El Gobierno andaluz deja en manos de la Universidad de Málaga una posible sanción al dirigente de Podemos, Íñigo Errejón, si se concluye que incumplió su contrato como investigador para un proyecto financiado con fondos públicos por la Consejería de Fomento. Es la principal conclusión de la reunióncelebrada entre el director principal del proyecto, Alberto Montero, y dos trabajadores del departamento de la Junta. Esta ha sido el quinto encuentro de seguimiento celebrado desde que se contrató la investigación y el primero tras saltar la polémica por el contrato de Errejón. La Universidad de Málaga ha confirmado que abrió el pasado viernes un expediente informativo que tratará de “cerrar lo antes posible” y que recaba información para ver si se está cumpliendo o no el contrato firmado con el dirigente de Podemos.
La financiación pública asciende a 284.601 euros para un proyecto con catorce investigadores. La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la viviendacontratada por la Consejería de Fomento se encuentra a un 53% de ejecución. La próxima reunión se ha fijado para enero de 2015. Fuentes del Gobierno andaluz insistieron en que a ellos les corresponde sólo supervisar el cumplimiento del contrato cerrado con la Universidad, pero nada más. En la Junta entienden que sólo cuando expire el plazo dado para presentar la investigación, el próximo junio, y si no se cumplen los requisitos exigidos podrán tomar medidas. Mientras es la Universidad de Málaga la que debe velar por las condiciones del contrato, insisten.

Vídeo: Errejón, en el centro de la investigación

Según confirmaron fuentes de la Universidad el pasado viernes, se abrió una investigación interna que podría llevar a un expediente disciplinario si se comprueba que Errejón incumplió su contrato y que tendría como sanción la suspensión de empleo y sueldo. Es la primera vez, admitieron, que se enfrentan a un caso de estas características y con una “gran presión mediática” tras destapar El Mundo este caso. No hay plazo para concluir el expediente coordinado por un delegado para la inspección que está solicitando el testimonio de los distintos implicados. Hay muchas dudas. El puesto de investigador por el que Errejón cobra 1.825 euros brutos mensuales fijaba 40 horas de trabajo semanales con carácter presencial. Además, la ley impide compatibilizar esta función con otras actividades privadas. El secretario de Política de Podemos se incorporó al proyecto el 17 de marzo de 2014 y a la vez desempeñó sus responsabilidades como director de campaña de las elecciones europeas para su partido y asesor. Cobró por ambas vías. Desde abril a julio, Podemos acreditó el pago de 7.476 euros a Errejón por sus servicios.
Desde la Universidad de Málaga señalan que en casos excepcionales se podría compatibilizar el desempeño de actividades privadas e incluso justificar el trabajo a distancia del investigador, pero el director del proyecto debería haberlo comunicado y pedir un permiso especial. Ese paso no fue dado nunca por Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada, que también es miembro de la dirección de Podemos.
El contrato de Errejón sigue en vigor y él continúa cobrando. Su baja se contempla a partir del 16 de diciembre, según aclaró la Universidad de Málaga. El dirigente de Podemos sí trasladó al director de su proyecto el pasado septiembre que no iba a poder seguir compatibilizando sus dos tareas y su plaza salió a concurso público en octubre, pero quedó desierta. La universidad insiste en aclarar que en cualquier caso esa plaza, que volverá a convocarse, iba a quedar vacante cuando se agotara el contrato y que Errejón, de momento, no ha cesado en su puesto. Desde la universidad admitieron que las características requeridas para el puesto tenían un perfil muy concreto y exigían ser licenciado en Ciencias Políticas. Montero ha admitido públicamente que llamó a Errejón “y otros amigos” para cubrir la plaza que salió a concurso público.
Universidad de Málaga. Universidad de Málaga.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, insistió en que es la Universidad de Málaga la que debe dar cuenta de la posible incompatibilidad de Errejón tras comprobarse que tuvo ingresos de su partido político y tomar medidas. “Estaremos extremadamente vigilantes en el cumplimiento de las obligaciones de este proyecto de investigación”, agregó. La Junta pedirá el reintegro de la subvención si no se cumple con el trabajo. La presidenta Susana Díaz insistió en que a Errejón hay que aplicarle “la misma vara de medir” que al resto de políticos y que si el uso de los fondos públicos no ha sido correcto “tendrá que devolver el dinero como cualquier otra entidad”. La Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés (IU), es mucho más cauta en sus pronunciamientos y se muestra incluso molesta por el revuelo mediático ocasionado con este contrato. El aspirante Alberto Garzón, que se postula para ser candidato de IU en las generales, ha advertido de una campaña “del sistema” para fragmentar a la izquierda y para buscar “trapos sucios”. Queda claro que Izquierda Unida está en una campaña de guante blanco con Podemos.
En el Gobierno andaluz han existido diferencias internas sobre cómo afrontar esta polémica. Mientras que los socialistas hubieran estado encantados de utilizar el caso para “desmontar” a quienes denuncian la castapolítica, desde IU, que finalmente ha impuesto su criterio, advertían de que sobredimensionar el escándalo podría convertirse en un bumerán en su contra. La sanción, finalmente, quedará en manos de la universidad.