El ICO se protege...
Casi 5.000 millones de euros siguen sin adjudicarse por las elevadas garantías exigidas
El ICO solo ha concedido el 20% de su crédito directo a pymes y municipios
El ICO apenas ha concedido 1.136 millones de las dos líneas de crédito directo abiertas a pymes, autónomos y municipios, lo que supone solo un 20% de los fondos disponibles (5.900). Los empresarios achacan el fracaso a los elevados intereses y garantías exigidas para la concesión de créditos.
Las empresas acreedoras tildan de "irresponsables" a los ayuntamientos al no saldar su deuda
Carlos Molina - Madrid - 02/11/2011 - 07:00
Las tensiones en el mercado interbancario y la posterior sequía de crédito obligó al Instituto de Crédito Oficial (ICO), pese a las reticencias del Ejecutivo, a ejercer de banco público y a ofrecer créditos directos a pymes y autónomos. Tradicionalmente, el ICO hace de intermediario en las operaciones comerciales de los bancos con sus clientes y lo único que recibe es una comisión por su gestión.
Ese esquema se rompió el pasado verano, cuando este organismo decidió abrir la línea ICO Directo, dirigida a financiar el circulante de pymes y autónomos. En un principio, el máximo que se podía solicitar eran 200.000 euros por operación, aunque posteriormente se amplió a 600.000 euros, gracias al acuerdo alcanzado con las sociedades de garantía recíproca (SGR) para las empresas con más de un año de antigüedad. Estas sociedades, normalmente ligadas a los Gobiernos autonómicos, se encargan de avalar la concesión de crédito.
El presidente del ICO, José María Ayala, consideró durante la presentación de la línea que esta podría sufragar en torno a 70.000 operaciones por un importe medio de 30.000 euros, lo que ofrecía una estimación de fondos por valor de 2.500 millones para ese ejercicio.
Nada más lejos de la realidad. En sus 16 meses de vida, se han cubierto 677 millones de euros, de los que 500 corresponden a la línea ICO Directo y 177 a la compartida con las SGR. Esa cifra apenas supone un 27% de los fondos puestos a disposición de las empresas, por lo que el Ejecutivo decidió la semana pasada prolongar otros dos años la vida de esta línea de financiación, a la espera de que se aceleren las peticiones de créditos.
Algo que parece poco probable ante el rechazo expresado por autónomos y pymes al diseño de esa línea. El colectivo de los trabajadores por cuenta propia ha sido uno de los que más se ha quejado sobre las excesivas garantías exigidas para optar a esos créditos. "Es incomprensible que en un momento en el que tres de cada cuatro autónomos tiene problemas de crédito y liquidez, el ICO deniegue el 80% de las peticiones de crédito", recalca Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). En sus propuestas de cara a las elecciones del 20-N, esta asociación ha solicitado la creación de una línea específica para emprendedores de 12.000 euros de media que pueda ser asumida por la banca y que sea avalada por las sociedades de garantía recíproca.
Intereses demasiado elevados
No ha ido mucho mejor la vía creada para que los ayuntamientos salden la deuda con los proveedores, cuyo monto se eleva a 35.000 millones de euros, según estimaciones empresariales. El ICO abrió en agosto una línea dotada con 3.400 millones de euros para que los ayuntamientos comenzaran a devolver las deudas impagadas a las empresas. El municipio tiene que elegir las facturas más antiguas y está obligado a reintegrar el préstamo en un máximo de tres años. Entre julio y octubre solo se han concedido 459 millones, un 13,5% del total. Y queda menos de un mes para cerrar esa línea.
Los ayuntamientos justifican su escasa utilización por los altos intereses exigidos (un 6,5%, el triple del euríbor) y en el hecho de que si no devuelven el préstamo en tres años se les detrae las entregas a cuenta. Un caramelo envenenado en un momento en el que muchos consistorios tienen cerrada la capacidad para endeudarse a largo plazo.
El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, rechaza esos argumentos y critica la falta de voluntad política para saldar la deuda con proveedores, lo que está asfixiando a muchas pequeñas y medianas empresas. "Si esa línea de crédito no se agota, los ayuntamientos estarán cometiendo una grave irresponsabilidad", subraya.
Ese esquema se rompió el pasado verano, cuando este organismo decidió abrir la línea ICO Directo, dirigida a financiar el circulante de pymes y autónomos. En un principio, el máximo que se podía solicitar eran 200.000 euros por operación, aunque posteriormente se amplió a 600.000 euros, gracias al acuerdo alcanzado con las sociedades de garantía recíproca (SGR) para las empresas con más de un año de antigüedad. Estas sociedades, normalmente ligadas a los Gobiernos autonómicos, se encargan de avalar la concesión de crédito.
El presidente del ICO, José María Ayala, consideró durante la presentación de la línea que esta podría sufragar en torno a 70.000 operaciones por un importe medio de 30.000 euros, lo que ofrecía una estimación de fondos por valor de 2.500 millones para ese ejercicio.
Nada más lejos de la realidad. En sus 16 meses de vida, se han cubierto 677 millones de euros, de los que 500 corresponden a la línea ICO Directo y 177 a la compartida con las SGR. Esa cifra apenas supone un 27% de los fondos puestos a disposición de las empresas, por lo que el Ejecutivo decidió la semana pasada prolongar otros dos años la vida de esta línea de financiación, a la espera de que se aceleren las peticiones de créditos.
Algo que parece poco probable ante el rechazo expresado por autónomos y pymes al diseño de esa línea. El colectivo de los trabajadores por cuenta propia ha sido uno de los que más se ha quejado sobre las excesivas garantías exigidas para optar a esos créditos. "Es incomprensible que en un momento en el que tres de cada cuatro autónomos tiene problemas de crédito y liquidez, el ICO deniegue el 80% de las peticiones de crédito", recalca Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). En sus propuestas de cara a las elecciones del 20-N, esta asociación ha solicitado la creación de una línea específica para emprendedores de 12.000 euros de media que pueda ser asumida por la banca y que sea avalada por las sociedades de garantía recíproca.
Intereses demasiado elevados
No ha ido mucho mejor la vía creada para que los ayuntamientos salden la deuda con los proveedores, cuyo monto se eleva a 35.000 millones de euros, según estimaciones empresariales. El ICO abrió en agosto una línea dotada con 3.400 millones de euros para que los ayuntamientos comenzaran a devolver las deudas impagadas a las empresas. El municipio tiene que elegir las facturas más antiguas y está obligado a reintegrar el préstamo en un máximo de tres años. Entre julio y octubre solo se han concedido 459 millones, un 13,5% del total. Y queda menos de un mes para cerrar esa línea.
Los ayuntamientos justifican su escasa utilización por los altos intereses exigidos (un 6,5%, el triple del euríbor) y en el hecho de que si no devuelven el préstamo en tres años se les detrae las entregas a cuenta. Un caramelo envenenado en un momento en el que muchos consistorios tienen cerrada la capacidad para endeudarse a largo plazo.
El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, rechaza esos argumentos y critica la falta de voluntad política para saldar la deuda con proveedores, lo que está asfixiando a muchas pequeñas y medianas empresas. "Si esa línea de crédito no se agota, los ayuntamientos estarán cometiendo una grave irresponsabilidad", subraya.
33.000 millones menos en préstamos en un año
Las empresas, en especial las más pequeñas, siguen encontrándose con verdaderos problemas para poder acceder al crédito. Las estadísticas mensuales que elabora el Banco de España confirman que en agosto, último dato disponible, las entidades financieras han concedido créditos por valor de 1,27 billones de euros, lo que supone un recorte de 33.000 millones respecto al mismo mes de 2010.Esas dificultades también se reflejan en la encuesta trimestral que elaboran el ICO y las Cámaras de Comercio. Entre julio y agosto, el número de empresas que ha encontrado problemas para lograr financiación ajena ha tocado máximos al llegar al 88,3% de las encuestadas. Pero el dato más significativo es el hecho de que al 13,4% de las compañías (111.000 en términos absolutos) se le ha denegado la petición de crédito. Estos dos últimos datos reflejan que el grifo del crédito sigue cerrado a las empresas y que estas han tenido que recurrir a otras vías alternativas para tratar de obtener liquidez. Las dos que han experimentado un mayor crecimiento han sido la del ICO, a la que han acudido el 41% (el máximo de la serie histórica), seguida por las sociedades de garantía recíproca, a las que un 10,8% ha pedido aval.
A las dificultades para obtener crédito se ha unido el alza del riesgo de impago, como demuestra el incremento experimentado en la contratación de seguros de crédito.
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