Defraudadores....Olímpicos.

Hacienda investiga a la familia Samaranch por un presunto delito fiscal

@Carlos Hernanz / Agustín Marco - 15/10/2010

Hacienda ha puesto el foco en los grandes patrimonios. El último contribuyente de renombre inspeccionado por la Agencia Tributaria ha sido la familia del recientemente fallecido Juan Antonio Samaranch, el que fuera presidente del Comité Olímpico Internacional y ex presidente de La Caixa en los años 80, según han confirmado fuentes próximas a los afectados. El motivo de la investigación, iniciada en 2009, todavía en vida del histórico dirigente del olimpismo internacional, tiene que ver con su residencia fiscal en Suiza, cuestionada desde 2005, fecha a partir de la cual alternaba largas temporadas en Barcelona por motivos de salud.
Según las fuentes consultadas, la investigación de la Agencia Tributaria está todavía en periodo de alegaciones. Primero Juan Antonio Samaranch y ahora sus herederos tratan de demostrar que la residencia natural del político durante sus últimos años de vida fue la ciudad suiza de Lausana, al menos durante más de 183 días en el mismo ejercicio, uno de los requisitos clave para justificar la tributación como no residente. Por este motivo, Hacienda reclama el desfase existente entre los impuestos pagados bajo esta condición y los que realmente le corresponderían como residente en suelo español.
Desde que fuera nombrado presidente del Comité Olímpico Internacional en 1980, tanto el despacho profesional como la residencia de Juan Antonio Samaranch estuvieron fijadas en Lausana, sede del organismo olímpico. Según fuentes del entorno familiar, su cargo como presidente no estaba retribuido con un sueldo, aunque sí gozaba de otros privilegios propios del cargo. “Su último sueldo fue como embajador en la Unión Soviética y Mongolia”, asegura un allegado próximo, para restar importancia a la inspección de Hacienda y hacer ver que, en cualquier caso, se trata de una cantidad importante, pero no multimillonaria.
En cualquier caso, los dos hijos de Samaranch -María Teresa y Juan Antonio- no han escatimado en esfuerzos para desmontar las objeciones presentadas por la Agencia Tributaria a raíz de su investigación y han encomendado la defensa de lo que ahora forma parte de su herencia al abogado y auditor Ramón Lanau. Se trata de uno de los asesores fiscales más reputados de la Ciudad Condal gracias a su condición de inspector de Hacienda en excedencia, que durante su carrera profesional como funcionario llegó a ejercer como Inspector Jefe y Delegado de Hacienda en Barcelona hasta 1989.
La residencia en terceros países con mejores condiciones fiscales es un recurso empleado con frecuencia por los altos patrimonios para evitar la mayor tributación existente en España. Normalmente, los casos más conocidos atañen a deportistas de élite, como en la actualidad ocurre con Fernando Alonso, entre los más conocidos, que trasladan sus residencias a Suiza o Andorra, como hizo en el pasado la tenista Arancha Sánchez Vicario, aprovechando que por su trabajo no residen en España de manera continuada a lo largo del año.

En el caso de Samaranch, tras los pertinentes registros realizados en el despacho profesional y en el domicilio familiar, fuentes cercanas a la Agencia Tributaria aseguran que no se puede sostener que era residente habitual en Lausana, puesto que allí se alojaba de manera fija en la habitación de un hotel. Por otro lado, que la investigación se remonte sólo hasta 2005 se debe a que el presunto delito fiscal ha prescrito en los años anteriores, dado que según la legislación española prescribe a los cinco años.
Otras grandes fortunas menos conocidas también recurren al cambio de residencia para acogerse a mejores regímenes fiscales. El último caso conocido investigado por Hacienda es el del empresario catalán Demetrio Carceller, propietario de la cervecera Damm y de la petrolera Disa, una de los hombres más ricos del país, al que la Audiencia Nacional ha bloqueado 400 millones de euros por presunto delito fiscal. Como en el caso de Juan Antonio Samaranch, la inspección de la Agencia Tributaria considera que no está probada su residencia fiscal, en este caso en Portugal, donde goza de una menor vigilancia para operaciones patrimoniales complejas.