Cinco principios para un buen gobierno de lo público
Mónica Melle Hernández, es Profesora Titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense y miembro de Economistas Frente a la Crisis.
Escuchaba al Presidente José Mújica decir “A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política”. La avaricia y la codicia humana, unidas a la falta de ética de algunas personas, nos llevan a la triste situación actual en nuestro país, irrespirable por los casos de corrupción. Urge un buen gobierno en la gestión de lo público.
No es suficiente que las administraciones públicas hagan las cosas bien desde un punto de vista normativo y de eficacia, sino que un buen gobierno en el sector público debe buscar aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión, fomentar la cultura de ética pública, gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que se producen por la actuación de la Administración, y avanzar en la profundización democrática y en un mayor compromiso con la ciudadanía, mejorando el diálogo y la participación de los grupos de interés.
¿Cómo conseguir un buen gobierno público?
1- En primer término, ampliar las exigencias de transparencia sobre las decisiones públicas. Abrir el gobierno a los ciudadanos y las empresas a través de Internet, un gobierno abierto (como el Open Government del Gobierno Obama) que no sólo proporcione información económica y presupuestaria y de la gestión pública, sino también de las subvenciones y de la contratación pública, y de verificación de en qué se gastan los recursos públicos. En el ámbito de contratación pública para limitar discrecionalidades de cargos públicos es precisa una mayor transparencia de toda relación económica que tiene cualquier administración con cualquier agente económico. Todos los contratos que formalicen las administraciones públicas deberían estar accesibles a los ciudadanos, tanto en el momento de la formalización como con posterioridad. Incluso ¿por qué no retransmitir en directo todas las reuniones de las comisiones y juntas de contratación, a través de Internet? Asimismo, para facilitar una mayor concurrencia en la adjudicación de los contratos, se debe fortalecer la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos y limitar los procedimientos negociados sin publicidad en la contratación
2- En segundo lugar, urge una estricta aplicación de códigos éticos de conducta. Estos códigos son compromisos que adquieren voluntariamente los responsables públicos para aplicar comportamientos éticos, pero para que realmente sean efectivos requieren una cultura ética en la ciudadanía que se irá consiguiendo poco a poco a través de una mayor concienciación y educación ciudadana en materia de tolerancia cero con la corrupción.
3- En tercer lugar, escuchar las demandas sociales y dar participación a los ciudadanos en la vida política. Las mejores ideas y las mejores soluciones a nuestros principales problemas pueden provenir de los ciudadanos. En esta línea, en el ámbito local están cada vez más extendidos los presupuestos ciudadanos o presupuestos participativos. Se trata de contar con la opinión de los ciudadanos para priorizar algunas partidas de gasto, especialmente social, que hoy día es sencillo de implementar haciendo uso de las tecnologías de la información. En el ámbito de la contratación, aumentar la participación y la pluralidad de grupos políticos para tomar decisiones es también una forma de autocontrol, al promover en cierta medida incentivos de supervisión de unos hacia otros.
4- Además, en cuarto lugar, es preciso reforzar el control y las sanciones. La labor de control de la gestión de las finanzas públicas debe ser interna, llevada a cabo por la propia administración, y también externa, desarrollada por el Tribunal de Cuentas y los Organismos autonómicos de control externos, siempre desde la plena autonomía e independencia de los poderes políticos.
En el ámbito de la gestión interna no son suficientes los mecanismos ex-ante de control y fiscalización previa de las decisiones públicas a través de la intervención, son también necesarios mecanismos internos de control ex-post, constituyendo unidades de auditoría interna de la gestión pública para prevenir y luchar contra el fraude. En el ámbito de la Administración Local y para evitar la posible connivencia entre los responsables públicos de ese ámbito y los cuerpos que ejercen la intervención, sus retribuciones deberían ser homogéneas, prohibiéndose la incorporación de complementos específicos o productividades adicionales en tales retribuciones por parte de las propias Administraciones Locales.
En todo caso, es preciso reforzar con medios materiales y humanos las fiscalizaciones y la justicia, modificando los procedimientos para conseguir una acción rápida en la detección y castigo de la corrupción. Deben mejorar las leyes para prevenir comportamientos corruptos, por ejemplo aumentando a cuatro años la incompatibilidad de los responsables públicos para ocupar cargos de responsabilidad en empresas privadas. Y potenciarse los recursos para descubrir los delitos, creando Oficinas Antifraude independientes de los poderes políticos, y generalizando y ampliando el ámbito de funciones de los tribunales de contratación.
Las sanciones también deben aumentarse. En materia de contratación pública, aunque el art. 60 de Ley de Contratos del Sector Público prohíbe contratar con quien hubiese sido condenado por corrupción, es posible que se produzcan subcontrataciones con empresas corruptoras, y eso debería modificarse. Asimismo se pueden incluir en dicha Ley nuevas conductas delictivas a las ya previstas como causantes de prohibición de contratar con las Administraciones Pública. Todo para conseguir eliminar la impunidad.
5- Y en quinto y último lugar, la rendición de cuentas (accountability) que, desde la independencia, objetividad y transparencia, debe ir encaminada hacia la evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos y actuaciones reflejadas en los programas electorales y, en su caso, en los posibles planes estratégicos de las administraciones públicas. Asimismo avanzar hacia el desarrollo de una contabilidad analítica de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos que permita conocer y publicitar los costes reales de cada actuación y política pública. Pero además, los ciudadanos ya no quieren saber sólo en qué gastan las administraciones los recursos que les ceden pagando los impuestos, sino que también quieren saber qué resultados se obtienen con dicho gasto. A lo largo de la segunda mitad del siglo pasado se desarrollaron diversos modelos de presupuestación orientada a resultados[1]. El más conocido es el presupuesto por programas, que siempre incorpora objetivos y resultados; haciendo posible su evaluación.
La evaluación de las políticas públicas es además un instrumento de mejora de la gestión y de la toma de decisiones, ya que promueve un uso más racional de los recursos y facilita posibles correcciones de políticas una vez evaluados sus resultados. Es necesario profundizar en la información de los resultados, esto es, en la información de indicadores de medida adecuados que permitan un correcto seguimiento y evaluación de resultados.
La crisis que estamos viviendo nos obliga a poner en práctica estos principios de buen gobierno de lo público de forma urgente. Recordando además que las ideas y buenos principios para luchar contra la corrupción nunca serán eficaces si no llevamos a cabo un necesario cambio cultural en nuestro país respecto a la tolerancia de la corrupción y si no se dota de los medios y recursos suficientes a las instituciones de control y detección de delitos.
Esperemos todo ello permita mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y acabar con la corrupción. Porque como la democracia no acabe con la corrupción, será la corrupción la que acabe con la democracia.
[1] OCDE (2007): Performance Budgeting in OCDE countries, Paris; y Robinson, M. (ed.) (2007): Performance Budgeting. Linking funding and results, IMF.
