Vá de Presupuestos....

Luz verde al “Presupuesto de la recuperación”

5 dias

GRA168. MADRID, 19/12/2013.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante unas declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, en las que se ha felicitado por la aprobación de unos presupuestos generales del Estado para 2014. EFE/Ballesteros

(EFE)

El cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos recoge el primer crecimiento del PIB en dos años y marca el fin de una recesión que se ha extendido durante nueve trimestres hasta el pasado mes de septiembre. Sin embargo, sobre las cuentas pesan dos losas como son la deuda pública, que rozará el 100% del PIB en 2014, y el paro, que no bajará del 25% en los dos próximos años. Solo esos dos conceptos se comen el 19% del Presupuesto y si a ello se le suma la partida de las pensiones, el porcentaje llega al 54%.

La rebaja de la prima de riesgo, que ha situado el tipo del bono a diez años en el entorno del 4%, generará un ahorro adicional de 5.000 millones, unas ganancias que se mantendrán también el año que viene. Una de las grandes dudas que persisten para 2014 es cómo funcionarán los ingresos tributarios, toda vez que se mantiene un año más la subida del IRPF y no se esperan cambios en el IVA, lo que sin duda puede afectar al crecimiento del consumo doméstico y de la inversión, los dos elementos de la demanda interna.

Estos son los principales cambios que se han introducido en las cuentas públicas y en las leyes aprobadas hoy:

Pensiones

El Pleno del Congreso ha dado luz verde al proyecto de ley de reforma de pensiones con el único respaldo del PP y el rechazo de toda la oposición, que se comprometió a “echarla para atrás” cuando haya cambio de Gobierno. En la tramitación, los grupos han tratado de defender, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas.

A partir de 2014, las pensiones ya no se revalorizarán anualmente según el IPC del mes de noviembre. Desde 2014, el Gobierno de turno se servirá de una fórmula matemática (denominada factor de revalorización) para fijar cada año la cuantía en la que se actualizarán las prestaciones al coste de la vida. Esta fórmula tendrá en cuenta los siguientes datos: el importe de los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social y la tasa de variación anual del número de pensiones contributivas. En ambos casos, estas cifras se calcularán tomando una media móvil de los cincos años anteriores, el año en curso y la previsión que haga el Gobierno para los cinco años siguientes.

Las prestaciones deberán subir como mínimo un 0,25% cada año (es el porcentaje previsto para el próximo año) y no podrán superar una subida igual al IPC del año anterior más un 0,50%. Así, la ley impide también que los Gobiernos bajen o congelen las pensiones. De este modo, los pensionistas, pese a que se respete el suelo del 0,25%, pueden perder poder adquisitivo si los precios suben más que las prestaciones. Por ello, en su paso por el Senado, el Gobierno ha incluido el mandato de evaluar, cada cinco años, el modelo por si hace falta cambiarlo.

El otro gran eje de la reforma de pensiones es el factor de sostenibilidad, que no entrará en vigor hasta 2019. A partir del 1 de enero de ese año entrará en vigor este elemento, que a los actuales parámetros que se usan para determinar la cuantía de la prestación de jubilación (edad de retiro, número de años cotizados o cantidades aportadas) añadirá un nuevo coeficiente que relacione la cantidad resultante con la esperanza de vida del pensionista en el momento de cumplir 67 años. Así, cuanto más crezcan las medias de esperanza de vida, más recortada se verá la pensión inicial de los nuevos jubilados a partir de 2019.

Según los expertos a los que el Ministerio de Empleo encargó un primer informe sobre esta reforma, las nuevas prestaciones podrían recortarse un 5% nominal cada diez años por el efecto de este factor.

Reforma local

Era uno de los grandes proyectos de reforma que asumió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando llegó a La Moncloa. En sus primeros bocetos abogaba por reducir el número de concejales, eliminar municipios y fijar un coste estándar para cada servicio. En este último punto si el precio que se ofertaba no se adecuaba al estándar, la prestación del mismo debía darse a otra administración o a una empresa privada. La rebelión de un gran número de alcaldes de todas las formaciones políticas obligó a reformular el texto al equipo de Administraciones Públicas, que sostuvo una dura pugna con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Finalmente, la norma limita el sueldo de alcaldes y concejales y refuerza el control sobre el gasto y la Administración que lo asume. De este modo, los municipios dejarán de asumir más de 4.000 millones en gastos impropios que le corresponden a las autonomías, que dispondrán de un plazo de tres años para hacerse cargo de ellas. La norma, además, fija que las competencias en educación, sanidad y servicios sociales pasarán íntegramente a los presupuestos autonómicos en un espacio de tiempo que no superará los cinco años.

El texto no ha dejado contento a casi nadie. Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias ya han amenazado con recurrirla ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias autonómicas y el PSOE también mantiene su intención de recurrir el texto ante el TC. “Es un ataque sin precedentes al mundo local, al despojar a los ayuntamientos de sus competencias y desmantelar y privatizar los servicios públicos municipales”, subrayó el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías.

Ley de Cajas

El principal cambio introducido en el proyecto de ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias se refiere a la letra pequeña que permite ciertas compatibilidades para ocupar cargos en los nuevos patronatos y en el consejo de administración del banco. Una disposición pactada por PP y CiU establece unas excepciones a la norma general de que la condición de patrono sea incompatible con cargos equivalentes en la entidad bancaria de la que la fundación sea accionista o en otras entidades controladas por el mismo grupo bancario.

Así, las personas que a la entrada en vigor de la normativa ocuparan puestos en los dos órganos de gobierno podrán compatibilizar sus puestos siempre y cuando no conlleve funciones ejecutivas en ambas instituciones, que el número de miembros compatibles no exceda del 25% del consejo de administración, y que esta situación acabe con el fin del mandato en curso o, como muy tarde, el 30 de junio de 2016.

Por su parte, las cajas que, a la entrada en vigor de la ley, lleven más de seis meses inmersas en el proceso de transformación deberán continuar con el mismo sin poder extenderse durante más de tres meses adicionales

Deuda comercial

Tras gastarse más de 40.000 millones en dos planes de pago a proveedores para saldar la deuda acumulada por las administraciones públicas hasta el 31 de mayo de 2013, el Ejecutivo quiere establecer una cultura de pago a través del anteproyecto de ley de deuda comercial, con el fin de adecuar los estándares marcados por la directiva comunitaria de plazos de pago (30 días para el sector público y 60 para las empresas). Los últimos datos confirman que España aún está lejos de esos registros: las empresas pagan a sus proveedores a una media de 93 días y las administraciones a 141 días.

Para corregir esta situación se ha diseñado un esquema para que las facturas que no sean pagadas en plazo por las administraciones sean abonadas por Hacienda. El Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro recuperará esos recursos reteniendo el citado importe de las transferencias que realiza al resto de administraciones. Una solución que no ha dejado satisfecho a autónomos y proveedores, que auguran que el problema no dejará de producirse si no se coge “el toro por los cuernos” y se aplican multas incluidas en un régimen sancionador. Estas irían desde establecer un recargo del 20% del principal a partir del primer día que supere el plazo legal o faltas muy graves que podrían desembocar en el cierre temporal de la empresa por un espacio de dos años.

Factura electrónica

“Si esta Ley se hubiera hecho hace años, hubiéramos evitado el cierre de muchas empresas”. Con esta frase, el diputado del PP, Antonio Vázquez, defendió en el Senado la ley de impulso de factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, que ayer finalizó su recorrido parlamentario. Supone la mejora en el control y el rigor de la gestión de las Administraciones Públicas y garantiza los pagos y lucha contra la morosidad de éstas con sus proveedores”. Todos los proveedores tendrán la obligación de presentar las facturas en el momento en el que hayan presentado los servicios prestados, o los bienes entregados, y lo harán en un plazo de 30 días desde la entrega efectiva de la mercancía o la prestación de servicios. Fuera de este sistema quedarán las facturas inferiores a 5.000 euros, a las que se les puede aplicar el anticipo de caja.

Una vez esté implantado el nuevo sistema, la presentación de la factura se realizará de manera telemática, o lo que es lo mismo, desde casa o desde la oficina. Con el código que facilitará la administración contratante, el proveedor accederá al denominado punto general de entrada e inscribirá en él los datos relativos a su factura. En ese momento, ésta será fichada por el registro contable, al proveedor le será remitido un acuse de recibo y a partir de entonces comenzará su periplo digital hasta que sea finalmente abonada la factura.

Una vez inscrita, la administración o el ente gestor pagador deberá dar su conformidad a dicha factura para que empiece a correr el contador de los 30 días de plazo que tendrá para hacer efectivo el abono. Transcurrido un plazo prudente, que Hacienda fijará según la carga de trabajo, un comité de control verificará las causas del retraso. Para el Ejecutivo, los retrasos en los pagos deben dejar de ser la norma en 2014.

La polémica reforma eléctrica

Déficit tarifario

La aprobación del proyecto de ley del Sector Eléctrico se produjo al mismo tiempo que se conocía que el coste de la energía eléctrica para el suministro a tarifa del primer trimestre de 2014 subirá un 25,6%, lo que se traducirá en un incremento del recibo de la luz que rondará el 13%.

Entre las enmiendas aprobadas se ha incluido el reconocimiento de un déficit tarifario en 2013 de 3.600 millones de euros, tras la suspensión de la partida reservada en los Presupuestos de 2014 destinada inicialmente a cubrir ese desfase, que finalmente deberán asumir las eléctricas.

La norma, que tiene como objetivo principal acabar con ese déficit de tarifa para que no siga provocando subidas en la factura, incorpora un mecanismo automático de revisión de los peajes que evitará que la deuda acumulada procedente de esos desajustes pueda superar el 5% de los ingresos previstos para el año y que el déficit anual pueda superar el 2% de los ingresos. En cualquier caso, el déficit tarifario que se pueda generar a partir del 1 de enero de 2014 será financiado por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan, a través de las devoluciones aportadas por este concepto en las liquidaciones correspondientes a los cinco años siguientes, a un tipo de interés que la Administración les reconocerá previamente.

Derogación

Los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-Cha) y UPyD, y los partidos Compromís-Equo, CC, BNG, ERC, Gerona Bai y Amaiur firmaron un compromiso por el que cuando el PP deje el Gobierno derogarán su reforma eléctrica. El compromiso de estos grupos parlamentarios (no lo han suscrito ni CiU ni PNV) y de la mayoría de los partidos del Grupo Mixto –solo han faltado Foro Asturias y UPN– fue impulsado por la Plataforma por un nuevo modelo energético, que integran más de 200 organizaciones políticas, sociales, sindicales o ecologistas. La declaración suscrita les compromete a derogar esa reforma si gobiernan, a restaurar la seguridad jurídica en el sector, a auditar los costes que suponen la producción de energía, a diseñar un nuevo plan en la materia y a eliminar las trabas al ahorro energético, en el caso del autoconsumo, y a las renovables.

Precio voluntario

También, se crea un nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor como referencia máxima para los consumidores que contraten menos de 10kw, sobre el que se podrá aplicar el descuento del bono social, aunque se mantiene también la Tarifa de Último Recurso (TUR), pero solo para los consumidores vulnerables.

Eficiencia en REE

La norma establece que la actividad de Red Eléctrica de España (REE) como gestor del sistema eléctrico deba también buscar la “eficiencia económica” para conseguir que el suministro se realice “al menor coste posible”. También, mejora la participación de las comunidades autónomas en los cambios que se realicen en la planificación eléctrica y en los procedimientos de coordinación en situaciones concretas.