Oviedo lleva pagados 105 millones de euros en deudas del PP en cuatro años
A los 70 millones que afronta el Consistorio en esta legislatura por el Calatrava y Villa Magdalena, entre otros casos, se suma Cinturón Verde
El equipo de gobierno ha comparecido unido para denunciar la última millonada que tendrá que pagar la ciudad como consecuencia, criticó, «de la gestión del PP». Esta semana, confirmados los malos augurios, se supo que el Ayuntamiento tendrá que desembolsar casi 20 millones de euros por el Calatrava, lo que el tripartito aprovechó para pedir que no se olvide que «la época negra» del PP ha costado a la ciudad «70 millones de euros en dos años y medio».
Sin embargo, tomando como referencia los últimos cuatro años se rompe la barrera de los 100 millones, ya que Oviedo se ha dejado 105 millones en herencias de los años que Gabino de Lorenzo fue alcalde. Claro que su sucesor, Agustín Iglesias Caunedo, no protestó cuando a la ciudad le tocó saldar las cuentas de Cinturón Verde y abonar 33 millones de euros por 3.300 plazas de aparcamiento que nadie quiere; tampoco lo hizo para incorporar a 80 educadoras infantiles a la plantilla municipal por cerca de dos millones de euros.
Cinturón Verde si fue una jugada sí fue difícil. Con el PP en minoría y Foro levantisco y dividido, Caunedo logró que los 'casquistas' dieran el visto bueno a unas cuentas en las que se pedía el préstamo multimillonario para enterrar, a caballo entre la deuda y el patrimonio municipal, el fracaso de la construcción de los estacionamientos impulsados por De Lorenzo.
Pero, ¿qué pasa con las cuentas municipales cuando se tienen que forzar para tapar un agujero? Por un lado, la tradicionalmente pobre ejecución del capítulo de inversiones se dispara: en 2013 fue casi del 80%, se gastaron 44,6 de los 55 presupuestados. Claro que 33 fueron a pagar los aparcamientos y los otros 11 salieron directamente del remanente de tesorería para obras pequeñas y sostenibles como marca la ley. Cosas que lucen poco y de difícil gestión y que arrastran las cuentas a incumplir la regla de gasto.
Cifras parecidas se ven en los números del año pasado, aún con la liquidación sin aprobar. Los 33,8 millones de Villa Magdalena y otras expropiaciones que el PP olvidó pagar en 1998 situarán la ejecución del capítulo de inversiones por encima del 60%, volverán a romper la regla de gasto y dejarán lo poco ejecutado en nuevas dotaciones en unas pocas obras con cargo al remanente.
El impacto de la inadmisión de los recursos contra la sentencia que dejó en 18 millones de euros la liquidación del Calatrava tendrá un efecto similar. El Ayuntamiento preveía invertir 34,8 millones de euros este año, que se financiarían con un préstamo de casi 30 y recursos ordinarios para el resto. Era un intento de evitar los problemas del año pasado, cuando tras fiar las inversiones al remanente, la mayor parte se volvieron inejecutables por las restricciones legales al uso del dinero del superávit. El plan era llegar con el presupuesto y la liquidación del anterior listos en marzo y poder hacer modificaciones de recursos de financiación que no necesitan ir a Pleno ni a información pública, para ir cargando al superávit lo que ahora figura con cargo al préstamo.
La trampa
Con el fallo, casi 18 millones del crédito volarán. «Dos de cada tres euros en inversiones», resumió el concejal de Personal, Iván Álvarez. Oficialmente, restarían aún 16 millones para nuevas obras, una cifra nada desdeñable y que dobla la inversión ejecutada el año pasado, pero el número es engañoso.
El Calatrava no es el único lastre. El Ayuntamiento tiene pendientes aún parte de los recursos por las expropiaciones de Rodríguez Cabezas o el desenlace último de las de Loma del Canto. Cosas que se cargarían también al capítulo de inversiones, más peligrosas son otras confirmadas y que afectan al gasto corriente y no pueden pagarse con cargo al préstamo. Las sentencias de colaboración social y otras de personal pueden sumar cuatro millones a los 1,5 de intereses por el Calatrava; lo justo para 'comerse' la parte de inversiones que se pretendía financiar con recursos ordinarios. Solo quedarían poco más de 10 millones para inversiones que lucir antes de la campaña electoral del próximo año, o ni eso.
El presupuesto en trámite de este año incurre en un déficit de financiación de 23 millones de euros, según el informe de la Oficina Presupuestaria municipal. El agujero también era parecido en 2017, pero hay diferencias, el del año pasado se debía a la sentencia de Villa Magdalena, cuyas consecuencias se pagaron con un préstamo de un fondo especial del Estado. Este se debe a la inclusión de inversiones por más de 34,3 millones de euros.
De las consecuencias dio cuenta el interventor en un informe en el que concluye que el agujero real ascenderá a 4,7 millones de euros y recuerda las medidas que puede tomar Hacienda. Dado que el presupuesto no está equilibrado, el Ayuntamiento necesitará autorización del Principado para poder pedir el préstamo de 30 millones. Con todo, la fecha clave será marzo, cuando el interventor deberá hacer el informe trimestral de seguimiento. Solo entonces se podrá saber cuáles son los números reales de unas cuentas atrapadas en las deudas del pasado de nuevo.
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