En un radio de cien metros, el poder judicial español tomó ayer dos decisiones que van a entrar en los libros de historia. La cuestión de Catalunya es cada vez más la cuestión de España. A medida que pasan los días, a medida que pasan las horas, a medida que todo empeora y se complica, el diagnóstico se hace cada vez más evidente. La cuestión de Catalunya es la cuestión de España. En un radio de cien metros, alrededor de la plaza de la Villa de París, el poder judicial español adoptó ayer dos decisiones contradictorias, que van a llamar la atención de la Unión Europea. Desde anoche, Carles Puigdemont tiene más relato y más incomodidad en Bruselas.
En la sede del Tribunal Supremo, el juez instructor Pablo Llanera concedió una semana más de plazo a los abogados de los miembros de la Mesa del Parlament para preparar mejor la defensa de sus clientes, aforados y acusados por la Fiscalía General del Estado de los delitos de rebelión, sedición y malversación. Preparen mejor la defensa. Medida distensiva. Cuarenta y ocho horas antes, la sala segunda del Tribunal Supremo había introducido un significativo matiz en el auto de admisión de la querella: el delito de rebelión podría ser reconsiderado. Garantismo y posible reescritura de la acusación fiscal, con la mirada puesta en Europa. Timbre de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda y figura de referencia en el sector conservador de la magistratura española.
Garantismo y una cierta distensión, mientras en Catalunya se deciden las candidaturas para las elecciones convocadas por el Gobierno central en aplicación del artículo 155. Una justicia atenta al polvo del camino.
A la misma hora, en la Audiencia Nacional se desestimaba cualquier aplazamiento garantista de las declaraciones de los consellers –sin aforamiento desde el sábado– y la jornada concluía con nueve órdenes de prisión. Después de encarcelar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por el presunto delito de sedición, la juez Carmen Lamela emitía otro durísimo auto, en perfecta sintonía con la fiscalía. El toque José Manuel Maza.
Una foto antigua, en blanco y negro, regresaba, implacable, hablándonos del eterno carácter circular de la historia: Lluís Companys y seis de sus consellers detrás de los barrotes, tras los hechos de octubre de 1934. El eterno retorno. Así hablaba Zaratustra: dos años después de aquella fotografía, ganó el Frente Popular; el Front d’Esquerres, en Catalunya.
El encarcelamiento de medio Consell Executiu después de una declaración de independencia muy entrecomillada y sin ningún disturbio en la calle, convierte las elecciones del 21 de diciembre en un plebiscito contra el Gobierno central. La tensión vuelva a enmarcar con fuerza la cuestión catalana. Nuevas señales de alarma en Europa. La repetida sugerencia de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo –destensar, dialogar– ha sido desoída. Las elecciones convocadas por Mariano Rajoy pueden estallarle en las manos en Navidad. Cuando eso ocurra, la derecha de la derecha le pedirá cuentas. La legislatura española puede entrar definitivamente en crisis antes de que llegue la primavera.
¿A quién obedece el fiscal Maza?
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