Los bonus llevan implicitos muchas ocultaciones y ligerezas.
Lobos con piel de cordero. Los contribuyentes norteamericanos y británicos han visto delante de sus propias narices cómo algunas entidades se han acomodado en el papel de empresas terminales para seguir abasteciendo sus vicios salariales. Sin embargo, con el dinero de los ciudadanos en juego y una imagen que defender, la clase política se ha puesto en pie de guerra y las nuevas medidas no han tardado en aparecer.
La primera iniciativa se tomó ayer en Estados Unidos, donde se impondrá un impuesto del 90 % sobre cualquier bonus entregado a una compañía que haya recibido ayudas federales superiores a los 5.000 millones de dólares. Es la primera respuesta ante lo que se conoce ya como el escándalo de los bonus. Entre los principales protagonistas destacan los ejecutivos de Merrill Lynch y AIG, a los que más tarde han seguido los de Royal Bank of Scotland (RBS) y HBOS.
El caso de 'Madre Merril' destapó la punta del iceberg, al conocerse que hinchó la hucha de sus ejecutivos más avispados con más de 3.600 millones de dólares en bonus justo antes de ser absorbida por Bank of America y después de registrar una sangría de pérdidas valorada en 27.600 millones de dólares en 2008. El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, fue el encargado de sacar los colores al ex consejero del banco, John Thain, por recompensar a diez de sus favoritos con un total de 209 millones de dólares. Su único logro fue poner a la entidad al borde de la bancarrota en 2008.
La aseguradora AIG también parece haber estado viviendo su propio cuento de hadas. Después de recibir más de 180.000 millones de dólares por parte de las autoridades federales, la aseguradora que ya estuvo en el ojo del huracán por celebrar por todo lo alto estos rescates, decidió agraciar a un total de 418 empleados con 165 millones de dólares. De este número, medio centenar ha abandonado la compañía y 73 recibieron más de un millón de dólares, siendo 6,4 millones la cantidad máxima entregada.
Ahora, el siguiente paso es ponerle nombres y apellidos a los principales directivos 'agraciados'. El juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Bernard Fried, ya ha obligado a Merril Lynch a revelar todos los nombres de aquellos que recibieron los incentivos en Merrill Lynch el año pasado. Ahora los legisladores buscan que la aseguradora AIG siga los mismo derroteros. De hecho, el ministro de Justicia del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que la aseguradora le entregó la lista de empleados que percibieron esas bonificaciones. Los ciudadanos quieren saber quiénes son los que se han beneficiado de su dinero destinado a sujetar estas compañías.
Conmoción británica
En el Reino Unido, la indignación social ha estado provocada por una figura, la de Fred Goodwin. El ex consejero del RBS firmó las mayores pérdidas de la historia empresarial del Reino Unido con unos números rojos de 24.100 millones de libras, abocando a la histórica entidad a un rescate por parte del Gobierno. La que había sido estrella de la city pasó a villano y pronto su papel trascendió a los diarios económicos. En un momento en el que el desempleo golpeaba al país, Goodwin se convertía en uno de los dos millones de trabajadores en paro, aunque con una pensión poco habitual: 700.000 libras anuales.
Nunca su imagen fue más reproducida que entonces, ni siquiera cuando comandó la operación de compra de ABN Amro, flaqueado por Fortis y Santander. Pronto dejó de ser el Golden Boy que maravilló a la city con sus adquisiciones, a ser recordado por haber despedido a 18.000 personas entre todas ellas. Descubrir la cuantía de la pensión del ex ejecutivo provocó la ira del Gobierno, que desde octubre ha ido multiplicando su participación en RBS desde el 57,9 inicial hasta el 70% actual, y ha respaldado sus activos tóxicos en 325.000 millones de libras. "No hay recompensa para el fracaso", afirmó Gordon Brown, pero poco pudieron hacer más allá de pedir que declinara recibir ese dinero.
Tras la negativa se puso en marcha la justicia, dispuesta a arañar parte de ese dinero. Así, la esposa del ex primer ministro Tony Blair ha sido contratada para demandar al banco y a su antiguo directivo, siguiendo las indicaciones de unos accionistas británicos de varios fondos. El cerco se estrecha sobre Fred Goodwin, toda vez que la prensa ha sacado a la luz que en la negociación consiguió que el RBS adelantara en 20 años el convenio de pensiones para él y que admitiera cargar con impuestos a su nombre. La cuantía se disparaba en 1,8 millones más.
Ya en alerta, la atención se ha posado en Andy Hornby, su homólogo en el Hbos. Al igual que él, su salida del banco se produjo con la primera intervención del gobierno. Si bien renunció a una indemnización, no lo hizo así con la pensión que recogió en efectivo. El precedente de las denuncias al otro banco escocés ha hecho que Lloyds, que adquirió el HBOS, mediara y Hornby declinara recibir hasta 700.000 libras. En ambos casos se habla de compensaciones por despido encubiertas.
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