Manualillos para una crísis ( 1 )

Las Cajas en la encrucijada.

Las cajas: la importancia del capital
Publicado el 22-04-2009 , por Gaspar Ariño
Hay un cuarto gran tema (problema) que hoy se plantea a las cajas: la necesidad de cumplir los niveles mínimos de capital exigidos para garantizar su solvencia en momentos como los actuales. Cuando la morosidad se dispara y hay que cumplir con las provisiones para créditos dudosos, cuando la acumulación de resultados negativos agota las reservas, las cajas encuentran serias dificultades para aumentar sus recursos y afrontan problemas de solvencia.

Al carecer de dueño y estar más que olvidado el espíritu fundacional, no se puede acudir a los mercados en busca de capital: no caben ampliaciones de capital, porque no tiene títulos accionariales, ni cabe esperar aportaciones de nadie a unas extintas “fundaciones”.

Su falta de capacidad para acudir a los mercados y obtener capital, sólo puede ser suplida por la vía de los beneficios retenidos (cuando los hay), la creación de corporaciones financieras cotizadas y el endeudamiento: emisión de participaciones preferentes, las denominadas “cuotas participativas”.

Dejando ahora a un lado la creación de corporaciones financieras, como Criteria o Cibeles (esta última, en gestación), al alcance de muy pocas cajas y hasta ahora con éxito más que relativo, la emisión de preferentes tiene límites en términos de proporción sobre recursos propios y además no parece que tenga hoy mucho recorrido (al menos sin aval del Estado).

Las cuotas participativas, que son alabadas y solicitadas una y otra vez por las autoridades económicas, no han sido bien recibidas hasta ahora por las cajas y además han sido configuradas de tal manera que resultan muy poco atractivas. Después de veinte años, sólo una caja (la CAM) ha emitido cuotas y su colocación en el mercado no ha tenido ningún éxito (las han suscrito otras cajas e instituciones y su cotización en la bolsa ha sido deprimente).

Cuotas participativas
Y es que, junto a la rigidez y complejidad de su regulación -calificada de “ortopédica” por alguna voz autorizada- que genera inseguridad, son conocidas las reticencias que gran parte de los directivos, políticos y sindicatos que ocupan las cajas han mostrado hacia las “cuotas participativas”, pues, aunque carecen por el momento de derechos políticos, han sido siempre percibidas como un primer paso hacia la privatización de las entidades (cosa que les horroriza). De hecho, la creación de holdings financieros se plantea como vía alternativa a las cuotas.

A mi juicio, es ineludible rediseñar las cuotas participativas si se quiere hacer de ellas un medio eficaz de capitalización de las cajas y también un instrumento de valoración y juicio sobre ellas por el mercado, respecto al desempeño que están llevando a cabo.

Un modelo de éxito, que merece la pena considerar, son los Certificados de Capital Primario instaurados en las cajas de ahorro noruegas en 1987. Son valores mobiliarios admitidos a cotización que emiten las cajas, tienen derechos políticos y son remunerados mediante dividendos, de acuerdo con los beneficios obtenidos por la caja.

Los titulares de los mismos eligen a sus representantes en la Asamblea y en el Consejo en proporción al capital suscrito, con ciertas limitaciones (no pueden superar el 40% de estos órganos, ni puede nadie disponer de más del 10% de títulos emitidos, ni representar a más del 20% de los votos correspondientes a estos títulos).

Un elemento fundamental de la necesaria reforma sería el reconocimiento a los cuotapartícipes de derecho políticos, esto es, derecho de acceso a los órganos de gobierno y control de la caja, en proporción a la cuantía de sus cuotas en relación con los recursos propios de ésta. No es razonable que un título de renta variable no dé a su tenedor voz alguna en la fijación de beneficios distribuibles.

Todo esto resulta urgente. El Gobierno y el Banco de España se han pronunciado en los últimos días sobre la necesaria modificación de la Ley de Cajas, tema sobre el que el presidente del PP, Sr. Rajoy, viene pronunciándose también desde hace tiempo. Pero no sabemos muy bien qué alcance quieren dar a esta reforma.

En los debates en el Congreso, CiU y PP parecen oponerse a una reforma en profundidad e inclinarse más bien por pequeños retoques o ajustes en la representación otorgada a los distintos grupos de interés, con la aprobación de un determinado modelo de gobierno corporativo que, en este caso, tendría carácter imperativo (que exista una Ccomisión de inversiones, que el presidente no tenga carácter ejecutivo, etc.).

Algo parecido a lo que hizo el Partido Popular en la Ley Financiera (44/2002) dando una vuelta más de tuerca a la presencia política. Estaríamos ante una reforma menor y coyuntural, que podríamos calificar de “reactiva” (aquello que no suscite polémica entre los “señores” autonómicos, tanto del PSOE como del PP). Con ello se trataría de dar respuesta urgente a algunos males que hoy se observan con tonos alarmantes (caso de la CCM, conflicto en Caja Madrid, situación de Caixa Cataluña y otras).

Poder de supervisión
Limitarse a esto sería, a mi juicio, un error. No basta con ello. Es necesaria una nueva norma que venga a reemplazar a la LORCA, una norma que devuelva al Estado sus poderes de supervisión y control; que establezca las bases de su organización y permita a las entidades definir en sus estatutos su estructura interna en el marco de aquéllas; una norma que defina el sistema de control interno por sus partícipes (depositante, cuenta partícipes, fundadores y representantes político-institucionales) y el control externo por el Banco de España. Una norma, en definitiva, que suponga una refundación de las cajas.