Consecuencias Económicas de la corrupción
Por Juan Ignacio Bartolomé, socio fundador de Economistas Frente a la Crisis
Es una experiencia personal, pero probablemente se le puede aplicar un coeficiente de generalización. Habitualmente el desayuno era un momento relativamente plácido. Mientras se hacían las tostadas y el café, se dejaba correr la imaginación sobre las tareas del día, los proyectos, las dificultades. Eran minutos en que uno se armaba de valor para afrontarlos. Esto ha cambiado. Ahora desayunamos sometidos a un bombardeo de noticias sobre corrupción que desconciertan, indignan e, incluso, inclinan a volver a la cama. Es un fenómeno que puede enfocarse desde diferentes perspectivas, desde la, desde la ética, desde la sociología…, trataremos aquí de abordarlo desde la óptica de sus consecuencias económicas. Por supuesto de forma cualitativa, ya que su cuantificación, por su propia naturaleza, está plagada de dificultades tal y como se pone de manifiesto aquí http://economia.elpais.com/economia/2013/07/29/agencias/1375094611_897338.html.
Las consecuencias económicas de la corrupción presentan numerosas vertientes pero, huyendo del análisis exhaustivo, hemos seleccionado las siguientes:
La corrupción reduce la eficiencia del gasto público.
Parece obvio que cuando un empresario paga subrepticiamente para conseguir un contrato con el Estado es porque espera obtener unos ingresos adicionales, lo que supone el incremento del coste del proyecto. Además, las percepciones que recibe, bien el partido político correspondiente, bien personalmente el responsable de la Administración, les hacen proclives a gastar en proyectos sin un análisis cuidadoso de su rentabilidad.
Los proyectos sufragados con dinero público requieren un estudio de rentabilidad más complejo que los que dependen de la iniciativa privada, ya que al retorno directo a las arcas de las administraciones se debe añadir su rentabilidad social. La construcción de un aeropuerto, por ejemplo, ofrece los ingresos directos de su utilización pero, si estos no son suficientes para justificar el gasto, es legítimo añadirles los que se derivan de la promoción del área geográfica en que se sitúa, turismo por ejemplo. Sin embargo, este último apartado puede ser bastante ambiguo y, por tanto, sometido al criterio de la gente que toma la decisión. Si este criterio viene condicionado por la corrupción, podemos encontrarnos con que la rentabilidad total es, en la práctica, inferior a la que resulta de los análisis previos. La corrupción aporta ineficiencia a la utilización del gasto público.
La corrupción distorsiona la estructura del aparato productivo
La evidencia apunta al sector de la construcción como origen tradicional de un porcentaje muy elevado de los fondos empleados en corromper. Tiene su lógica. Las decisiones administrativas sobre recalificaciones, permisos, etc., en este sector, añaden de forma inmediata un valor muy elevado, con la ventaja de que no implican gasto público. Es fácil condicionar estas decisiones a recompensas que el empresario correspondiente está dispuesto a entregar, ya que el neto le es claramente favorable.
En términos teóricos, y dado que el comportamiento humano es bastante sensible a los incentivos, se puede deducir que la corrupción es uno de los factores que han colaborado al sobredimensionamiento de la actividad constructora en nuestro país, en detrimento de otras actividades. El valor añadido por decisiones administrativas aumenta la rentabilidad del sector construcción en términos relativos, provocando un fenómeno de sustitución entre sectores, con la particularidad de que es un sector caracterizado por su baja productividad. La consecuencia evidente es que el empleo de los recursos productivos se orienta de forma que disminuye la productividad media.
Uno de estos recursos de especial relevancia es el crédito. La expectativa de rentabilidad, en ausencia de una regulación adecuada, aboca a incrementar de forma desmesurada el peso del “ladrillo” en los balances del sistema financiero. Es un incremento en sí arriesgado. Si, además, el sistema financiero capta gran cantidad de fondos en los mercados internacionales, a bajos tipos pero con plazos muy reducidos, entre 1 y 3 años, y los presta con ganancia pero a un plazo mucho mas largo, entre 20 y 35 años, ya que se trata esencialmente de crédito hipotecario, la solvencia del sistema financiero puede verse gravemente afectada.
En el primer curso de contabilidad se insistía, hasta el límite de la pesadez, en que los balances de las empresas tienen que guardar ciertos equilibrios temporales. La cuantía del activo a largo plazo no debe ser sensiblemente mayor que la del pasivo a largo o, en otras palabras, el activo a largo debe estar financiado con pasivo a largo. Algún día alguien tendrá que contar como se ha generado y permitido un proceso en el sector financiero español que ha llevado a un diferencial tan amplio entre los plazos medios de los créditos concedidos y los plazos medios de su endeudamiento ¿Es que se perdieron la clase de contabilidad? Con esos plazos los bancos y cajas se ven obligados a renegociar su deuda cada poco tiempo y, cuando la crisis mundial endurece los mercados financieros, se encuentran con que no pueden captar fondos suficientes y los que consiguen exigen tipos de interés mucho más elevados. Suspenden sus operaciones con efectos devastadores sobre las empresas y entran en la insolvencia.
Desarrollo inadecuado del aparato productivo y crisis financiera, ¿nos suena? Obviamente son consecuencias de muchas causas entrelazadas, pero puede intuirse que el fenómeno de la corrupción ha aportado su colaboración.
La corrupción condiciona los procesos de privatización.
El Estado tiene legitimidad para privatizar empresas públicas, pero cuando se trata de empresas que muestran elevados índices de rentabilidad, es necesario ser muy precisos en sus valoraciones. Las privatizaciones pueden generar centros de poder económico fieles a quienes deciden privatizar, convirtiéndose en un incentivo de naturaleza corrupta que puede mermar los ingresos públicos.
La corrupción desalienta al contribuyente
La eficacia del sistema recaudatorio se asienta sobre un conjunto de condiciones: legislación fiscal adecuada, información precisa, coerción disuasoria… y, también, conciencia social que logre que los ciudadanos acepten como un deber contribuir al esfuerzo común. Hay tipos de corrupción que inciden muy negativamente en esta última. El espectáculo de gobernantes que reciben dinero no declarado, “en negro”, es una fábrica de desaliento. Quienes nos exigen impuestos cada vez más elevados se eximen a si mismos de pagarlos. ¿Es que somos los menos listos de la clase? Es una fuente de argumentos que auto-justifican la evasión de impuestos y que quiebran su aceptación por los ciudadanos.
Las consecuencias son automáticas: disminuyen los ingresos públicos y aumentan los gastos derivados de los intereses de la deuda pública. Pero hay otra adicional muy importante en momentos de crisis como los que vivimos: reduce la capacidad del Estado para tomar medidas de carácter anti-cíclico, medidas que traten de contrarrestar los efectos de la crisis y ayuden a superarla. La incidencia del Estado en la economía se canaliza a través del presupuesto y un presupuesto limitado por la evasión fiscal limita su capacidad de actuar.
La corrupción deteriora la imagen exterior de España
Comentaba a un funcionario alemán que la imagen de España reflejada por los medios de comunicación de muchos países, adolecía de argumentos exagerados y, en ocasiones, falsos. Él admitía que en parte estaba en lo cierto, pero que las noticias de un miembro de la Casa real y un Presidente del Gobierno involucrados en la corrupción impacta en la línea de flotación de nuestra imagen y justifica cualquier exceso. Portadas y editoriales contundentes de periódicos como el Financial Times, el Washington Post o The Economist, protagonizadas por la corrupción en nuestro país llevan nuestra imagen a las cercanías de república bananera.
Esto también tiene consecuencias económicas desfavorables. Reduce la capacidad de negociación de nuestros representantes en los foros internacionales (un mundo de lobos), transmite la sensación de inseguridad jurídica a los inversores potenciales y trastoca la confianza de los mercados.
El signo del resultado económico de la corrupción en cada uno de los apartados seleccionados es claramente negativo y sospecho que, en conjunto, su cuantía es relevante –un reciente estudio –citado- la cuantifica en 40.000 M€ -cifra equivalente al rescate de la banca española- lo que, si en condiciones normales es inaceptable, en la situación actual adquiere tintes dramáticos.
No es fácil, por supuesto, deducir las cifras, ya que, como se apuntaba, los datos son opacos por naturaleza y la corrupción es una más de las muchas causas que determinan la evolución de las variables económicas. En lenguaje de economistas, habría que calcular la derivada parcial de cada variable con respecto a la corrupción. Sería un ejercicio sofisticado que requeriría imaginación para identificar indicadores, amplios conocimientos de econometría y grandes dosis de voluntarismo. Un trabajo arduo, pero tal vez surja algún joven economista que lo encuentre atractivo.
Sería muy útil para quienes ya no somos tan jóvenes y que, cuando lo fuimos, dedicamos todos nuestros esfuerzos en traer la democracia a nuestro país, entre otras cosas, para acabar con el mayor periodo de mediocridad y corrupción de la Historia de España.
¿Será nuestro Gobierno heredero de semejante periodo de mediocridad y corrupción?
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