El Gobierno asturiano permanecía ayer mudo, pero expectante, ante las"consecuencias graves" con las que el partido de Rosa Díez había amenazado al Ejecutivo de Javier Fernández por incumplir el pacto electoral, pero un portavoz dijo no tener constancia oficial de que sus aliados habían roto el acuerdo de legislatura. La ruptura de los acuerdos que sustentan al Gobierno del Principado daría al traste, probablemente, con uno de los dos gobiernos regionales socialistas. El otro bastión es el que defiende Susana Díaz en Andalucía.
En medios políticos asturianos no se descarta ningún escenario, incluso, una hipotética moción de censura de los dos partidos de la derecha, con el respaldo del voto de UPyD, para hacer morder el polvo al Gobierno asturiano, aunque esa posibilidad pasaría por una alianza entre Foro y PP que, en principio, parece bastante remota.
La modificación de la ley electoral fue una de las condiciones inexcusables que planteó UPyD para inclinar la balanza en favor de un Gobierno de izquierdas en Asturias, ya que su único voto es decisivo. Al igual que Izquierda Unida, desfavorecida por la actual normativa que regula los comicios, la formación magenta aprovechó la oportunidad del reparto de escaños para tratar de cambiar la ley.
El PSOE, necesitado de ese apoyo para formar gobierno, prometió que habría nueva norma para los comicios y firmó un pacto con ambas formaciones minoritarias en el que expresamente se indicaba esta reforma. Los dos grupos ahora damnificados por la decisión del partido mayoritario de la izquierda son conscientes de que ésta podría ser la última oportunidad para promulgar una ley electoral más justa para sus intereses.
Una estrategia del anterior Gobierno socialista
Izquierda Unida y UPyD quieren acabar con las tres circunscripciones, una maniobra genial que en su día se inventó el consejero de Presidencia del entonces Gobierno socialista de Pedro de Silva, Bernardo Fernández, que, con el pretexto de vertebrar en las urnas los territorios de las alas de la comunidad autónoma, proporcionaba un plus de representatividad a los partidos mayoritarios, con lo que tuvo el visto bueno de los conservadores de entonces.
Congreso de upyd en el que rosa díez se somete a examen de militanciaLa presión de su aliados para que la reforma electoral entrara en vigor cuanto antes en Asturias forzó a los socialistas a aprobar la constitución de una ponencia que aprobaría un dictamen sobre la nueva ley y que teóricamente sería apoyado por los tres socios de la legislatura. La mayoría de los expertos participantes en dicha ponencia recomendaron que la reforma incluyera elementos de proporcionalidad que no perjudicaran a las formaciones que en la zona centro tenían votos de sobra, pero que no contaban con idéntico respaldo en los territorios oriental y occidental. Algunos se mostraron favorables a la retirada de las tres circunscripciones, pero no fue mayoritario este punto de vista.
Después de varias reuniones entre los tres partidos, UPyD e IU renunciaron a seguir postulando a favor de la circunscripción única, pero acordaron con el PSOE mantener una bolsa de diez diputados que se elegirían por cociente. Es decir, que de los 45 parlamentarios con los que cuenta la Junta General del Principado (la derecha quería rebajarlos a diez menos) 35 serían designados por el procedimiento electoral habitual y los diez restantes se someterían al escrutinio del cociente, con lo que a los partidos minoritarios les podría suponer una adición de un par de escaños, como mucho, lo que sería asumido por el PSOE, ya que no representaría una sangría sustancial de representación.
Elecciones primarias obligadas
Otro de los elementos clave de la reforma electoral abortada es la aparición de las listas desbloqueadas, en las que los candidatos a partir del número dos podrían sufrir el castigo de los electores y no verse favorecidos por el llamado voto preferencial. Incluso un elegible en una posición posterior podría obtener escaño antes que otro de los primeros de la lista si conseguía más respaldo ciudadano. Esta circunstancia podría, incluso, provocar fricciones entre los miembros de una misma lista que se verían prestigiados o rechazados por lo electores a pesar de integrar la candidatura oficial del partido. Además, los cabezas de lista deberían someterse obligatoriamente a elecciones primarias.
Algunos analistas políticos colocan en este apartado de la ley la verdadera oposición de los socialistas a la entrada en vigor de la reforma electoral, ya que la desafección ciudadana hacia algunos de sus primeros espadas por su larguísima trayectoria política en el Parlamento y su poco respaldo popular les harían vulnerables a la 'venganza' de los ciudadanos y algunos de ellos podrían terminar su carrera política con más pena que gloria. Sin embargo estas hipótesis son rechazadas de plano por los afines al partido del Gobierno que recuerdan que en las papeletas para el Senado, también desbloqueadas, no hay gran diferencia entre los integrantes de un mismo partido, salvo las relativas al orden alfabético de colocación en la lista.
Curiosamente, los socialistas a escala nacional postulan una reforma electoral con listas desbloqueadas, tal y como han manifestado algunos de sus dirigentes y aparece en los borradores de los documentos que serán discutidos en la conferencia nacional que el PSOE tiene previsto llevar a cabo proximamente y que cuenta con un gran porcentaje de aceptación entre su afiliación. EL CONFI.I