Repasos sustanciales al REINO.....

Reino de España: “Alivio, pero no entusiasmo” Gustavo Buster 03/12/2023 COMPARTIR:Facebook Twitter Telegram A pesar de la campaña de deslegitimación de la derecha y la extrema derecha, Pedro Sánchez fue elegido presidente del nuevo gobierno de coalición progresista el 16 de noviembre, apoyado por 179 votos que incluían no solo a las izquierdas estatales e independentistas, sino también al PNV y Junts. Antes se había registrado por el PSOE la propuesta de Ley de Amnistía, casus belli de la campaña para forzar la convocatoria de nuevas elecciones generales. Lo que ya ha sido bautizado como el “noviembre nacional” -la mayor movilización de las derechas desde el fin del franquismo, según Enric Juliana, que han combinado una feroz oposición parlamentaria, la insumisión de sectores de la administración del estado, muy especialmente del poder judicial, y la movilización de decenas de miles de personas en la calle, poniendo sitio a las sedes del PSOE-, no ha terminado. Pero ha cambiado de objetivo para extender la deslegitimación y bloquear el conjunto de las políticas del gobierno de coalición progresista, buscando no solo romper su mayoría parlamentaria sino abrir brechas y exarcerbar las latentes en el propio gobierno, trasladando la presión de las derechas al seno del propio PSOE. La reorganización parlamentaria del PP, devolviendo a primera fila al sector más extremista desplazado al fondo del hemiciclo, confirma el fin del bipartidismo. El llamamiento de Aznar a que “el que pueda hacer, que haga” tiene eco también en el sector felipista socio-liberal del PSOE. Sin embargo, ni las encuestas registran erosión en el PSOE ni en Sumar de manera significativa, ni la bolsa se ha hundido ante las expectativas del programa progresista de gobierno. Por el contrario, el IBEX 35 ha subido a pesar de las políticas de tipos de interés de los bancos centrales y se ha producido una nueva ronda de anuncios de beneficios extraordinarios de las grandes empresas al cierre de cuentas de 2023. De alguna manera, tras la formación del nuevo gobierno y el anuncio de sus primeras medidas, se ha tornado página, aunque queden por delante temas del calado de la Ley de Amnistía, la vuelta de los exiliados independentistas, la crisis constitucional del poder judicial, la guerra de Gaza y los presupuestos de 2023. Aunque el ambiente general es de pesimismo sobre las perspectivas de futuro (1), como sucede internacionalmente como balance del legado neoliberal, las clases trabajadoras y populares han seguido la formación del nuevo gobierno progresista “con alivio, aunque no con entusiasmo”. La correlación de fuerzas negativa resultado de la amplia movilización de la derecha y la extrema derecha es distinta sobre todo en Euskadi, como han puesto de manifiesto las movilizaciones de los pensionistas y en la sanidad, la manifestación convocada por EH Bildu en Bilbao el 18 de noviembre y la huelga general feminista por los cuidados del 30 de noviembre. En Cataluña, la reorganización del movimiento independentista ha vuelto, a pesar de las nuevas divisiones, a alentar los rescoldos del procés. E incluso el gobierno autonómico popular andaluz ha tenido que llegar a un acuerdo sobre la utilización ilegal de los pozos de regadío en el entorno del parque de Doñana. Descartado que la oposición y movilización de las derechas pueda reventar a corto plazo el gobierno de coalición progresista -al que Felipe VI reconoció su legitimidad democrática plena en el discurso inaugural de la legislatura, aunque se arrogó la representación y continuidad de la “nación” como algo separado y previo a la soberanía popular representada por las Cortes, como argumenta la derecha extrema-, el nuevo objetivo es trasladar toda la presión acumulada en las calles y las instituciones a las elecciones al parlamento europeo de junio de 2024. Unas elecciones que, por su circunscripción única y proporcionalidad, se pretenden convertir en un plebiscito que permita cuestionar con los resultados electorales la legitimidad del gobierno. Por el camino, las elecciones autonómicas gallegas, donde el PP parte con la ventaja del gobierno y de unas izquierdas divididas y, con la excepción del BNG, sin haberse reorganizado tras las sucesivas derrotas. Y las elecciones en Euskadi, donde pugnan por la mayoría el PNV y EH Bildu, aunque el primero contaría con el apoyo del PSOE-PSE para la formación del gobierno. La crisis constitucional del poder judicial Una parte esencial de la estrategia desestabilizadora de las derechas es el mantenimiento de su influencia en el poder judicial, agravando la crisis constitucional que ha supuesto la caducidad hace cinco años del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y su no renovación. El sector conservador del CGPJ -que participó en cenas privadas con Feijoo antes de las elecciones-, ha estado a la cabeza de la ofensiva deslegitimadora de la posible Ley de Amnistía como forma de bloquear la negociación de una mayoría parlamentaria en la que se apoyase el nuevo gobierno progresista. La declaración de diez miembros del CGPJ el 6 de noviembre contra un desconocido borrador de proyecto de ley aun no negociado en su totalidad ni registrado excedía no solo sus caducadas competencias sino que representaba un intento de condicionar ex ante la acción legislativa del Congreso de los Diputados. Pero tras 25 años de hegemonía de la derecha conservadora en el CGPJ no es de extrañar que la declaración del CGPJ se sustentase en una “conjura de togas” más amplia, con el argumento de que la amnistía, en su caso, supondría una revisión de lo juzgado en relación con el procés, y acabaría con la separación de poderes de un estado de derecho. El mecanismo para ello serían las comisiones de investigación acordadas por mayoría en el Congreso de los Diputados sobre la “policía patriótica” a las órdenes del PP, el espionaje a miembros del primer gobierno progresista y otros responsables de fuerzas políticas con el sistema Pegasus adquirido a empresas israelíes, y la actuación de los servicios de inteligencia y policiales en relación con los atentados yihadistas en Cataluña de 2017. En paralelo al debate sobre el carácter constitucional de la Ley de Amnistía, que solo concluirá con el dictamen del Tribunal Constitucional -de precaria mayoría progresista, que las derechas pretenden neutralizar como en el precedente del Estatut en 2010- ante la avalancha de recursos anunciados, se han acumulado los obstáculos en forma de causas insostenibles como la promovida por García Castellón y las declaraciones de jueces como Jesús Barrientos (presidente del TS de Cataluña), Juan Pablo González (presidente de la Audiencia Provincial de Madrid) o la Asociación Profesional de la Magistratura. Sin embargo, la reacción de los dos componentes del gobierno progresista ha sido distinta. El mismo día que el ministro de la presidencia y justicia Bolaños se entrevistaba con el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, buscando “tender puentes”, en la puerta de la sede del CGPJ Sumar presentaba una querella por prevaricación en base al art. 404 del Código Penal contra los firmantes de la declaración contra la entonces inexistente propuesta de Ley de Amnistía. La ofensiva de los sectores conservadores de la judicatura ha continuado. El Tribunal Supremo ha tumbado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala togada y cuestionado el nombramiento como fiscal general del estado de Álvaro García Ortiz por haber decidido el anterior. Y a continuación, el mismo Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado -que en su momento tendrá que emitir un informe sobre el proyecto de Ley de Amnistía-, alegando que no cumple el requisito de “jurista de reconocido prestigio”. La negociación sobre el SMI y la polémica sobre los “subsidios” de paro Con el horizonte del fin de las ayudas sociales originadas por el confinamiento económico de la pandemia, exigidas por la Comisión en su plan de ajuste fiscal para 2024, que debe situar los déficits presupuestarios en el 3% (que en el caso de España supone unos 10.000 millones de euros), se ha desatado también la ofensiva de la derecha económica contra la implementación del programa social del gobierno de coalición progresista. A la espera de la aplazada negociación presupuestaria de 2024, el gobierno intenta encontrar la formula de equilibrio entre mantenimiento del gasto social y ajuste presupuestario en un "decreto omnibus" que incluya la ampliación temporal de las rebajas al IVA, las bonificaciones al transporte público, la subida de los salarios del sector público o el bono eléctrico. Quizás la más importante es la propuesta de subida del salario mínimo interprofesional para alcanzar el 60% del salario medio, en medio de la actual inflación. Con la reforma y recuperación de derechos laborales, la subida del SMI para mantener la capacidad adquisitiva de los salarios y reducir paulatinamente la brecha comparativa con la zona euro, ha sido una de las medidas más importantes del programa social progresista, sobre todo para reducir la pobreza de la población trabajadora, incluidas especialmente las mujeres. La caída de la precariedad en siete puntos y la subida del SMI en un 48% ha permitido que los efectos de la inflación sobre el nivel de vida se hayan visto amortiguado, según los informes de la Agencia Tributaria y de la Encuesta de Población Activa. En este sentido, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, se ha adelantado a proponer una subida del SMI del 3%, en la banda baja de las previsiones del 3-4% acordadas en el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de mayo de 2023, que preveía un aumento de los salarios del 10% hasta 2025, con alzas adicionales del 1% anual por desvío de la inflación en el año posterior. El acuerdo fue una especie de seguro sindical ante los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de marzo en el caso de una victoria del PP y Vox en las generales. Frente a la pretensión de la CEOE, UGT y CCOO han señalado que la inflación subyacente se acerca al 10%. Y el Ministerio de Trabajo ha puesto el énfasis en el objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio, con las evidencias estadísticas acumuladas sobre la efectividad de la medida en la lucha contra la pobreza y para amortiguar el choque inflacionista. En cualquier caso, las negociaciones tripartitas han comenzado ya con una primera reunión. La polémica, sin embargo, ha estado originada por unas declaraciones de la Vicepresidenta primera y ministra de economía Nadia Calviño -seguidas de una entrevista al secretario de estado de economía Gonzalo García Andrés- sobre lo que consideran los “subsidios” al desempleo. Estas prestaciones no contributivas, no “subsidios”, llegan actualmente a unas 800.000 personas trabajadoras, el 52% mujeres, por un monto de 480 euros. La narrativa y explicación del Ministerio de Economía es una vuelta a las tesis neoliberales de que los asalariados no trabajan porque no quieren, se resignan a vivir en la pobreza y no buscan empleo y hay que “incentivarles” para que trabajen. En definitiva, frente a la concepción republicana del derecho universal a unas condiciones dignas de vida, se aplica la lógica de los programas condicionados para pobres, a los que se hace responsables de su propia pobreza, y se les obliga mediante incentivos negativos -como reducir progresivamente el “subsidio”- a aceptar el primer trabajo disponible que se les ofrezca. En una coyuntura de índices históricos de empleo, con 22 millones de trabajadores afiliados a la seguridad social, la tensión en el empleo en algunos sectores es entendido por la patronal como una amenaza de subida de los salarios y extensión de la sindicalización por la negociación colectiva. Por el contrario, la reforma pactada con Bruselas a cambio del nuevo tramo de las ayudas europeas de resilencia y reconstrucción, implica no solo una mejora de la tasa de cobertura, sino que reduce la condicionalidad negativa y aumenta así el número de beneficiarios a unas 400.000 personas, especialmente en el sector agrario en Andalucía y Extremadura donde se concentran bolsas estructurales de pobreza. Y, como se ha experimentado en la anterior legislatura con el ingreso mínimo vital -que el Ministerio de Economía quiere ampliar como la solución-, su implementación ha tenido grandes dificultades por la condicionalidad y el complicado proceso administrativo para solicitarlo, que ha dejado fuera a un importante número de personas que tendrían derecho a él, volviendo a suponer un proceso de estigmatización social. En definitiva, como se ha ido acumulando evidencia empírica en los procesos piloto, la verdadera solución es la aplicación de una renta básica universal que haga llegar sin condicionantes ex ante las prestaciones y permita un control posterior anual a través de los sistemas habituales fiscales en un estado moderno, empezando por la declaración de la renta. Pero ello exige una reforma fiscal progresista en profundidad que cuestione la desigualdad social, una separación del empleo asalariado de los conceptos de prestaciones y subsidios y su sustitución por una concepción republicana de derechos universales como fundamento del estado del bienestar. Mientras tanto, el debate propuesto por el Ministerio de Economía es una mera gestión de los pobres y una estigmatización de la pobreza producida por un sistema económico basado en el beneficio competitivo de unos pocos. Nota: (1) Ver el artículo de Kiko Llaneras sobre un reciente estudio del CIS sobre las perspectivas de la población en España en relación con su futuro. El pesimismo resultante se enmarca con los estudios realizados por el PNUD y publicados como prólogo en su último Informe sobre el Desarrollo Humano de septiembre de 2022, que comenté en un artículo en SP, que señalan que no existen precedentes para la profundidad de ese pesimismo existencial sin remontarse a los años 1930. Cualquier visión alternativa, un programa máximo que movilice no solo más allá de la acumulación de las políticas del mal menor heredadas sino capaz de superar las contradicciones estructurales como el cambio climático o de desigualdad creciente, implican recuperar el sentido de la utopía, lo que Ernest Bloch definió como “el principio esperanza”, que es condición imprescindible para la autoorganización y movilización a medio y largo plazo. Gustavo Buster Es co-editor de Sin Permiso. Fuente: www.sinpermiso.info, 3 de diciembre 2023 Temática: