lunes, 2 de mayo de 2011

Liaisions dangereux...

Las complejas relaciones entre Economía y el Banco de España

Los objetivos del Ministerio de Economía y los del banco supervisor son dispares, por lo que en ocasiones, aunque no se reconozca, se producen roces. La ley de cajas es un ejemplo.

Las relaciones entre el Banco de España y el Ministerio de Economía nunca han sido fáciles, igual que no lo son las de cualquier banco central con el Gobierno, o gobiernos de turno. Los objetivos de unos y otros son dispares y eso produce roces de mayor o menor intensidad.

“Las tensiones son naturales”, señala un alto funcionario del Banco de España cuando se le pregunta. “Basta con entender que un papel que salga del banco con una cierta orientación y que debe ser aprobado por Economía, o por el Parlamento, puede ser modificado en un sentido no compartido por el banco y que desde aquí difícilmente se puede manifestar una oposición pública a esas modificaciones”. Pero eso no significa que no haya diferencias sino que no pueden salir a la luz claramente.

Autonomía
El Banco de España tiene autonomía e independencia para llevar a cabo su trabajo (relaciones con el Banco Central Europeo, supervisión de las entidades financieras, establecimiento de las normas de funcionamiento de estas entidades...) aunque hay otras cuestiones que debe instrumentar el banco, pero cuyo ordenamiento y puesta en marcha es cuestión del Gobierno o el Parlamento. La creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) o la Ley de Cajas de Ahorros son sólo algunos ejemplos de esto último. Y es en estas cuestiones donde saltan las chispas en algunas ocasiones, aunque no se reconozca.

La ley de cajas puede ilustrar esta cuestión. El Banco de España, cuando Pedro Solbes era aún vicepresidente económico, es decir, entre finales de 2007 y los primeros meses de 2008, preparó un borrador de proyecto de ley para transformar las cajas en entidades más cercanas a las condiciones de mercado y que fueran controladas por éstos bastante más de lo que lo eran hasta entonces. La cercanía de las elecciones legislativas de 2008 y el no reconocimiento de la crisis económica y financiera por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevaron al vicepresidente Solbes a guardar en un cajón el proyecto que le había presentado el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hasta mejores tiempos.

El Partido Popular también conoció el borrador porque el Banco de España se lo hizo llegar. Pero cuando Elena Salgado sustituyó a Solbes en la vicepresidencia económica nada cambió en ese aspecto. Fernández Ordóñez le recordó que tenía ese proyecto de ley que el banco consideraba que era necesario ponerlo en marcha como complemento del inicio del Frob para completar la reestructuración del sistema financiero.

Economía no lo consideró prioritario; entendió que había que poner el acento en el saneamiento y todos los esfuerzos y las discusiones se dirigieron hacia el endurecimiento de las provisiones que bancos y cajas tenían que hacer; en la forma de prestar ayudas a las entidades en dificultades (avales del Estado, ayudas directas a través el Frob, fusiones 'frías' de las cajas....) y no en la modificación del marco legal de las cajas.

Discordia
Hasta que la situación se hizo insostenible y se vio la absoluta urgencia de hacer una nueva ley. Habían pasado más de dos años. Y el proyecto al final lo acabó ahormando la patronal de las cajas de ahorros y siendo aprobado por el Parlamento con una rapidez inusitada. Entre el final recogido en la ley en vigor y el borrador inicial elaborado por el Banco de España hay diferencias de cierto calado, pero lo esencial ha permanecido.

El último decreto ley por el que se establecía la práctica obligación para las cajas de ahorros de convertirse en bancos para optar a tener ayudas públicas y en el que se establecían los nuevos requisitos de capital para las entidades financieras, estableciendo diferencias entre entidades cotizadas y no cotizadas, constituyó un nuevo motivo de discordia en su discusión. Economía aprovechó la ocasión para recortar el poder que el Banco de España ejercía sobre el Fondo de Reestructuración Ordenadación Bancaria, empezando a compartirlo con él, y además lo discutió con los representantes del sector en solitario, sin que el Banco de España estuviera presente.

Fue un decreto elaborado en gran parte por el Tesoro que fue enseñado con cautela a quienes se les iba a aplicar. La patronal bancaria fue convocada a una reunión con el Tesoro días antes de su aprobación y se les dejó ver el texto sin que en la práctica pudieran hacer ninguna aportación al mismo. El Banco de España, que normalmente participaba en esas reuniones, no lo hizo en esa ocasión.

Divergencias
En ocasiones, basta con entender con que un papel del Banco de España tiene una orientación determinada para que sea modificado en Economía o el Parlamento en un sentido no compartido por la entidad supervisora.

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