El 9 de enero de 2010. Desde ese día, la Iglesia asturiana es la propietaria de Santa Cristina de Lena, uno de los edificios del prerrománico asturiano reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Una nota informativa simple del Registro de la Propiedad de Pola de Lena confirma que inscribió a su nombre una finca de 1.844 metros cuadrados y la capilla de Santa cristina, que ocupa una superficie de 106 metros cuadrados. Esa documentación obra ahora en manos del Grupo de Inmatriculaciones Asturias, que lleva más de dos años exigiendo que se abra una investigación sobre todos los bienes que la Diócesis de Oviedo se ha podido apropiar y, especialmente, sobre el prerrománico asturiano. El Libro Blanco del Prerrománico publicado el año pasado, que ofrece un completo diagnóstico de la situación actual de este conjunto patrimonial, ya reconoce que todos estos edificios de incalculable valor arquitectónico son de la Iglesia. Lo que no aclara es las circunstancias.
La versión de la Iglesia
El Arzobispado de Oviedo, a preguntas de La Voz de Asturias, ha reconocido que Santa Cristina de Lena es propiedad de la Iglesia «desde que se construyó» y que el hecho de haberlo inscrito en el registro en el año 2010 es «una formalidad». Ha insistido en que esta esta capilla «siempre ha sido de la iglesia». Según su versión, sería desde el siglo IX, que fue cuando se levantó.
El Grupo de Inmatriculaciones tenía sospechas de que la diócesis podría haber utilizado el sistema de inmatriculaciones -que permite a las autoridades eclesiásticas inscribir a su nombre la titularidad de un bien sin necesidad de aportar pruebas concretas, tan solo con una declaración jurada- para registrar multitud de propiedades, entre ellas todo el prerrománico asturiano, con la excepción de la fuente de La Foncalada, la única que no cuenta con una vinculación religiosa. El portavoz del colectivo, José María Rosell, considera que se ha conseguido demostrar la existencia de «una apropiación del patrimonio público» que ha continuado con el paso de los años, porque la diócesis puso a su nombre los edificios y luego reclamó a las administraciones públicas -el Gobierno del Principado, los ayuntamientos y el Ejecutivo central- dinero para mantenerlos y restaurarlos.
Otros bienes
En el caso de Lena, a su juicio, la situación está clara. Pero los miembros del Grupo de Inmatriculaciones están convencidos de que no es un caso único. Por lo que reclaman que se siga investigando. Si en España se teme que haya hasta 100.000 casos, de los que 35.000 ya están identificados, en Asturias no puede haber solo 26. Esos 26 son los casos de inmatriculaciones que aparecen en un listado remitido por el Colegio de Registradores de la Propiedad a finales de agosto de 2018 a la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales, que es el organismo de la Junta General que se ha hecho cargo de este asunto. La nota lleva el sello oficial y la firma de la decana. Margarita de Carlos, e incluye propiedades repartidas en nueve concejos, con terrenos, ermitas, casas rectorales, cementerios, iglesias y locales. Poco más se especifica. No se saben fechas, ni se describen los bienes, ni hay superficies,... La escasa concisión de este documento hizo que la comisión reclamara información más concreta. Pero esa segunda petición, un año después de cursarse, todavía no ha aparecido.
Lo que sí han aparecido son otras propiedades. Se sabe por peticiones concretas realizadas por colectivos en registros municipales. Por ese medio, se han descubierto una serie de bienes en el concejo de Siero. Curiosamente, ninguno de ellos está entre los 26 casos reconocidos por el Colegio de Registradores. Tampoco está Santa Cristina de Lena entre ellos.
Esto, sin embargo, no es tarea para colectivos particulares. José María Rosell reclama que los ayuntamientos asturianos y la Junta General lideren una investigación seria. El colectivo al que representa reconoce que tiene sentimientos encontrados cuando analiza la actuación de la Comisión de Peticiones y del propio Gobierno asturiano. Por una parte, las declaraciones que realizan son positivas. Pero luego no se están traduciendo en acciones concretas. El tiempo pasa, los plazos se dilatan y no hay ninguna conclusión. El caso concreto del prerrománico se acaba de abordar nuevamente en el Parlamento y la consejera de Cultura, Berta Piñán, ha asegurado que lo investigará. «Esperamos con ambivalencia», ha insistido Rosell.
A 30 euros
La situación es para este colectivo, como mínimo, «estrambótica». Mientras la investigación apenas avanza, las administraciones públicas continúan concediendo subvenciones para el mantenimiento y la restauración de los bienes. No ha podido cuantificar las cantidades. Señala que es una tarea titánica, ya que existen multitud de partidas repartidas entre los presupuestos de consistorios, autonomías y el Gobierno central, y que dentro de cada organismo público, a su vez se reparte entre diferentes concejalías, consejerías y ministerios. No se atreven, por tanto, a apuntar ninguna cantidad. Pero ponen algunos ejemplos. La restauración reciente de las pinturas de San Miguel de Lillo se ha subvencionado con 750.000 procedente de las arcas públicas. Santa Cristina de Lena ha sido objetico de cinco o seis obras diferentes en la última década.
Sí saben cuánto le costaba a la Iglesia cada inmatriculación, Rosell ha explicado que cada acto registral costaba 30 euros y que en un mismo acto registral se podía inscribir la propiedad de multitud de bienes diferentes, «de una ermita a un prado, una Iglesia o una casa parroquial». Así ha comentado que en Sevilla la Giralda se inscribió con un anexo de la Catedral. Iban, por tanto, dentro del mismo pack.
Base legal
La fecha de referencia para entender qué son las inmatriculaciones se remonta al año 1946. Ese fue el momento en el que comenzaron, aunque una reforma de 1998, del Gobierno Aznar, allanó aún más el camino. Es complicado bucear en los archivos hasta 1946 pero no lo es tanto desde 1978, fecha en la que la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado y los principios de igualdad y seguridad jurídica. Por esa razón, El Grupo de Inmatriculaciones reclama que los registros no se limiten a revisar los últimos 20 años sino, como mínimo, los últimos 40.
José Antonio Alonso, del Grupo de Inmatriculaciones, ha asegurado que se trata «de una anomalía democrática» exclusiva del Estado español, que no se ha producido ni en Francia ni en Italia ni tampoco en Portugal, ni en plena democracia ni tampoco en etapas dictatoriales. Ha afirmado que se trata de «un hecho grave» que requiere de una profunda investigación.
Los propios vecinos parecen estar haciéndolo. En la localidad de Coya, en el concejo de Piloña, los vecinos se han plantado contra la decisión del Arzobispado de Oviedo de vender la casa parroquial. La junta parroquial creía que era suya pero ha descubierto que la Iglesia la inscribió a su nombre en 1964. Así que ha comenzado a movilizarse.
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