Que pena no?

Hasta para hacer un Lobby nos cuesta!

A España se le acumulan los expedientes en Bruselas por su incapacidad para hacer lobby

@Eduardo Segovia - 19/11/2009 09:53h

España no deja de llevarse varapalos en Bruselas: a finales de octubre, la Comisión Europea anuló la desgravación fiscal del fondo de comercio por considerarla ayuda de Estado; hace un par de semanas, fueron los rectificados de las obras públicas; y ayer mismo le tocó al FROB. En total, España es el tercer país con más expedientes abiertos por la Comisión y el que tiene más procedimientos abiertos en el Tribunal de Luxemburgo. Según expertos en derecho comunitario, esta situación se debe a la errónea política comunitaria española, puesto que nuestro Gobierno no negocia las leyes antes de aprobarlas.

"La mayoría de los países europeos hablan con Bruselas antes de aprobar normas que saben que van a afectar al derecho comunitario, para saber a priori lo que va a tolerar Bruselas y lo que no, y, por supuesto, para hacer lobby y conseguir que les aprueben lo que más les interesa", explica uno de los especialistas consultados. Un ejemplo es Holanda, que acaba de lograr la aprobación de un régimen fiscal beneficioso para las operaciones intragrupo mucho más escandaloso que normas españolas que han sido rechazadas. "España nunca negocia con la Comisión y, además, aprueba leyes aunque sabe perfectamente que incumplen las normas comunitarias", añade.

Otra fuente más crítica apostilla que "el problema principal es que casi todas las leyes importantes tienen que negociarse con las comunidades autónomas. Y bastante tiene el Gobierno con poner de acuerdo a las 17, como para encima contar con Bruselas: aprueba las normas en España, y si cuelan, cuelan". Además, esta fuente señala que no ayuda nada el que cada comunidad tenga su propia embajada ante la UE y haga la guerra por su cuenta en vez de ir todas las administraciones con una postura común para hacer más fuerza.

Esta forma de actuar de nuestro Ejecutivo actual -y que también practicaba el de Aznar- es muy perjudicial para España en términos de imagen y de costes, porque se desperdician enormes recursos en defender cosas indefendibles que se podrían solicitar hablándolas previamente con las autoridades comunitarias.


Según los registros de la Comisión, España tiene actualmente 15 procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea, cifra que sólo superan Italia, con 24 procedimientos, y Portugal, con 17. Además, muchos de estos procedimientos pasan al Tribunal de Luxemburgo porque España no cumple las resoluciones de la Comisión: así, esta corte abrió 21 casos en 2007 e idéntico número en 2008. El año pasado, España recibió 15 condenas y una sola absolución. La mayoría de estos procedimientos se refieren a cuestiones fiscales, como el fondo de comercio, donde lo grave es el agravio comparativo que supone se condene a España por esta norma fiscal mientras todos los países europeos han inyectado miles de millones de dinero público en sus bancos

Claras distorsiones a la competencia

El denominado fondo de comercio financiero, aprobado en 2002 bajo el Gobierno de Aznar, consiste en la deducción, a lo largo de 20 años (a razón del 5% anual), de la diferencia entre el precio pagado por una empresa y su valor contable. Esta deducción implica que el 30% -el tipo del Impuesto de Sociedades- del fondo de comercio que pagaban las empresas en sus adquisiciones se lo regalábamos todos los españoles. Esta ventaja fiscal explica en buena medida la vorágine de adquisiciones de las grandes empresas españolas en el exterior en los últimos años –nuestras compañías pueden pagar un precio más alto- y, lógicamente, había levantado ampollas en los demás países de la UE.

El asunto de los rectificados se refiere a la práctica habitual en España de incrementar constantemente el coste de las obras públicas por encima del valor al que fueron adjudicadas por concurso. Esto permite a las constructoras españolas presentar ofertas muy bajas y llevarse los concursos convocados por las distintas administraciones, con la seguridad de que después 'completarán su margen' con los rectificados. Aparte de suponer un escándalo para las maltrechas cuentas públicas españolas, esto es una clara distorsión de la competencia, que es por lo que la Comisión nos ha abierto expediente.

El FROB, en el alero

El último varapalo para el Gobierno español es el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria creado para inyectar capital a las entidades financieras -normalmente cajas de ahorros- que atraviesen dificultades o que se fusionen para reestructurarse. Hoy mismo, la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, ha solicitado a España que se aclare sobre si va a someter al escrutinio comunitario el marco general del fondo -en cuyo caso tendría que modificar sus condiciones porque concede demasiado margen de maniobra a las autoridades - o cada una de las operaciones individuales en que participe. "Las autoridades españolas todavía tienen que decidir lo que quieren hacer. Cuando se decidan -y les está costando algún tiempo, pero vale- lo examinaremos y actuaremos lo más rápidamente posible", ha dicho Kroes.

Aquí nos encontramos con un nuevo agravio comparativo, puesto que los principales países europeos han dado todas las ayudas necesarias a su sistema bancario para evitar su hundimiento sin que Bruselas haya dicho esta boca es mía. El problema que señalan todos los expertos, como Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA, o Emilio Ontiveros, presidente de AFI, es que España llega muy tarde a este proceso, y Bruselas quiere cerrar cuanto antes esta ventana de permisividad que abrió ante la debacle financiera del otoño pasado. Son las consecuencias del empeño del Gobierno y del Banco de España por ocultar los problemas del sector financiero todo lo posible.
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