Reforma eléctrica, comienza la batalla

5 Dias

Torres eléctricas en Salamanca.

Los responsables de las eléctricas (tanto grandes como pequeñas, tradicionales o nuevas) han hecho guardia el fin de semana para analizar el real decreto ley de medidas urgentes para la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entró ayer en vigor y será convalidado el miércoles por el Congreso.

Su urgente aprobación responde, según el texto, a “la imperiosa necesidad” de cambiar la regulación para dar sostenibilidad al sistema, cuyo déficit supera los 26.000 millones. La mayoría de las asociaciones del sector han convocado reuniones de urgencia para este lunes con el fin de estudiar la primera norma de la reforma eléctrica, que incluye recortes de 2.700 millones para las empresas, según cálculos del Gobierno. La opinión general es que, respecto a lo anunciado el viernes, la letra del real decreto ley empeora aún más la situación.

Las grandes de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España) se han encontrado con que, además del recorte de los ingresos de la distribución, que en un primer momento alguna calculó en un 20%, pero que podría rondar el 7%, tendrán que financiar la política social de la tarifa.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, padre de la criatura, aseguró el viernes que el real decreto ha subsanado las carencias legales que el Supremo estableció en una sentencia de febrero de 2012 en la que daba razón a las eléctricas en su pretensión de no asumir, al menos en solitario, el bono social. Efectivamente, la norma lo subsana al establecer este coste como “una obligación de servicio público” para las grandes eléctricas, porque, al estar verticalmente integradas, pueden recuperarlo en el mercado.

Resulta digno de aplauso que el ministerio haya cambiado los parámetros que dan derecho a esta tarifa social en línea con lo que establece la normativa comunitaria. Así, a partir de ahora (o mejor, cuando se publique su reglamento antes de julio de 2014), al bono tendrán derecho los consumidores vulnerables en función de la renta y el número de miembros de la familia.

Se desconoce el importe del nuevo bono (que, con toda seguridad, volverán a recurrir las eléctricas) ya que Industria dice desconocer a cuántos usuarios afectará (en estos momentos, son tres millones). El reparto de esta carga se determinará anualmente en función de los puntos de suministro y los clientes de cada eléctrica.

Además, las empresas de Unesa tendrán que financiar por sí mismas y durante 15 años, el déficit de tarifa que se genere este año, que ya no será titulizable en el mercado con el aval del Estado.

Aunque el ministerio dice haber cuadrado las cuentas con unas medidas que incluyen también una subida de la tarifa y una aportación de Hacienda de 900 millones de euros (además de alguna otra partida presupuestaria aún sin definir), no se descarta alguna desviación ya que las medidas del real decreto no cubren todo 2013.

En cuanto a la posibilidad de hibernación de 6.000 MW de ciclos combinados, que fue una imposición de última hora del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha producido algún malentendido. Aunque el Gobierno aseguró que, a cambio de recibir menos pagos por capacidad (por inversión se pasa de 23.400 a 10.000 euros/MW/año) estas plantas recibirían este incentivo 20 años y no 10, la realidad es otra.

Según el real decreto, se duplica el plazo que a un ciclo (la mayoría se instalaron entre 2004 y 2005) le quede para cobrar el incentivo. Las plantas hibernadas seguirán cobrando dicho incentivo, y el otro que reciben, el de disponibilidad, será subastado.

Peligrosa retroactividad

Aun con todo, el problema más serio que apunta la reforma se deriva del “profundo cambio estructural” del nuevo sistema regulatorio del régimen especial, que las afectadas califican de “absolutamente retroactivo”.

Aunque en este sector sabían que el Gobierno haría desaparecer el sistema de primas por producción, no sospechaban que la modificación pudiera ser retroactiva. A partir de ahora, recibirán un precio de mercado, que se calculará a tres años, y las que no logren con él cubrir el coste de su inversión, serán compensadas con una retribución adicional (se tomarán como referencia los costes de “una empresa eficiente y bien gestionada”) con una rentabilidad equivalente al bono del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, que, en estos momentos, arroja una tasa del 7,5%.

Esta es “la rentabilidad razonable” con la que el ministerio cree respetar la obligación legal de retribuir los activos regulados. Sin embargo, aunque el real decreto no alude a retroactividad alguna, las empresas consideran que hay un reconocimiento claro cuando señala que esa rentabilidad regirá “durante toda la vida regulatoria de la instalación” (25 años) y que se aplicará “el bono a 10 años” desde el comienzo de dicha vida.

Las plantas más penalizadas serán las más antiguas y eficientes (principalmente, parques eólicos), muchas de las cuales se quedarán sin incentivo por haberse comido ya la nueva rentabilidad. Las empresas consideran que se trata de “la devolución en toda regla de un beneficio”, por tanto, retroactiva.

Mientras las grandes del sector se quejan de pagar el pato de una política errada de la que no son culpables, y de ser discriminadas al recibir una rentabilidad menor que las renovables, estas también ven discriminatorio que la tasa de rentabilidad a la distribución y el transporte (un 4,5%) no sea retroactiva. Este menor porcentaje se justifica, según el real decreto, por tratarse de unas actividades de “bajo riesgo” por ser monopolios naturales.

La aplicación de la nueva regulación resultará además altamente compleja en el caso de las fotovoltaicas (59.000 instalaciones) a las que habrá que ajustar la nueva tasa una por una. Instalaciones que, en multitud de casos, ya no están en manos del promotor y cuya inversión inicial se ha diluido.

Sea como fuere, los peajes subirán por primera vez en un mes de agosto (curiosamente, el 6,6% en que bajó la TUR de abril) y, parafraseando a un crítico con la reforma, “que Santa Lucía ilumine al consumidor”, pues, de fracasar el atrevido plan de Nadal, las subidas en cadena serían ya inevitables. Y, de triunfar, tal como amenazan las empresas, será el empleo el que peligre.