Cuarenta años de cárcel y 6,7 millones en multas para el mayor caso de corrupción juzgado en Asturias
GráficoLa Audiencia Provincial concluye que el Principado albergó una trama corrupta e impone al exconsejero Riopedre una condena de seis años
La peor parte se la llevan los cinco grandes protagonistas de esta historia. Por firmar contratos falsos, favorecer a empresarios amigos y beneficiarse de ello, al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre le caen seis años de cárcel a sus 77 de edad. Su 'número 2' María Jesús Otero se lleva la mayor pena, nueve años y medio por amañar concursos a cambio de sobornos. A la exjefa de servicio Marta Renedo se la castiga con nueve años de prisión por desviar fondos a una empresa de su propiedad y utilizar para ello las identidades de otras dos mujeres. Los 'engrasadores' de esta trama serían Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, dueños de las ya quebradas Igrafo y APSA, que afrontan ahora seis años y medio de privación de libertad cada uno por la compra de favores.
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Todos fueron detenidos en la redada del 24 de enero de 2011. Lo que sucedió después ha servido para aquilatar las pruebas en su contra y agregar a otros tres responsables a la nómina de condenados, eso sí, con penas mucho menores. Se trata de Antonio Azorín, al que se le impone un año de cárcel por cobrar dinero del Principado presentando justificaciones de trabajos no hechos en su integridad. También cae Maximino Fernández, con un año y nueve meses de prisión por cooperar en una operación de desvío de dinero público a favor de Renedo. Aunque el empresario informático fue matizando su versión a lo largo del proceso, la Audiencia le aplica el atenuante de confesión, dado que fue el único que reconoció hechos que permitieron incriminar a otros.
35 absueltos en total
Existen 35 personas que resultaron imputadas durante el proceso, sin que al final existieran indicios suficientes para el reproche penal. Los últimos en quedar absueltos, en la resolución de ayer, son Paz Pendás, Isaac Ovies y José Villa, todos empleados del área de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo; el trabajador de la Universidad José Manuel Blanco; y el arquitecto del Ayuntamiento de Avilés, Braulio Iglesias.La operación que sacó a la luz el caso, hace seis años y medio, sacudió la región. Nunca antes jueces, fiscales y policías habían esposado y metido en el calabozo a un exconsejero. El Principado estaba acostumbrado a ver desde la distancia la corrupción de Andalucía, Madrid y Cataluña, creyéndose a salvo de la lacra. La investigación avanzó destapando primero los fallos en los controles del Principado y dejado después al descubierto las insuficiencias del propio sistema judicial.
Lo de ayer fue una muesca más. La Sección Tercera tenía anunciado desde julio que los procuradores recibirían la sentencia íntegra durante la mañana, concretamente entre las diez y media y las once y media de la mañana, a través del sistema informático Lex Net. Fijaba así el 'día D' y la 'hora H'. Hace 2.767 días que una ciudadana cursó la denuncia con la que empezó la investigación y trece meses desde que el caso quedó visto para sentencia. Jueces, fiscales y afectados reconocen que es un tiempo excesivo, pero parecía que esta vez al menos existía una perspectiva clara.
Pasada la hora señalada, ningún papel había salido del juzgado. La sentencia, que ocupa alrededor de un millar de folios, no fue entregada siquiera al secretario judicial para que la transmitiera por Lexnet al Colegio de Procuradores, centro que a su vez debe reenviarla a las partes. El sistema informático no admite archivos que pesen más de quince megas y el 1 de septiembre, a la vuelta de vacaciones, los juzgados tienen mucho que subir a Lexnet. Imposible usar esa vía.
A mediodía, la Audiencia activaba un plan alternativo. Daba a conocer el fallo, esto es, seis folios en los que fija los delitos y penas de los culpables, pero demoraba la entrega del resto. Los procuradores deberán ir al juzgado con un USB para que el jueves les faciliten los razonamientos jurídicos y hechos probados que justifican los castigos impuestos. Horas después la Sección remitía una nueva notificación, advirtiendo de que el fallo entregado antes cargaba sobre las espaldas de Otero diez años de prisión por error. En realidad la sentencia lo deja en nueve y medio.
La saturación y falta de medios con los que trabaja la Justicia ha retrasado el desenlace, pero no es directamente responsable del principal cabo suelto que deja la sentencia. Aunque el fallo fija las multas correspondientes a cada delito, la Sección Tercera condena a María Jesús Otero, Víctor Manuel Muñiz, Alfonso Carlos Sánchez y Marta Renedo a indemnizar al Principado por los perjuicios causados, pero en una suma «a determinar en ejecución de sentencia». Es decir, siete años y medio de proceso no han bastado para concretar cuánto repondrán al erario autonómico.
Parte de los condenados va a recurrir el veredicto ante el Tribunal Supremo, lo que obligará a esperar a que emita su parecer antes de iniciar un nuevo trámite en el que el Principado deberá aclarar qué dinero considera que se le debe y presentar las pruebas que tiene. Los afectados tendrán voz para discutirlas de nuevo. En la práctica, la Audiencia posterga a 2018 la gestión para recuperar los fondos. A la espera de conocer la sentencia que explique su decisión, todo apunta a que en este momento carece de pruebas suficientes para cerrar una cifra cierta. La omisión tiene una larga génesis detrás. A los pocos meses de estallar el escándalo, el Principado encargó dos informes periciales a la Inspección General de Servicio para cuantificar el quebranto causado por Marta Renedo. Respecto a la Consejería de Educación, prefirió esperar.
Una cifra incierta
Solo en 2015, cuando las acusaciones trataban de hacer un pacto con las partes y la Fiscalía aclaró que no se opondría al mismo, el Principado hizo un primer intento por levantar las alfombras de la consejería. Cotejó las facturas pagadas a Igrafo y APSA entre 2009 y mediados de 2010, comprobando que había materiales valorados en cuatro millones que no se localizaban en los centros donde supuestamente fueron entregados. La Administración regional intentó incluir ese informe a unas semanas de iniciarse el juicio, pero la Fiscalía y la Audiencia Provincial lo rechazaron. Los indicios llegaban demasiado tarde y su monto era muy grande como para asumirlo sin investigar antes. En sus escritos de acusación, tanto el Principado como la fiscal dejaban en manos de la Audiencia poner la cifra en la sentencia, un papel que los magistrados han rehusado.La devolución tendrá que esperar pero, ¿qué pasa con la prisión? Como la condena no es firme y será recurrida, la pelota queda del lado de las acusaciones. Tienen en su poder solicitar una vista en la que reclamar a la Audiencia Provincial que no espere y dicte las órdenes de prisión. Por ahora la acusación ejercida por Podemos es la que más se inclina hacia esa vía, mientas que la que representa a una víctima de Renedo lo está considerando en lo tocante a la funcionaria. Hasta ayer, el resto era remiso a activar ese trámite, dado el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos y las escasas opciones de que los condenados los repitan. Su decisión dependía de la contundencia de un fallo que ayer empezó a emerger, pero cuyos fundamentos no se conocerán hasta el jueves.
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