" El Estado no creará Empresas Públicas de Energía....sino de Defensa!!!"

La izquierda ante el regreso de la “economía de guerra” Pedro Sánchez ha ignorado a Unidas Podemos en la subida del gasto de Defensa, y confía en sumar al PP para cumplir los compromisos de la OTAN. Por Ekaitz Cancela 19 marzo 2022 Ilustración: Mybro. Recomendados El PSOE, a favor y en contra de derribar un edificio histórico 20 marzo 2022 CCOO le propone a Barbón un plan de choque social “para no dejar a nadie atrás” 20 marzo 2022 El movimiento en defensa de las bibliotecas ovetenses volverá a manifestarse contra los recortes 20 marzo 2022 Matrix en Xixón: ¿pastilla gris o verde? 19 marzo 2022 Ekaitz Cancela Ekaitz Cancela Periodista e investigador independiente. Es autor del libro 'El despertar del sueño tecnológico' (Akal) y del estudio 'La economía política del capitalismo digital en España' (Instituto 25M). Apenas hemos renunciado a utilizar las mascarillas en los exteriores que la economía post-pandémica ha sufrido un nuevo tumbo provocado por la guerra en Ucrania. Al margen del reciente anuncio de paz, ello ha revelado algo importante sobre el sistema dominante: la geopolítica y lo militar son dos aristas importantes, junto a la explotación (economía) y el expolio colonial (política), para explicar las condiciones de posibilidad que garantizan la acumulación de capital. La llamada “economía de guerra” reduce toda esa riqueza analítica a una visión unidimensional del mundo. Es una expresión del discurso orwelliano de la gran coalición a izquierda y derecha del capital, así como una oportunidad para tensar las palancas progresistas, colocar el foco sobre las lógicas ulteriores del capitalismo y politizar este sistema abominable. Desde luego, al anunciar que el Estado francés deberá tomar el control de empresas energéticas, Emmanuel Macron ha abierto el camino, pero probablemente sean necesarias intervenciones mucho más radicales para garantizar la soberanía del Estado español. Mazzucato en la encrucijada Las loas hacia el Estado emprendedor y el giro keynesiano como sentido común de época que decretó la izquierda tras la pandemia han desaparecido. Ha vuelto la más cruda de las realidades: seguimos sumidos en la precaria economía post-crisis de 2008, que ahora también es una economía post-crisis pandémica; una economía que no es capaz de recuperar la tasa de crecimiento sin endeudarse hasta las branquias y que no le queda apenas capacidad para seguir poniendo dinero en circulación que alimente al sector financiero. De un lado, la caída del PIB en 2020 fue de 123.074 millones, en el ejercicio posterior a la llegada del virus, y el incremento de la deuda pública de 156.725 millones. De otro lado, cuanto mayor era el peso del sector turístico en el PIB, mayor fue también el coste económico estimado de la crisis del coronavirus. Según algunos estudios, en países como Grecia, Portugal o España, para los que el turismo constituye más del 15% del PIB, la crisis costó entre el 5,2 y el 6,2% de su PIB, por encima de la media de 4,5 % del PIB estimado para países más industrializados. ¿Suenan tambores de austericidio? “seguimos sumidos en la precaria economía post-crisis de 2008” Como anunciaba el documento de trabajo de un conjunto de organizaciones progresistas especializadas en finanzas, el 94 % de los países de Europa y Asia Central contraería el gasto público a partir de 2021, mientras se esperaba que más del 98% de las personas vivan en condiciones de austeridad fiscal y sufran recortes en 159 países en 2022. Antes de la guerra, estaba previsto que esta tendencia durara al menos hasta 2025, según las proyecciones del FMI presentes en la edición del pasado octubre. Esto es, la austeridad afectaría a 6.600 millones de personas en 2022, el 85 % de la población mundial. Y al techo de gasto se le sumará el encarecimiento de los bienes de consumo. Cumbre europea de Versalles. Foto: Twitter Josep Borrell. La guerra de Ucrania nos ha situado en un escenario donde la “estanflación” –aparentemente estacionaria– parece haber llegado para quedarse: el Banco Central Europeo ha recortado la previsión de crecimiento de los países comunitarios para 2022 desde el 4,2 % hasta el 3,7 % y la inflación se ha disparado desde el 3,2 % hasta el 5,1 % (un suceso que se remonta, también, al “crunch” de las cadenas logísticas). Antes incluso de que ocurriera la invasión a Ucrania, los datos del IPC mostraban una probabilidad alta de la reducción en el poder adquisitivo de los trabajadores, menores beneficios empresariales, así como una incapacidad prolongada para ahorrar. Si bien existen más factores a tener en cuenta, ello deberá sumarse un encarecimiento de materias primas básicas, tanto de los combustibles fósiles como de los alimentos. Ante esta realidad, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha comprometido a destinar 7.200 millones más a Defensa para alcanzar el 2% del PIB que exige la pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es decir, España deberá aumentar al menos en un 20% su gasto militar en dos años. Y eso que el fin de los presupuestos de Mariano Rajoy vino acompañado de un enorme incremento del gasto en defensa, lo cual ocurrió de raspadillo. Por su lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a que las rebajas fiscales acordadas para mitigar el precio de la luz se extiendan también a los carburantes, una de las medidas reclamadas por el PP para amortiguar la subida de precios. La ministra Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero presentando los PGE de 2022. Escribía el Centre Delàs que el gasto militar real de España alcanza ya el 1,78% del PIB, es decir, 22.796 millones de euros. “¿Estamos hablando por tanto de 2.817 millones más? ¿O usarán la partida del Ministerio de Defensa (11.709 millones) y serán entonces 13.904 millones más?”. De acuerdo al estudio realizado por esta organización, el gasto militar del Estado para 2022 asciende a los 22.796 millones de euros, un 124% más de lo asignado al Ministerio de Defensa (10.155 millones), un crecimiento del 5,75% respecto al año anterior. Esto es, 1 de cada 5 euros que invierte la Administración central tienen una finalidad militar. Era todo un reto equilibrar los gastos en la economía real tras la crisis sanitaria (preservar empleos, mantener abiertas empresas en dificultades, respaldar las finanzas de los hogares y preservar los servicios públicos), como para hacerlo tras las escalada de sanciones en Rusia. En este contexto deben entenderse varios de los anuncios que llegan desde Bruselas. De un lado, los ministros de Economía de la zona euro han pedido a los países “altamente endeudados”, entre los que se encuentra España, que empiecen a imaginar políticas de contención fiscal con el fin de garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas. De otro, el vox pópuli de que ni siquiera son suficientes las medidas más neoliberales del Gobierno español, la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá y el polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para hacer sostenible una reforma que liga las pensiones con el IPC. Dado el elevado déficit español, ¿qué margen quedará para la reforma fiscal que debe acometer el Gobierno, y más aún si los tipos de interés empiezan a subir de nuevo? El pasado año el Bundesbank alemán sugería en un informe filtrado a El País que la caída de los ingresos públicos y el despliegue de medidas de estímulo dejarán la deuda pública española en torno al 120% del producto interior bruto (PIB) durante varios años. Además, este periódico avisaba en un editorial de que “las fuerzas políticas deben articular fórmulas para frenar el aumento del déficit provocado por la pandemia. Si bien son circunstancias extraordinarias, no es sostenible para siempre”. Entre cazas y coches eléctricos La situación es aún más preocupante si uno se fija en las partidas de los fondos europeos. Algunos datos al respecto, publicados en La Información: la firma pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa, será responsable de gestionar el plan de 4.300 millones de digitalización de la administración pública, convirtiéndose en una pieza clave también para el Ministerio de Economía de Nadia Calviño y el Ministerio de Transición Energética de Teresa Ribera. Además, tras más de seis meses de gestión, ha elegido a una treintena de consultoras para hacerse cargo de estos fondos conjuntos, entre las que se encuentran las “clásicas” Deloitte, Atos, Everis o Accenture. “El Estado no creará empresas públicas de energía, sino de defensa” Esta realidad se suma a la decisión de Pedro Sánchez para buscar una ampliación de los fondos Next Generation más allá de 2026, abriendo el debate entre los socios de la Unión Europea sobre la continuidad de este mecanismo para paliar el impacto económico de la guerra. De manera más clara, observamos que el Ejecutivo socialista se mueve en la tensión entre fomentar la transición verde y minimizar el impacto económico de la guerra. Respecto al primero, recientemente se ha dado luz verde por parte de Europa para impulsar el proyecto del coche eléctrico y conectado, que supondrá un desembolso de unos 3.000 millones de euros de dinero público (Iberdrola recibirá una buena tajada para digitalizar la red eléctrica), y el del hidrógeno verde (Iberdrola también es la mejor posicionada por sus inversiones en este sector), que sumará más de 2.400 millones. Pedro Sánchez en la presentación del plan para descarbonizar las plantas asturianas de Arcelor Mittal. Foto: Iván G. Fernández Ahora bien, sabemos que el Estado no creará empresas públicas de energía, sino de defensa. Esto es, no habrá planificación central de la economía, ni mucho menos políticas industriales verdes. Además, todo el poder está en mano de las grandes consultoras para distribuir los fondos europeos, que pagaremos el resto de nosotros con recortes, hacia el sector militar. En este sentido a mediados del año pasado se decidió anular las barreras para encauzar el dinero de los fondos hacia empresas públicas, eliminando el límite del 50% de subcontratación en encargos de medios propios, y entregando al Isdefe la soberanía para garantizar el cumplimiento de los fondos. De manera paralela, observamos el reforzamiento de otros capitalistas nacionales, como Indra. Recordemos que, tras anunciar la compra de un 10% adicional del capital de esta empresa, hasta alcanzar el 28% del accionariado, el Gobierno de Sánchez ha propuesto a Telefónica y a Criteria Caixa tomar una participación en el capital para formar un núcleo duro que permita tomar el control ejecutivo y poner en marcha un plan estratégico centrado en el sector aéreo y de defensa. Aún en funciones, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encabezó el proyecto franco-germano-español para un Sistema de Armas de Siguiente Generación o NGWS (Next Generation Weapon System), cuya inversión total hasta 2030 se estima en 4.000 millones de euros, que se elevará a los 8.000 millones en 2040, cuando se estima que deberán entrar en servicio los primeros aviones de combate. “Es muy importante para modernizar el Ejército del Aire, supone un impulso para el desarrollo de la industria de defensa”, afirmaba Robles, motivos por los que España “tiene la intención de participar con el 33 % en los proyectos tecnológicos”. La ministra de Defensa Margarita Robles. Foto: Moncloa. Una vez que el ministerio de Defensa hubo designado a –efectivamente– Indra como coordinador industrial nacional de este proyecto, reconoció tener cerrada la “planificación” para que la industria española acometa su aportación al desarrollo de los demostradores de los diferentes pilares tecnológicos. En otras palabras, la única dirección de la economía que plantea el PSOE tiene que ver con la reorientación de los recursos públicos hacia el sector militar. Por último, como ha datado Danilo Albín, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre partidas de 2.504 millones de euros para diversos gastos del ámbito armamentístico, en su mayoría para la compra de 20 aviones de combate Eurofighter que serán enviados a Canarias. La nueva lucha política Hasta ahora, vender el triunfo de la reforma laboral era una de las bazas para la estrategia electoral de la izquierda española en el próximo comicio: la narrativa sobre la gestión keynesiana de la crisis pandémica resultaba central para el proyecto de Yolanda Díaz, quien podía arañar votos del PSOE y hacerse fuerte entre el votante progresistas. Al fin y al cabo, dado el fracaso de la reforma de alquiler, tampoco existe otro aspecto material que defender. Ahora bien, como señalaba acertadamente Esteban Hernández, el escenario de inflación y los problemas laborales acentuados pueden convertirse en una barrera para alcanzar dicho horizonte. En mi opinión, esta situación es dialéctica y se encuentra preñada de las condiciones de posibilidad para llevar las luchas de las fuerzas progresistas hacia nuevas fronteras. Y más aún cuando parece claro que ha vuelto la Gran Coalición que firmó el artículo 155 de la Constitución española, como acredita que Moncloa ignorase a Unidas Podemos en la subida del gasto en Defensa y confiara en sumar al PP para cumplir los compromisos de la OTAN cuando ni siquiera Ucrania confía en ingresar en esta organización internacional y se negocia el cese de los enfrentamientos bélicos. En este contexto, solo un tremendo pirómano político propondría incrementar el gasto en armas, que junto a las leyes que ha aprobado la rama del gobierno socialista sobre Seguridad Nacional y la Ley Mordaza 2.0, son un auténtico regalo a un posible bloque gubernamental PP–Vox. Y es que en efecto, al contrario de como Margarita Robles replicaba a Podemos, “invertir en Defensa [no] es invertir en la paz”. Y más aún en el aún más reaccionario escenario social que ha nacido durante las últimas semanas. “Uno de los efectos más ominosos a largo plazo de esta guerra es que legitima, a través de la destrucción ofrecida magnánimamente por el alma santa rusa, el recrudecimiento del nacionalismo en Europa, como si la historia de este continente necesitara más nacionalismos”, señalaba el sociólogo Mike Davis en un texto reciente. Davis también añadía, citando a Karl Marx, que una era revolucionaria puede vestirse con trajes del pasado, pero se definirá a sí misma reconociendo las posibilidades de reorganización social que surgen de las nuevas fuerzas de la tecnología y la economía.También debido al temor nuclear y climático. Resulta evidente que el electorado progresista no entiende los movimientos del PSOE, generados por el auge la de la ideología OTAN-bro, todo un delirio neocón que no contempla ninguna oportunidad keynesiana, no digamos revolucionaria. Si uno entiende correctamente el capitalismo, así como la guerra de posiciones de la socialdemocracia, entonces puede observar que a los estrategas socialistas no les quedan herramientas intelectuales en la recámara, ni mucho menos estrategias políticas, económicas o geopolíticas efectivas. Dada la centralidad de la economía de mercado en la ideología de la socialdemocracia, no puede existir agenda más allá de aumentar el gasto militar, a saber, están limitados orgánicamente a este tipo de salidas políticas. “el anuncio de Yolanda Díaz de que el Gobierno use los beneficios de las eléctricas para paliar la subida de la luz es un buen comienzo” A lo sumo, a las élites les queda una salida, como señalé sobre Ayuso y su alianza con Vox: “los conservadores se crecen en las crisis financieras, pues son los únicos que no titubean a la hora de imprimir las medidas autoritarias de los mercados financieros”. Pedro Sánchez se ha empeñado en asumir esa función, aunque no está claro que la gente vaya a preferir la copia “progre” a la realidad de Alberto Núñez Feijóo, quien efectivamente le está poniendo una alfombra roja a la ultraderecha. Por ello, el anuncio de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz –propuesto antes desde Unidas Podemos– de que el Gobierno use los beneficios de las eléctricas para paliar la subida de la luz es un buen comienzo. No obstante, esta debiera ser la primera en una escalada retórica centrada en problematizar el capitalismo desde la izquierda. Alberto Núñez Feijóo y Teresa Mallada, en el Teatro Campoamor de Oviedo. Foto: Iván G. Fernández Urge olvidar la idea de que es posible salvar a este sistema, o peor, civilizarlo, para iniciar una ofensiva económica, política y geopolítica que nos saque de las guerras, especialmente la que desde hace siglos ha impuesto el mercado: la competencia, esa guerra de “unas contra otras”. Aún no existen grandes certezas de que el frente unitario sea la fórmula electoral adecuado, pero seguramente que las unas y las otras deban encontrar alguna suerte de alianza estratégica para impugnar la forma macabra que ha asumido el capitalismo moderno e incluir a los movimientos en la ecuación. De lo contrario, dichosa sea la historia, en algún momento lamentaremos tener a miembros del bando franquista en el Gobierno, en lugar de al partido comunista. Va de nuevo: ello implica romper con todo rastro de euro-conformismo. Saquemos de nuevo los tambores de guerra: las grandes empresas españolas cotizadas en bolsa (el IBEX 35) han dejado atrás las pérdidas causadas por el coronavirus en 2021 y superado los niveles previos a la pandemia, obteniendo un beneficio neto conjunto récord de 58.543 millones de euros. ¿Serán las clases populares quienes paguen esta crisis? El capitalismo no funciona para la mayoría, toca reemplazarlo por otro sistema más sostenible.