La reforma financiera de De Guindos: la banca se prepara para el tsunami

01.02.2012Michela Romani.

El saneamiento que el Gobierno impondrá a la banca provocará un tsunami en el sector. Según fuentes financieras la presentación del plan se adelantará a mañana. Las filtraciones que ha habido hasta el momento apuntan a que habrá inyecciones de dinero público (préstamos del Frob al 8%) y provisiones preventivas del ladrillo (para cubrir potenciales pérdidas de créditos considerados sano).

Estaba previsto que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciara los detalles de la reforma con la que pretende adelantar el saneamiento de los activos inmobiliarios de la banca el próximo viernes, después del Consejo de Ministros. Sin embargo, según han revelado a Expansion.com fuentes del sector bancario esta presentación podría adelantarse a mañana. Fuentes oficiales del Ministerio no confirman ni desmienten.
En todo caso, a falta de horas para el anuncio, han trascendido ya varias cuestiones que abordará la reforma, aunque no se descartan sorpresas de última hora ya que, según afirman algunos banqueros, ha habido cierta falta de transparencia y de concreción en los contactos con el sector previos a la elaboración del proyecto.
Provisiones
El punto principal de la reforma será el incremento de los niveles de provisiones exigidas a la banca para su exposición al ladrillo, tanto para los créditos como para los inmuebles que se han quedado en balance por canjes de deuda o embargos. En concreto, las provisiones para cubrir los activos inmobiliarios, que actualmente tienen que alcanzar el 30%, se elevarán hasta el 50% o 55%.
Habrá diferencias según el tipo de inmueble. El suelo, que en la actualidad prácticamente no tiene mercado, tendrá que ser provisionado al 70%. También las promociones no acabadas podrían tener un recargo adicional, aunque estos últimos detalles son los que espera el sector para hacer sus cuentas.
Por lo que atañe los créditos, la cobertura de los morosos del sector promotor, que suman unos 50.000 millones de euros, podría sufrir un adelanto de calendario.
Ahora tienen que provisionarse al 30% durante los primeros doce meses, y este nivel se subirá hasta el 40%. La norma actual obliga a provisionarlos al 100% después de un año de impago, pero en el sector no se descarta que se adelante el plazo.
Los créditos subestándar, es decir aquellos que aun estando al corriente de pago presentan serios riesgos de entrar en mora, tienen que cubrirse ahora al 10%: la nueva norma subiría la exigencia hasta el 40%. Pero además el Gobierno también obligará a los bancos a provisionar, probablemente con una cobertura del 7%, el resto de los créditos del ladrillo, los buenos, que suman unos 130.000 millones de euros.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha fijado la cifra tope que deberán alcanzar todos estos saneamientos: 50.000 millones de euros.
Plazos y fusiones
Se espera que las entidades tendrán dos años para completar este saneamiento.
Aunque hay parte del sector que se inclina por adelantar todo el proceso a este ejercicio. Ayer lo pidió públicamente el presidente de Santander, Emilio Botín.
Dinero público vs dinero privado
Otra cuestión es de dónde la banca sacará los recursos para estas nuevas provisiones. La parte principal, según ha trascendido, se debería hacer contra resultados, es decir renunciando a beneficios.
Pero hay otra parte que se debería poder cargar contra reservas, al menos en el caso de las entidades que tienen exceso de capitalización según la normativa española y no están obligadas a cumplir los requisitos que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha impuesto a los bancos sistémicos de cada país. En España hay cinco: Santander y CaixaBank (que ya han cumplido con estas normas); BBVA; Popular y Bankia.
Es evidente que habrá entidades que no tienen los recursos suficientes para realizar los saneamientos que impondrá el Gobierno. Según el Ejecutivo, esto permitirá desencadenar una nueva oleada de fusiones que permitirá llevar a cabo la reestructuración del sector, que se está procrastinando desde hace demasiado tiempo.
Los bancos más fuertes tendrán que absorber los más débiles. Pero está claro que lo harán pidiendo garantías y ayudas públicas para que estas operaciones no pongan en duda su propia fortaleza. Moody’s, por ejemplo, ya avisado de que si estos movimientos corporativos no se realicen con las suficientes garantías de respaldo público se corre el riesgo de debilitar el conjunto del sistema financiero.
Los propios banqueros dan por hecho que todo el proceso no se podrá llevar a cabo sin una contribución de dinero público que, en el más optimistas de los casos, se cifra en unos 10.000 millones.
Este dinero debería proceder del FROB mediante la compra de deuda de las entidades que requieran ayudas. Se habla de la posibilidad de que el FROB compre participaciones preferentes o, incluso, los llamados cocos, o bonos contingentes, es decir bonos que se convierten en acciones en el caso de que la entidad acabe teniendo problemas de solvencia.
Según publica hoy Europa Press, el tipo de interés que aplicará el Frob a las entidades rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones.
Impacto de la reforma
La petición de mayores provisiones a la banca por los pisos que tiene en balance favorecerá, según los expertos, un descenso de los precios de la vivienda. Si un banco tiene un piso con una cobertura del 40% sobre su valor contable, puede venderlo con este descuento sin tener que apuntarse pérdidas.
Esta semana, el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, reconoció que el aumento de provisiones provocará que el banco venda más inmuebles en 2012. Otros banqueros lo dicen en privado. Pero para que el mercado de la vivienda se reactive la cuestión de los precios es sólo una vertiente. Las otras dos, fundamentales, son que los españoles no tienen casi ahorros para comprar y que la banca no da crédito.
De hecho, aunque el Gobierno asegura que la finalidad última de su reforma es reactivar el crédito, los expertos dudan de que se pueda conseguir este efecto, al menos en el corto plazo. De hecho, las entidades, que ya están siendo fuertemente presionadas por la búsqueda de capital se ven ahora en la tesitura de realizar un esfuerzo adicional en términos de saneamientos.
Esto implica que se cuidarán aún más de asumir más riesgos, manteniendo unos estándares muy elevados a la hora de conceder créditos. Ya ahora, las entidades aseguran que el crédito baja porque “falta demanda solvente”.