Las desventuras del Rey de España
Felipe de Borbón y Grecia, Felipe VI desde 2014, tenía siete años cuando su padre fue coronado a la muerte de Franco, quien así lo había dispuesto en las leyes sucesorias de la dictadura. Vivió en su adolescencia la Transición y se formó ordenadamente, aprendió idiomas, participó de las ceremonias iniciáticas del Ejército, visitó distintas universidades de la mano de caracterizados maestros, viajó, se hizo cosmopolita y se preparó, en fin, a conciencia para el papel que le había tocado desempeñar. La única heterodoxia fue su matrimonio con una mujer plebeya que, sin embargo, no sólo ha impreso en él el refinamiento intelectual de que carecía sino que le ha puesto en contacto con un mundo crítico y periférico con el que nunca hubiera entrado en relación de otro modo.
Se ha dicho, y con razón, que Felipe de Borbón es probablemente la persona mejor preparada para la política de su generación. Sabemos, desde Thiers, que el rey [constitucional] “reina pero no gobierna”, y que eso de reinar es un cometido sutil —tan sutil como el de un presidente de una república parlamentaria— que en nuestra Carta Magna se resume en aquello de que “arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones”. Y que aquel brillante catedrático de Derecho Político que fue Sánchez Agesta, hombre influyente en los años de la instauración de la nueva monarquía, describió así: “reinar es representar el principio permanente de la unidad de gobierno, sin comprometerse en las decisiones políticas cotidianas. Quien reina, no asume las múltiples decisiones partidistas que erosionan la autoridad y que son consecuencia de una sociedad pluralista, pero sí participa de todas aquellas que afectan a los intereses permanentes de la nación con su influencia. El Rey, que no ejerce poder pero tiene influencia. Tiene influencia sobre los ministros, sobre los políticos y sobre todos los ciudadanos. De hecho es, o debe ser, la persona más influyente del reino”.
Gregorio Peces Barba moduló aquella definición con esta otra, que incluye elementos más profundos y que vienen especialmente al caso: “en la Monarquía parlamentaria se puede decir que la ley hace al Rey y que este carece de cualquier poder, y no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Su influencia deriva de su autoridad, que es su capacidad para encarnar la ética pública incorporada al sistema político español, y por representar la unidad y la permanencia del Estado. No es su carisma el que legitima al poder, sino que es el poder organizado en la Constitución el que legitima la función real”.
De príncipe a rey
Pues bien: Felipe VI se inicia, como es lógico en los regímenes monárquicos, cuando cesa su predecesor. Y ese arranque sucede ya con mal pie: la decisión de instar la abdicación de don Juan Carlos en 2014, cuando el monarca tiene 76 años y su conducta impropia amenaza la estabilidad de la institución y la cohesión de la familia real, es adoptada por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a los expresidentes del gobierno vivos y de otras personas de gran relevancia pública como Javier Solana y Alfredo Pérez Rubalcaba. Don Juan Carlos había sufrido un aparatoso accidente durante una cacería de elefantes en Botsuana a la que acudió en compañía de su amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein y del multimillonario sirio Mohamed Eyad Kayali. La única consecuencia favorable de aquel incidente fue que, a raíz del escándalo, Botsuana terminó prohibiendo la caza del elefante. Aquel suceso culminaba una deriva inquietante del viejo Rey que le inhabilitaba para continuar en el trono si se quería salvaguardar la memoria de los buenos años de su reinado, cuando pilotó la Transición junto a Adolfo Suárez y a otras personalidades de la época, protagonizando una etapa feliz que hoy se estudia en los tratados de politología.
Don Felipe llegó, pues, al trono a apagar fuegos, cuando la popularidad de la monarquía había caído a mínimos históricos en las encuestas, y con la lógica intención de restaurar el prestigio y el crédito de la institución. Pero al joven rey le ha tocado reinar —como ha dicho Ignacio Varela— en los seis peores años de la democracia española. En 2014, se sufrían aún todas las inclemencias de la gran crisis, que estaba a punto de concluir pero que todavía sembraba un gran malestar social; poco después de ocupar la jefatura del Estado, saltaba por los aires en las elecciones de diciembre de 2015 el bipartidismo imperfecto que había dado estabilidad al sistema durante más de cuarenta años, y nos abocábamos a un periodo convulso con cuatro elecciones generales entre 2015 y 2019.
El histórico problema catalán, que se había embridado con la formación del Estado de las Autonomías, estallaba de nuevo y se producían dos consultas ilegales, en 2014 (con Artur Mas al frente de la Generalitat) y 2017 (con Puigdemont), este último abocado a una inconcreta y vacilante declaración de independencia y fuente de severas consecuencias penales. En este caso, cuando fracasó el intento solapado de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, el Rey tomó claramente partido en favor de la soberanía única y de la vigencia de la Constitución, con lo que se estrecharon los lazos de la Corona con la mayoría social pero el rey se ganó la enemiga del nacionalismo catalán, que ve en el monarca, y con razón, el símbolo de los lazos inmateriales, históricos y sentimentales, que vinculan a Cataluña con España.
Por primera vez, triunfó una moción de censura, que echó del poder al popular Rajoy y se lo entregó al socialista Sánchez, a causa de la acumulación de adversidades judiciales por corrupción sobre el techo del Partido Popular. Por último, cuando parecía que la legislatura actual se asentaba mínimamente y cabía imaginar la recuperación de una cierta normalidad en la gobernación del Estado, España ha caído víctima de una trágica y letal pandemia… mientras a don Felipe le explota en las manos la inmensa fortuna de su progenitor, al parecer ganada comisión a comisión, que sale a la luz impulsada por la inefable Corinna, quien sale a la luz en uno de los chantajes organizados por el excomisario Villarejo cuando todavía estaba este al timón de sus negocios opacos en las cloacas del Estado. Y por si fuera poco, en 2017 se dictaba la sentencia que condenaba a su cuñado, Iñaki Urdangarín, a más de seis años de cárcel por su papel de ‘conseguidor’ especializado en tráfico de influencias.
Don Felipe reacciona con coraje al comportamiento de don Juan Carlos
No se merecía don Felipe verse irresponsablemente mezclado en las andanzas de don Juan Carlos, pero una vez abierta la caja de sorpresas de las corruptelas paternas, el sistema exige la más absoluta clarificación de lo sucedido. Don Felipe ya ha reaccionado con coraje al irresponsable comportamiento de don Juan Carlos, quien le habría nombrado heredero en las fundaciones ubicadas en los paraísos fiscales donde se oculta la fortuna que, según viene manteniendo Forbes desde hace años —ante la indiferencia del aludido, quien nunca se ocupó de desmentir la atribución—, se acercaría ya a los 2.000 millones de dólares. La nota de Zarzuela del pasado domingo —día en que arrancaba el confinamiento de los españoles por el coronavirus— es suficientemente expresiva y demuestra que el Rey está decidido a impregnar su institución de ejemplaridad y limpieza, como prometió en el discurso de su coronación.
Pero lógicamente el asunto no puede darse por cerrado con la renuncia a la herencia y la retirada de la asignación que venía recibiendo el rey emérito de los presupuestos de la Casa Real: ha de saberse qué ocurrió —para esto está investigando ya la Fiscalía del Estado— y hay que depurar responsabilidades, si procede, a partir del momento en que don Juan Carlos perdió la inviolabilidad, es decir, desde el día de su abdicación. Y también, lógicamente, hay que localizar esta ingente fortuna, que debe encontrar un destino adecuado, probablemente la Hacienda pública española.
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