No está muy mal....
España: El ministro de Economía presentará esta tarde la reforma financiera
jueves, 2 febrero 2012, 10:15
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, acaba de convocar a los medios de comunicación para una rueda de prensa en la que presentará esta tarde la reforma del sistema financiero (17:30 horas). “Previsiblemente, la reforma se aprobará mañana el Consejo de Ministros”.
Se espera que las provisiones totales que va a exigir el Gobierno para sanear los activos inmobiliarios ronden los 50.000 millones de euros, aunque no hay cifras oficiales aún. De momento, la mayoría de los bancos se están apresurando a provisionar de manera anticipada, como hizo ayer Banco Popular, o Santander el martes.
Reforma financiera para dummies
Poco se sabe de momento sobre esta reforma, salvo que tiene como pilar fundamental el incremento de las exigencias de provisión a la banca en unos 50.000 millones de euros, con el fin de afrontar eventuales pérdidas por su exposición al “ladrillo”, tal y como ya adelantara el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Lo que sí están claros son los objetivos: obligar a la banca española a sanear sus balances con el menor coste posible para las arcas públicas. Para ello se incentivará un proceso de fusiones entre bancos y cajas que reducirá de manera drástica el ya mermado número de entidades financieras del país. Las dudas están en el cómo. Según Reuters, el Gobierno podría utilizar varias fórmulas:
1. Aquellas entidades que opten por las fusiones tendrán más plazo para hacer dotaciones. Mientras que los bancos tendrán un año para realizar esas provisiones contra pérdidas en el ladrillo, los grupos fusionados tendrán dos.
2. Los grupos consolidados podrán acceder a las ayudas de lo que se conoce como FROB 1. Es decir, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá comprar acciones preferentes de los nuevos grupos financieros. En la medida en que estas acciones preferentes se considerarán capital, las nuevas entidades podrán usarlas para hacer las provisiones que les exige el Gobierno.
Uno de las incógnitas más relevante está relacionada con la profundidad con la que deberán cubrirse las pérdidas acumuladas en el suelo y la vivienda. La cifra global, 50.000 millones de euros, está muy clara, pero no se sabe exactamente cómo se va a repartir. Según publica Cinco Días, y de acuerdo con los primeros borradores con los que trabajaba el Gobierno, el suelo rústico se provisionará al 95%; el urbanizable, al 60%; las promociones no acabadas, al 50%, y las terminadas, al 30%.
Con respecto a las entidades es difícil establecer cuales serán las más perjudicadas. En un informe elaborado por el equipo de análisis BBVA Research la semana pasada, sus analistas señalan que la más perjudicada será Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, que necesitará aportar 7.474 millones; seguida de Banco Popular (5.102 millones), Banco Santander (4.618 millones) y La Caixa (3.453 millones). Por su parte, Credit Suisse cifra en 5.300 millones las exigencias adicionales para Banco Santander y en 3.536 millones para BBVA.
Otro aspecto en el aire es cómo conseguirán los bancos los fondos para cubrir el impacto de las provisiones. Está claro que la forma más directa para anotarlas es contra el beneficio, lo que sería una forma de reconocer pérdidas. No obstante, dado que muchas entidades registrarían abultados “números rojos”, Cinco Días sostiene que es probable que el Gobierno permita imputarlas contra el capital.
M.D.
Se espera que las provisiones totales que va a exigir el Gobierno para sanear los activos inmobiliarios ronden los 50.000 millones de euros, aunque no hay cifras oficiales aún. De momento, la mayoría de los bancos se están apresurando a provisionar de manera anticipada, como hizo ayer Banco Popular, o Santander el martes.
Reforma financiera para dummies
Poco se sabe de momento sobre esta reforma, salvo que tiene como pilar fundamental el incremento de las exigencias de provisión a la banca en unos 50.000 millones de euros, con el fin de afrontar eventuales pérdidas por su exposición al “ladrillo”, tal y como ya adelantara el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Lo que sí están claros son los objetivos: obligar a la banca española a sanear sus balances con el menor coste posible para las arcas públicas. Para ello se incentivará un proceso de fusiones entre bancos y cajas que reducirá de manera drástica el ya mermado número de entidades financieras del país. Las dudas están en el cómo. Según Reuters, el Gobierno podría utilizar varias fórmulas:
1. Aquellas entidades que opten por las fusiones tendrán más plazo para hacer dotaciones. Mientras que los bancos tendrán un año para realizar esas provisiones contra pérdidas en el ladrillo, los grupos fusionados tendrán dos.
2. Los grupos consolidados podrán acceder a las ayudas de lo que se conoce como FROB 1. Es decir, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá comprar acciones preferentes de los nuevos grupos financieros. En la medida en que estas acciones preferentes se considerarán capital, las nuevas entidades podrán usarlas para hacer las provisiones que les exige el Gobierno.
Uno de las incógnitas más relevante está relacionada con la profundidad con la que deberán cubrirse las pérdidas acumuladas en el suelo y la vivienda. La cifra global, 50.000 millones de euros, está muy clara, pero no se sabe exactamente cómo se va a repartir. Según publica Cinco Días, y de acuerdo con los primeros borradores con los que trabajaba el Gobierno, el suelo rústico se provisionará al 95%; el urbanizable, al 60%; las promociones no acabadas, al 50%, y las terminadas, al 30%.
Con respecto a las entidades es difícil establecer cuales serán las más perjudicadas. En un informe elaborado por el equipo de análisis BBVA Research la semana pasada, sus analistas señalan que la más perjudicada será Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, que necesitará aportar 7.474 millones; seguida de Banco Popular (5.102 millones), Banco Santander (4.618 millones) y La Caixa (3.453 millones). Por su parte, Credit Suisse cifra en 5.300 millones las exigencias adicionales para Banco Santander y en 3.536 millones para BBVA.
Otro aspecto en el aire es cómo conseguirán los bancos los fondos para cubrir el impacto de las provisiones. Está claro que la forma más directa para anotarlas es contra el beneficio, lo que sería una forma de reconocer pérdidas. No obstante, dado que muchas entidades registrarían abultados “números rojos”, Cinco Días sostiene que es probable que el Gobierno permita imputarlas contra el capital.
M.D.
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