impugnaría la ley de la gravedad si se presentase en sede parlamentaria, ni tampoco en los supuestos afectados directamente por las medidas, sino en la prensa mainstream de largo o corto alcance. Además de los Cabo Cañaveral de los bulos, se indignan venerables periódicos regionales, invocando su larga trayectoria de servicio público imparcial y objetivo, como si en esas décadas de existencia no hubiesen vitoreado la victoria de las tropas de Franco o el avance del III Reich por Europa, y como si en la actualidad no hiciesen todos, día sí día no, publirreportajes camuflados de los logros de la diputación de turno, o no mezclasen con las noticias –vamos a suponer que reales– titulares como “El mejor científico: si alguien tiene tinnitus (pitidos en los oídos), que haga esto” o “El secreto contra la calvicie que los dermatólogos no quieren que sepas”. De todas formas, más allá de las críticas de falta de concreción, exceso de tibieza y desproporción entre expectativas y anuncios, es difícil oponerse frontalmente a una normativa que intenta establecer una mayor transparencia en la relación de los medios tanto con la sociedad a la que se dirigen como con las administraciones. Lo que cabe esperar es que, una vez más, lo que termine publicando el BOE no sea una mera declaración de buenas intenciones que nadie tiene voluntad de aplicar. Suscríbete a CTXTOrgullosas de llegar tarde a las últimas noticias Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad. ¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí
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