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Deloitte auditó todas las cajas que están nacionalizadas o con ayudas

El Eco

La actuación de Deloitte en Bankia esta bajo sospecha desde que el supervisor de las auditoras le abriera en junio un expediente sancionador, que podría implicar hasta la retirada de la licencia operativa en nuestro país. La compañía no sólo trabajó con el grupo que hoy preside José Ignacio Goirigolzarri, sino que ha sido la principal revisora de cuentas de las entidades financieras en los últimos años, incluidas todas las que en la actualidad están nacionalizadas o han tenido que pedir cuantiosas ayudas públicas y que además han solicitado nuevas inyecciones. En el sector se critica con dureza el trabajo de la firma.

La acusación más grave del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) que realiza contra Deloitte es la falta de independencia, al haber logrado cuantiosos contratos al margen de la auditoría, lo que pudo conllevar un conflicto de intereses en el momento de la salida a bolsa de Bankia a mediados de 2011 y de, ahí, que no advirtiera entonces de la grave situación por la que atravesaba la entidad.

De Bankia y las cajas que conformaron este grupo recibió en cinco años (2008-2012) 28,52 millones de euros por todos los servicios prestados. En este periodo los ingresos de Deloitte en el colectivo de la banca rescatada -CatalunyaBanc, Novagalicia, BMN y Caja España-Duero, además de Bankia- alcanzaron los 67,22 millones de euros, según los datos publicados en la CNMV. Del total, el 55 por ciento correspondieron a labores de auditoría. El restante 45 por ciento se debió a trabajos de consultoría y asesoría.

Procesos de fusiones

Todos estos grupos son fruto de fusiones entre entidades y, salvo alguna excepción, puso reparos o realizó alarmas sobre el estado real. El escándalo más sonoro es la firma sin salvedades del informe de cuentas relativo a la salida a bolsa de Bankia. Un año después destapó un agujero de, al menos, 3.000 millones, que derivó en la nacionalización del grupo entonces presidido por Rodrigo Rato.

Bankia es la única que ha cambiado, a raíz del expediente sancionador, de auditor. Ha fichado a Ernst & Young desde el 1 de julio.

Pero no es el único error cometido, según destacan fuentes del sector. Algunos directivos muestran quejas sobre el trabajo realizado por la auditora. Ejemplos hay varios. Banco Valencia, participada por Bankia en un 40 por ciento, afloró en 2011 créditos inmobiliarios de 2.000 millones derivado de la mala clasificación. Según los informes rubricados por Deloitte a cierre de 2010 se situaban en 3.100 millones. Doce meses después la cantidad superaba los 5.000 millones.

Entretanto, la entidad tuvo que ser intervenida por el Banco de España debido a su deterioro ante la negativa de Bankia de inyectar dinero. Después fue nacionalizada y estuvo a punto de ser liquidada, de no ser por la subasta exprés llevada a cabo el año pasado. Fue adjudicada a Caixabank con unas ayudas públicas directas de 5.500 millones y un esquema contra pérdidas futuras valorado en 300 millones, una vez traspasados sus activos tóxicos al banco malo o Sareb.

Agujeros no detectados

BMN es otro caso en el que Deloitte no contabilizó de manera adecuada los riesgos en el momento de la fusión de las cuatro cajas que conformaron el grupo. Fuentes internas de esta entidad sostienen que en Caixa Penedés había un agujero detectado de 900 millones por la auditora, que luego aumentó tres veces. BMN ha sido nacionalizada este año, después de haber recibido unas ayudas de 1.500 millones de euros, una vez transferida exposición inmobiliaria a la Sareb y de haber vendido el negocio bancario de Penedés al Sabadell con un esquema contra pérdidas.

Deloitte ha sido el auditor tradicional de tres de las cuatro cajas que conformaron el grupo. En cinco años, por todos sus servicios, ha ingresado más de 19 millones de euros de la firma presidida por Carlos Egea.

En 2010, fecha para la elaboración de la fusión, la auditora sólo destacaba en el informe anual de Penedés lo relativo a las nuevas exigencias de capital, por lo que exigía una solvencia del 10 por ciento.

En Novagalicia y CatalunyaBanc la compañía expedientada por el ICAC también ha participado en la elaboración de las cuentas y en diversos trabajos de asesoría. Ambos grupos, hoy en venta por el Estado, han tenido que recibir en tres ocasiones diferentes ayudas públicas millonarias.

También está presente en Caja España-Duero y fue auditora de una de las entidades del grupo. La castellana todavía está pendiente de la absorción de Unicaja para esquivar una nacionalización tras haber inyectado el Frob 1.100 millones.