El Principado de Asturias está dividido en la actualidad en 78 concejos, de cuyas corporaciones forman parte 938 concejales y en los que la población está tan desigualmente repartida que hay 18 con menos de un millar de habitantes. Todos ellos tienen un ayuntamiento con sus gastos de mantenimiento y personal, con centros sociales o culturales que dependen de ellos y cubren -más cuanto más pequeños- un porcentaje de sus gastos con transferencias del Principado y también ayudas de la administración central. Todos tienen garantizada formalmente su autonomía municipal pero muchos de ellos son incapaces de gestionar por sí mismos los servicios que requieren sus (pocos) habitantes ¿Y si, en nombre de la racionalidad del gasto, la optimización de los recursos y de la mejora de los servicios ese panorama cambiase de raíz? ¿Si Asturias pasase de 78 a 19 concejos, ninguno de ellos con menos de 1.000 habitantes, y de los 938 ediles a 353?
Exactamente esa es la propuesta que el próximo jueves a las 19 horas lanzará en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) el arquitecto Javier Calzadilla. Respaldado por un arsenal de datos frescos -empezando por el padrón asturiano actualizado a 1 de enero de este año- y la normativa vigente en materia de administraciones locales y ordenación territorial, Calzadilla quiere suscitar un debate a largo plazo. Pero, modificando un poco la terminología que hace unos años puso de moda Podemos, quiere hacerlo dando una patada no al tablero, sino en al mapa del territorio asturiano. Consciente del alcance polémico de un proyecto que «puede escandalizar, sobre todo a los alcaldes», el arquitecto prefiere con todo hablar de «un puñetazo en la mesa» que acabe con voluntarismos y guantes blancos y obligue a los municipios a cumplir los dictámenes de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local que de momento tanto el Gobierno central como el del Principado se limitan a «sugerir, insiunar o incentivar».
Una estricta dieta municipal
El mapa que Javier Calzadilla detallará el jueves contempla una Asturias resultado de una estricta dieta municipal: ocho concejos de más de 20.000 habitantes (frente a los siete actuales); seis de entre 10.000 y 20.000 habitantes (son 12 en la actualidad); dos entre los 5.000 y los 10.000 (frente a otros 12); tres entre 1.000 y 5.000 (hay hoy 29 en esa horquilla). Desaparecerían los 18 concejos que en este momento tienen menos de 1.000 habitantes, y aparecerían conglomerados municipales como el de Gijón-Villaviciosa-Carreño o el de Avilés-Gozón-Castrillón-Illas, según un mapa de concejos basado en la división en comarcas que fijaban la Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de 1996 -«todavía en fase de información pública», recuerda Calzadilla-, aunque añadiendo dos demarcaciones a las 17 que allí se fijaban, fundamentalmente para solventar distancias excesivas entre algunas de los núcleos respecto de sus cabezas de municipio, como Somiedo-Grado o Cabrales-Llanes.
Cuenta el arquitecto y autor de esta propuesta, a cuya presentación se ha invitado a alcaldes y al presidente de la Federación Asturiana de Municipios, que emprendió la investigación a raíz del «escándalo» que a su vez le produjo «el hecho de que una serie de municipios asturianos se negasen a rendir cuentas ante la Sindicatura de Cuentas». A partir de ahí, repasó la situación de la normativa desde la Ley de Comarcas de 1986, e incluso antes de la autonomía, en el estudio del Sadei de 1979 en el que se proponía una división de Asturias en 10 concejos. También repasó la situación en el resto del país, donde una ordenación territorial que proviene de 1833 consagra un panorama en el que, de los 8.124 municipios existentes, pinta 522 con menos de 50 habitantes y 1.322 con menos de 100, con regiones como Guadalajara donde esta última situación se da en más del 73% de los municipios.
Menos habitantes que un bloque de viviendas
«Son municipios que tienen menos habitantes que un bloque de viviendas», apunta Javier Calzadilla que precisa, no obstante, que la situación en Asturias «no es muy mala comparativamente, con una estructura provincial más pequeña por ejemplo que la de Cantabria» pero que aun así «necesita mejorar». La aspiración no es nueva. Cita el arquitecto la mencionada propuesta del Sadei, la Ley de Comarcas y los intentos derivados de la reforma de la Ley de Régimen Local de 1985 realizada en 2012 y desarrollada en la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de las entidades municipales de 2017 con una reforma de la Ley de Bases: «un importante paso donde se establecía la labor de secretarios e interventores, la supresión de entidades locales, un ahorro de 12.000 millones de euros en cuatro años…» Pero la fusión de convenios en sí quedaba «a fijar una serie de supuestos con importantes ventajas económicas en subvenciones y convenios» pero en la que no se pasaba del «sean ustedes buenos y fusiónense».
«Todas estas leyes han sido siempre tendentes a proponer la fusión voluntaria de municipios, pero como insinuándolo, diciendo muy tímidamente que sería bueno que municipios colindantes se fusionaran», cuenta el arquitecto, que aporta un dato concluyente: « Desde diciembre de 2013 hasta la fecha se han fusionado dos municipios, y en sentido contrario se segregaron siete». La fusión era un proyecto a largo plazo que «se pensó en desarrollar creando mancomunidades». La eclosión de esa fórmula llegó a impulsar la creación de 16 en Asturias que -añade- «resultaron un auténtico desastre, y de las que solo 6 han mandado cuentas del último ejercicio a la Sindicatura».
En este contexto, el arquitecto hace suya una frase de Luis Jordana de Pozas: «Las mancomunidades se crearon para ayudar a los municipios incapaces, pero ningún municipio de España se considera incapaz». Ahí está, según Calzadilla, el núcleo duro de la resistencia a las fusiones, aparte del drástico recorte de los concejales y «la regulación de sus dedicaciones exclusivas y la remuneración en función del número de habitantes». Eso, más el concepto de autonomía municipal, fuertemente arraigado, «y que ha servido para poner en pie de guerra a los ayuntamientos frente a reformas como la de 2012» junto a otras nociones como «la proximidad de la administración o la atención al ciudadano». «La autonomía municipal, cuando usted la pague y, si no, se fusiona». replica Calzadilla, que argumenta que cuanto más pequeños los municipios, menos es su capacidad de ofrecer servicios satisfactorios a los ciudadanos «y más porcentaje de ingresos proveniente de las transferencia autonómicas o del Estado, como si una tía rica nos estuviese mandando dinero».
Otro obstáculo es la percepción arraigada de que la pérdida del ayuntamiento es una especie de indignidad administrativa o supone una anexión, «cuando un ayuntamiento es solo un edificio, y no barato». «SI eres de Bimenes, sigues siendo de Bimenes aunque no tengas ayuntamiento», razona el arquitecto, que tampoco ve clara la altura de miras de la clase política para este tipo de propuestas. «Desgraciadamente, dada la mediocridad de nuestra clase política, y siento decirlo, lo primero que van a hacer los partidos es ponerse a hacer cuentas a ver quién ganaría las elecciones si se unificasen los municipios», anticipa Calzadilla.
Aunque no se declara partidario del proyecto de Área Metropolitana, cree que la reducción de concejos favorecería su implantación por la mera reducción de posibles voces discrepantes en un proyecto que «para reunir los 800.000 habitantes que se necesitan se ha tenido que extender hasta Muros del Nalón... y si nos descuidamos hasta Santander», ironiza. Cree también que favorece las posiciones del municipalismo al mejorar la capacidad de ofrecer servicios y que, por esto mismo, contribuiría a fijar población en núcleos menores. «No solo cuentan los criterios económicos, sino de servicios, para hacer atractivos los lugares. No basta que 300 personas trabajen en Tineo pero no vivan allí; hay que tener capacidad para retener a la gente ofreciéndoles servicios», asegura.
Finalmente, Calzadilla es muy consciente de que se trata de un proceso de largo aliento, y recuerda que en países como Suecia se tardó medio siglo en reducir los municipios «de mil y pico a trescientos». De momento se conforma con que el jueves, después de sus 45 minutos de intervención, el debate se ponga en marcha. La polémica, seguro que sí.
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