martes, 3 de enero de 2012

Se quejarán?


El Gobierno garantiza 100.000 millones frente a los 93.750 que deben las grandes firmas

El aval del Estado a la banca cubre sus vencimientos para todo 2012

El Gobierno renovó el viernes los avales del Estado a la banca por valor de 100.000 millones de euros. Un montante que facilitará a las entidades lograr la financiación necesaria para hacer frente a los más de 93.750 millones en vencimientos que afrontan en 2012 las grandes firmas españolas.

Portillo

03/01/2012 - 07:00

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha marcado como una de sus prioridades fundamentales la reactivación del negocio bancario y la apertura del grifo del crédito. A falta de conocer cómo culmina el nuevo Ejecutivo la reforma del sistema financiero, el primer paso tomado por el Gabinete ha sido facilitar a las entidades su acceso a la financiación. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó el viernes la concesión de 100.000 millones de euros como avales del Estado para las nuevas emisiones de deuda que aprueben los bancos y cajas de España en 2012. Una garantía estatal que ayudará al sector financiero a enfrentar los más de 93.700 millones en vencimientos que encaran este año. En 2013, esta cifra roza los 76.000 millones.
Así, en caso de impago, "el Estado satisfará una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar" respaldando "el principal de la emisión y los intereses ordinarios". La medida, publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado, supone en realidad la renovación de los avales que ya aprobara de forma extraordinaria el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y que estaban a punto de expirar. La urgencia por mantener vigente esta garantía se palpa en el propio articulado de la norma, que copia del BOE anterior la referencia al "ministro de Economía y Hacienda", cuando Rajoy ha dividido esta labor en dos carteras diferentes.
"La banca española tiene enormes dificultades de financiación en los mercados de capitales", argumentaba ayer el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, "y va a utilizar esos avales para ir a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo". No haber aprobado esta decisión, defendió De Guindos en una entrevista en la Cadena SER, "sería un acto de irresponsabilidad y estaríamos llevando a la economía española a una situación imposible, de absoluto cierre del crédito", aseguró. "Además", concluyó, "la banca paga una cantidad importante por esos avales".
Esta línea de actuación, continuista con la del Gobierno anterior y similar a la adoptada por otros socios comunitarios durante la crisis, complementa además la barra libre de liquidez que el BCE ha potenciado, con préstamos de hasta tres años, frente a los habituales a 12 meses, para la banca.
Facilidades que deberían permitir a las entidades hacer frente a las deudas contraídas sin necesidad de aumentar el "estrangulamiento del crédito", según De Guindos. Solo los avales del Estado serían suficientes para que el sector financiero salve los vencimientos de deuda que encara este año con nuevas emisiones. El listado lo encabeza Santander, que debe asumir el pago de 36.078 millones en 2012, según los datos recopilados por Bloomberg. Le sigue Bankia, con 17.240 millones, BBVA, con 10.993 millones, CAM, con 6.381 millones, y Popular, con 5.877 millones. Sumando Pastor, CaixaBank, Catalunya Caixa, Sabadell y Bankinter, las 10 entidades acumulan 93.758 millones.
Aunque algunas estimaciones, como las de Royal Bank of Scotland (RBS), hablan de un total del 120.000 millones de euros en vencimientos para todo el sector, ya en la tanda anterior las entidades no agotaron los 100.000 millones disponibles. De hecho, dicha cantidad se establece "como máximo", y su concesión estará sujeta a las directrices que marquen el Ministerio de Economía y el Banco de España.
En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó que el Estado pueda avalar otros 92.543 millones de euros para la sociedad denominada Facilidad Europea de Estabilización Financiera, el fondo que los socios del euro han diseñado como mecanismo de rescate. Por último, España podrá garantizar 3.000 millones más en "valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos".

De Guindos prevé una reforma financiera "agresiva" y con menor coste público

El nuevo ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, puso ayer la reforma financiera como ejemplo de las "reformas agresivas" que el Gobierno se prepara para adoptar frente a la crisis. "En las próximas semanas debemos tener un esquema de actuación claro y transparente", anunció De Guindos en una entrevista concedida a la Cadena SER, en la que avanzó que "hará falta un saneamiento adicional de las instituciones y de los activos ligados al sector inmobiliario". "Una reforma importantísima", continuó, que prevé que conlleve "una nueva ronda de consolidación en el sector", que tras el proceso de modernización de las cajas de ahorros se aboca ahora al juego de fusiones bancarias iniciado por Popular y Pastor. "Debemos acabar con un sector financiero capaz de dar crédito en un futuro próximo, lo cual no ocurre actualmente porque hay contracción del crédito", sentenció el ministro.
Este, sin embargo, rehusó revelar el procedimiento por el cual espera limpiar la fortísima carga de ladrillo que la banca española acarrea en sus balances tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Tampoco quiso aclarar su postura en cuanto a la posibilidad de crear un banco malo que absorba los activos tóxicos. "Lo importante no es el instrumento, lo fundamental es minimizar el impacto del saneamiento bancario sobre las cuentas públicas, sobre los contribuyentes", matizó. "Ese va a ser el principio básico de la reforma financiera".
En cuanto al debate sobre la tasa Tobin, un impuesto sobre las transacciones financieras, De Guindos se limitó a apuntar que este es un tema que se dirime en Bruselas y que, en cualquier caso, su hipotético coste no debe trasladarse a los usuarios. Más información en la Página 27

La cifra

92.593 millones de euros es la cuantía que avala España para el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera de los Estados miembros de la zona euro, creado para paliar la crisis soberana.

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