La SS tendrá resultado /0/

Nuestra previsión es esa.

El superávit de la Seguridad Social pende de un hilo
El Gobierno defiende con vehemencia la salud del sistema de pensiones, pero el comportamiento de ingresos y gastos obliga a no descartar ajustes en poco tiempo.

Raquel Pascual - Madrid - 27/04/2009
Terminará 2009 con superávit en las cuentas de la Seguridad Social? Todo depende de cómo se hagan las cuentas y, sobre todo, de si ocurre algún imponderable que agrave aún más la actual crisis económica, algo que a la luz del empeoramiento del mercado laboral -mayor que lo esperado por el Gobierno- podría suceder.
La preocupación generalizada por la destrucción de empleo había, cuanto menos, aparcado la discusión pública sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población.
Sin embargo, con frecuencia se olvida que España cuenta con un sistema de reparto cuya fuente de financiación para pagar dichas pensiones son las cotizaciones sociales, que pagan empresarios y trabajadores. Pero, hace quince días, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se encargó de recordar esta vinculación en el Congreso de los Diputados. Y apuntó las reformas posibles para hacer viable el sistema en las próximas dos o tres décadas.
Ante la intervención de Fernández Ordóñez -que sugirió la posibilidad de que el conjunto de las Administraciones de la Seguridad Social, incluyendo el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fogasa, entrase en déficit este año- el Gobierno y los sindicatos cerraron filas y rechazaron firmemente esta posibilidad. De hecho, han explicado hasta la saciedad que, normalmente, cuando se habla de las cuentas de la Seguridad Social no se incluye al antiguo Inem y al Fogasa, y con esta contabilidad, el sistema mantendrá el superávit este año.
Es más, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se atrevió la pasada semana a cifrar exactamente en 5.586 millones de euros el volumen de excedentes del sistema de pensiones para el presente ejercicio. Al tiempo, fuentes de la Seguridad Social reconocieron en público y en privado que el Gobierno también maneja otras cifras que indican que 'en el peor de los escenarios' este superávit se reduciría a unos 3.500 millones como mínimo (alrededor del 0,3% del PIB).
De hecho, sólo restando a esta última cifra los 2.715 millones de intereses del fondo de reserva, que la Seguridad Social computa como ingresos pero que deben reasignarse automáticamente al fondo, el sistema quedaría al borde del déficit. De ahí que otras fuentes conocedoras del sistema, aseguran que el saldo positivo podría adelgazarse a final de año aún más hasta rozar los números rojos. Siempre sin contar el antiguo Inem y el Fogasa. Y todo por el deterioro del empleo.
La merma de ingresos provocada por la destrucción del número de cotizantes a la Seguridad Social (1,25 millones de afiliados menos en el último año) es la principal causa por la que se recortará el superávit.
No hay que olvidar que 83 de cada 100 euros que ingresa el sistema provienen de las cotizaciones sociales. Si bien no todas provienen de trabajadores ocupados ya que el Estado sigue cotizando por estos trabajadores a la Seguridad Social cuando pierden el empleo y mientras tienen seguro de paro, en función de su último sueldo, a través del Servicio de Empleo Público de Empleo Estatal. Este es, precisamente, uno de los argumentos de los responsables de Trabajo para asegurar que el aumento del paro no se traducirá automáticamente en una disminución de los ingresos del sistema.
Sin embargo, aunque es cierto que este millón largo de trabajadores que pasaron a desempleo en el último año cotizarán como desempleados, dicha aportación sólo se realiza durante el tiempo que se cobra la prestación. Y esto ocurre durante un promedio general de alrededor de un año. Pasado este tiempo, estos cotizantes empezarán también a decaer de la lista de aportadores de ingresos al sistema.
Teniendo en cuenta que el grueso de la destrucción de empleo empezó en el verano pasado, esto comenzará a ocurrir aproximadamente en octubre o diciembre próximo. Si estos trabajadores no vuelven a ingresar en el sistema como ocupados, el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social estará aún más en peligro a partir de 2010.
La marcha de la ejecución de los ingresos y los gastos durante los dos primeros meses del año también arroja datos preocupantes para el equilibrio del sistema. Es cierto que finales de febrero dicha ejecución presupuestaria indicaba que la Seguridad Social tenía un saldo a su favor de casi 5.000 millones y fuentes de este departamento elevan a 6.000 el superávit operativo del primer trimestre; pero el análisis de cómo se están comportando los ingresos y los gastos podría no favorecer que se termine el año con números negros.
Así, el total de los ingresos por cotizaciones ha caído en los dos primeros meses del año un 1,70% y las aportaciones de los trabajadores del régimen general ( que representan el 70% de los ingresos por cuotas) se han visto reducidas casi un 5%. A la vez, las cuotas de desempleados crecieron un 36,4%, pero este capítulo de ingresos sólo tiene un peso del 10,5% sobre el total y es limitada en el tiempo.
A este poco prometedor comportamiento de los ingresos hay que unir que los gastos siguieron aumentando hasta febrero al mismo ritmo de los últimos años. En algunos capítulos como el de la incapacidad temporal un ahorro de 500 millones en 2008 compensó en parte la pérdida de aportaciones por la caída del empleo en el último trimestre.
Por tanto, el gasto en pensiones hasta final de febrero ascendió a 12.609 millones de euros, un 7,35% más que en el mismo periodo del año anterior. Y, en concreto, la nómina de las prestaciones de jubilación -que suponen seis de cada diez euros que se pagan en pensiones- creció un 8% en los dos primeros meses del año. Además, es previsible que el número de nuevas altas de jubilación, que ya aumentaron un 14% en el primer trimestre del año, sigan incrementándose, ya que muchos trabajadores mayores que pierden su empleo optan por el retiro anticipado.
Asimismo, el citado gasto en incapacidad temporal, que logró cerrar el pasado año con un incremento por debajo del 6%, se desbocó en los dos primeros meses del año con un crecimiento de estas prestaciones del 12%. Igualmente, es impensable que las bases medias de cotización (cantidad sobre la que se fija la aportación al sistema y que sube en función del incremento de los salarios) crezcan ni siquiera cercanas al 4% con el que cerraron 2008. De momento, los salarios pactados en convenio crecen un 2,7%.
En cualquier caso, todas estas dudas sólo sirven para despejar una mayor: cuándo tendrá que empezar a usarse el fondo de reserva de las pensiones, que tiene 56.000 millones. Con seguridad, todo apunta a que las previsiones del Gobierno de no usar el fondo hasta 2023 puede ser también, a la vista de las circunstancias, un voluntarismo.
Renovación del Pacto de Toledo y reformas del Acuerdo de Pensiones
El seis de abril de 1995 fue aprobado el Pacto de Toledo por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, que se comprometió a 'reforzar, consolidar y dar viabilidad futura al modelo de pensiones que ha ido configurándose en los últimos años, pues es el que mejor permite combinar adecuadamente los principios de seguridad y solidaridad'.

El trabajo de los reunidos en este Pacto es estudiar en profundidad el modelo de protección social sirviéndose de expertos y miembros de instituciones económicas, a partir de los cuales consensúan una serie de recomendaciones. Éstas toman forma legal mediante acuerdos de pensiones que negocian Gobierno, patronal y sindicatos. El mayor ajuste paramétrico inspirado por las primeras recomendaciones del Pacto en 1996 fue ampliar de 8 a 15 años el periodo mínimo que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión de jubilación.

La revisión del Pacto de Toledo, que se fijó cada lustro, se retrasó tres años. Fue en 2003 cuando el Parlamento presentó 22 nuevas propuestas para mejorar el sistema. En 2006, fruto de más de dos años de negociación en el diálogo social se aprobó calcular la bases de cotización con los últimos 15 años efectivos, en lugar del anterior margen, algo superior a 12 años. Además, se optó por fomentar el retraso de la edad de jubilación, con hasta el 110% de la pensión, y endurecer las del retiro anticipado.

En 2008 se configuró por segunda vez la Comisión no permanente del Pacto de Toledo en el Parlamento, con el objetivo de renovarlo en 2009. Es en este foro donde participó el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y donde intervendrá a principios de mayo quien más le ha criticado, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.