El portavoz del PSOE de Oviedo, Wenceslao López, ha acusado al equipo de Gobierno de estar haciendo «todo lo posible» para no exigir responsabilidades a los adjudicatarios del Bulevar de Santullano, a los que quiere indemnizar para que se vayan sin cumplir sus obligaciones contractuales, y del Corredoria Arena, en un intento «evidente de que los responsables de una obra con defectos constatados se vayan de rositas».
En el caso del Bulevar de Santullano, ha recordado que su grupo ya alertó en el mes de julio de la «actitud temeraria» del bipartito al anunciar su intención de no llevar a cabo un proyecto con un contrato vigente, que acabó confirmándose con la rescisión el 29 de enero. Sin embargo, el equipo de Gobierno le comunicó ayer en la Comisión de Economía que «todavía no hay propuesta de resolución del contrato del Bulevar», en respuesta a la petición de la formación socialista de unos informes de Contratación, Intervención y Secretaría General relativos a la resolución del contrato. Acerca de estos informes, ha subrayado que deben presentarse con carácter previo a la propuesta de resolución del contrato, por lo que el Grupo Municipal Socialista reclamará directamente al secretario y al interventor municipal que les hagan llegar estos documentos, ha apuntado López.
Respecto al proyecto del Corredoria Arena, ha acusado al equipo de Gobierno de pedir «infinitos informes para tratar de demostrar una supuesta prescripción del derecho del Ayuntamiento a exigir responsabilidades a la empresa», que llevó a cabo un proyecto que a los tres meses de ser inaugurado ya sufrió inundaciones en la pista polideportiva. En este sentido, ha explicado que el Gobierno municipal argumenta que el informe que refleja las deficiencias data del 22 de septiembre de 2015, por lo que el consistorio no podría pedir responsabilidades al haber pasado más de cuatro años.
No obstante, López ha subrayado que existe un informe de mayo de 2016 que califica al Corredoria Arena como «ruina funcional», un caso en el que la ley establece que la prescripción es de 15 años, por lo que el Ayuntamiento dispondría de 5 años más para reclamar a la empresa responsable. Por último, ha recordado la multitud de trabas que tuvo que afrontar el anterior equipo de Gobierno en este asunto, iniciando dos procedimientos de responsabilidad contractual que caducaron por la falta de informes por parte de las empresas encargadas, que trataron de alargar los procedimientos en busca de la prescripción, informó EFE.
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