Demasiado dinerito Offffff.
El número de empresas públicas autonómicas se dispara un 80% en 10 años
Publicado el 21-11-09 , por J. J. Marcos
El sector público autonómico mantiene desde hace una década un proceso continuo de ensanchamiento. De hecho, se le han roto algunas costuras y busca vías de escape en fórmulas jurídicas alternativas, como son las empresas con capital público, las fundaciones o las corporaciones.
Por esta vía, se ha diluido buena parte del endeudamiento generado. En una década (1998-2008), las autonomías han aumentado en un 77% el número de empresas públicas que controlan, que acumulaban en el segundo trimestre de este año una deuda de casi 14.100 millones de euros.
Este agujero está en el punto de mira del Ministerio de Economía, que realiza constantes peticiones de austeridad a sus gobiernos en aras de atajar el déficit, que superará el 10% del PIB este año.
La Intervención General de la Administración del Estado publicó ayer las mil páginas en las que da cuenta de todo el inventario de todos los tipos de sociedades mercantiles, entidades empresariales, entidades de derecho o entes públicos. Con paciencia de amanuense, este organismo dependiente del Ministerio de Economía da cuenta del imparable crecimiento de este sector en autonomías, diputaciones y ayuntamientos. Al mismo tiempo, las empresas estatales han menguado un 14%, al pasar de 333 a 286.
De este modo, el supuesto proceso de descentralización no ha compensado, pues unos pocos cierres han sido respondidos desde el ámbito regional con un sinfín de aperturas. Sólo los gobiernos autonómicos han pasado de 455 a 807.
Casi 4.000
En total, el 31 de diciembre de 2007 había 2.294 compañías con participación pública en España. En un lustro han crecido en 525, lo que dejó al sector desbocado cuando comenzó el actual periodo de recesión. Incluyendo también las fundaciones y los consorcios, las entidades en las que tienen presencia el sector público se sitúan en 3.807.
La mayor parte de estas empresas se sitúan en gobiernos autonómicos como el de Cataluña, que ha pasado en diez años de acoger 62 empresas públicas a 110, País Vasco (de 83 a 95), Madrid (de 28 a 65), Andalucía (de 46 a 77) o Comunidad Valencianas (de 28 a 54). Sin embargo, hay otras muchas regiones con crecimientos desorbitados, como es el caso de Castilla La Mancha, que pasó de tener una sola empresa pública a 23. O Cantabria, que pasó de 8 a 38.
A pesar del imparable crecimiento autonómico, el 53% del total de las sociedades mercantiles públicas pertenece a diputaciones y ayuntamientos, el 35% es para las autonomías y sólo el 12% restante depende al Estado.
En el ámbito provincial destacan la elevada actividad de la Diputación foral de Vizcaya y el Cabildo de Tenerife, que cada una de ellas aglutina el 11% de las empresas contabilizadas.
Mientras, a nivel municipal, se mantienen encabezando su particular ránking Barcelona, Marbella y Estepona. Estos dos últimos municipios de la Costa del Sol han estado salpicados por diversos escándalos de corrupción.
Fundaciones y consorcios
Las fundaciones públicas, mientras tanto, han crecido aún más que las empresas, al contar tanto las que tienen finalidad asistencial, cultural, de investigación, educación o deportivos. Si en 2003 había 163, en 2008 habían crecido a 541, de las que 344 están bajo el control de los diferentes gobiernos autonómicos.
Mientras, los consorcios, tanto los administrativos como los empresariales, han pasado de 434 a 972, de los que más de 600 son de las comunidades.
La deuda se quintuplica
Si el crecimiento del número de empresas públicas fue imponente entre los años 1998 y 2008, con ese 77% de aumento, la deuda creada es mucho mayor. De hecho, según los datos del Banco de España, en 1998 la deuda generada por este epígrafe en las regiones era de 2.296 millones de euros. En 2008 llegó a los 12.753 millones.
El último dato registrado, el del segundo semestre del actual ejercicio, ascendía a 14.184 millones, dando buena muestra del imparable ritmo de crecimiento. Son muchos los expertos que han denunciado la puerta de atrás para desviar endeudamiento propio que han encontrado las administraciones locales con estas sociedades. En total, contado también al Estado y a los entes locales, el endeudamiento generado llega a los 44.598 millones.
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