R. SANTAMARTA
MADRID / LA VOZ
MADRID / LA VOZ
Cinco meses después de la resolución del Banco Popular y de su adquisición exprés por el Santander, la entidad que preside Ana Botín comenzará a negociar con los sindicatos el primer ajuste de personal derivado de la integración de ambos bancos. La cita será este viernes, a las 10.30 de la mañana, en Madrid, y, tal y como avanzó el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, durante la presentación de los resultados del tercer trimestre, la regulación de empleo que se pondrá sobre la mesa se circunscribirá a los servicios centrales del grupo.
Sin embargo, aunque el grueso de dichos servicios están ubicados en Madrid, el ajuste podría afectar también a Galicia, ya que aquí operan algunas funciones que el Popular en su día, tras la compra del Pastor, decidió dejar en la comunidad. Hay algunos servicios a distancia, por ejemplo, externalizados que dependen de Madrid, no de la dirección territorial.
Aunque el Santander aún no ha planteado cifra oficial alguna para este primer expediente de regulación de empleo (ERE) ni tampoco las condiciones en las que se llevará a cabo, diversas fuentes consultadas han señalado que el número de trabajadores afectados estaría en torno a 1.200-1.500 de ambas entidades, y que el objetivo es que esté concluido el 31 de diciembre de este año. Igualmente, por ajustes de personal realizados con anterioridad, es previsible que se recurra a las bajas incentivadas y las prejubilaciones. Aún es muy pronto para marcar una franja de edad a partir de la cual se podría negociar.
El secretario de la sección sindical de CC. OO. en el Popular, José Ignacio Romo, aseguró ayer que desde la dirección del Santander no se les ha trasladado detalle alguno, más allá de emplazarlos a la reunión del viernes «relativa a la integración». En todo caso, respecto a la posible cifra de afectados en los servicios centrales de ambos bancos, admitió que, de moverse en esas cifras, les «asustaría, porque es un número elevado».
El Santander tiene previsto generar unas sinergias de costes -no de ingresos- de 500 millones de euros anuales a partir del 2020, mientras que los costes de reestructuración de ambos bancos están estimados en 1.300 millones.
En lo que respecta al ajuste de la red comercial del grupo -sería en esta fase en la que se incluirían las sucursales del Pastor-, este no comenzaría hasta finales del próximo año o principios del 2019, en un calendario paralelo a la integración informática de las dos entidades, convertida en este momento en prioridad y «mayor preocupación» del Santander, así como en el área en la que más recursos se están invirtiendo.
Pelea por la marca Pastor
La intención de los sindicatos en Galicia es que, en el plazo que aún resta para que se ponga sobre la mesa el recorte en la red de oficinas, seguirán peleando por el mantenimiento de la marca Pastor en la comunidad, ya que es una vía más para garantizar el mantenimiento de la mayor cantidad de empleos. A este respecto, el consejero delegado del Santander explicó la pasada semana que, aunque la política es ir a una marca única, «los tiempos para hacerlo se irán estableciendo en función de un análisis de mercado».
Álvarez abrió la puerta a que ambas enseñas convivan «por un tiempo» indeterminado, siguiendo el modelo de Totta en Portugal o Santander Río en Argentina.
Sobre el futuro de la red de oficinas del Popular, en los planes de Ana Botín está destinarlas en su mayor parte a banca para empresas, precisamente el segmento en el que la entidad es líder indiscutible.
Evo cerrará casi toda su red con un ERE para el 60 %
Evo Banco pondrá en marcha un nuevo ERE que afectará a entre 260 y 270 empleados, lo que supone hasta el 60 % de su plantilla, e implicará el cierre de unas 39 oficinas, correspondientes a casi el 90 % del total, según ha indicado la entidad. Evo es una entidad sin red ni personal en Galicia, aunque su origen está en esta comunidad: nació de las oficinas de fuera de la comunidad que vendieron a un fondo de inversión las antiguas cajas gallegas. Al frente está el lucense Enrique Tellado. Con este severo ajuste, el objetivo del banco se limita a cinco oficinas repartidas entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao.
La Barrié recurre contra el FROB la resolución del banco
La Fundación Barrié se ha sumado al aluvión de demandas presentadas en la Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la resolución del Popular el pasado mes de junio. Esta organización era el principal accionista gallego del banco con alrededor del 1,4 % del capital y también ha presentado demanda en Luxemburgo, en el tribunal europeo, contra la operación ordenada desde la JUR. Con la resolución del banco perdió una participación valorada en 18 millones de euros, y dio un golpe a sus cuentas. Al frente de la Barrié está José María Arias, exvicepresidente del Popular, que también ha recurrido.
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