Iberdrola, Gas Natural, Red Eléctrica... ¿Cómo será la nueva regulación de la energía?
Óscar Torres
El mercado espera una nueva normativa en junio
¿Se terminará con la incertidumbre regulatoria del sector energético este año? El Gobierno prepara un paquete de normas, que determinarán el futuro de la energía. Los expertos señalan el camino que se debería seguir.
La historia interminable de la energía tiene una nueva cita clave en otoño de este año. Si las previsiones del ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, no fallan, será para entonces cuando se ponga en marcha una ley que pretende dar carpetazo a la incesante incertidumbre regulatoria que pesa como una losa sobre el sector energético español cotizado. Para regular con éxito, no bastará con nuevos arreglos. El Ejecutivo tendrá que trabajar en los pilares que sustentan el sector; dotarlo de una regulación mucho más clara y hacerlo mucho más eficiente. De momento, la intención parece sólida y este julio, el Consejo de Ministros debería aprobar las medidas, para empezar los trámites en el Parlamento.
Soria ya ha advertido: «La reforma no gustará a las empresas». Pero, disguste a quien disguste, la nueva normativa debería disipar todas las dudas que confunden a unos inversores y empresas que mantienen sus planes de inversión en suspenso. «La situación económica y legal del mercado español no aconseja inversiones en este momento», aseguró Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural, durante la última junta de
accionistas de la gasista. Por ello, la tabla de salvación de las compañías energéticas españolas está resultando la internacionalización. «El sector eléctrico convencional se sostiene gracias a que su actividad en España sólo representa un 35 por ciento de la cifra global de negocios de estas compañías», afirma José Antonio Guillén Marco, director de regulación de Gas Natural Fenosa, en un informe elaborado por la consultora Deloitte.
accionistas de la gasista. Por ello, la tabla de salvación de las compañías energéticas españolas está resultando la internacionalización. «El sector eléctrico convencional se sostiene gracias a que su actividad en España sólo representa un 35 por ciento de la cifra global de negocios de estas compañías», afirma José Antonio Guillén Marco, director de regulación de Gas Natural Fenosa, en un informe elaborado por la consultora Deloitte.
¿Por dónde deben ir las nuevas reformas?
Más allá de los detalles y del recorte de subvenciones para atajar el déficit de tarifa, los expertos hablan de una simplificación de la normativa. «La reforma debe ser creíble, dentro y fuera de nuestras fronteras. Y debe asegurar el atractivo de los negocios energéticos. Un elemento esencial de una regulación creíble es su sencillez. La legislación energética es, en muchos aspectos, compleja y manifiestamente mejorable», asegura Pedro Mielgo, presidente de Madrileña de Gas, en un informe elaborado por Deloitte. «Hay que simplificarla, guardar lo que merece la pena y abandonar lo que no es digno de seguir en vigor», sentencia Mielgo.
Desde la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico en 1997, se han dictado unas 390 disposiciones legales y sus bases se han modificado con leyes o decretos hasta en 33 ocasiones.Todos los expertos coinciden en que esta acumulación normativa dificulta la visibilidad del sector. «En los últimos meses se han hecho avances para poner coto al problema estructural del déficit de tarifa, pero no se ha diluido el riesgo regulatorio», asegura Natalia Aguirre, de Renta 4.
Aunque la liquidación provisional de la Comisión Nacional de Energía desveló que el déficit de tarifa ascendió en 1.000 millones hasta febrero de este año, casi todos los expertos coinciden en que con las últimas medidas del Gobierno, que volvieron a reducir las primas al régimen especial y aprobaron la solicitud de un crédito extraordinario, cubrirán el déficit generado este año. No hay demasiada preocupación para este ejercicio. Pero hacen falta medidas que eviten su incremento en los próximos años. La solicitud de un crédito supone traspasar parte del coste a los Presupuestos Generales del Estado y no parece que el Ejecutivo vaya a continuar por esta vía.
Éste es uno de los puntos más delicados. Nadie discute que las medidas pasan por reducir subvenciones.Pero, ¿dónde? Las compañías tradicionales, agrupadas en UNESA (Iberdrola, Gas Natural, Endesa, E.ON y EDP) piden recortes más consistentes sobre las energías del régimen especial (renovables, entre otras).
Sin embargo, otros expertos, como Joaquín Gimeno, responsable de energía de March JLT, recuerdan que «el déficit de tarifa no es sólo culpa de las renovables. Hay otros factores como los gastos de distribución, transporte o los gastos de insularidad, que también contribuyen». Giménez hace especial mención a los costes extrapeninsulares, así como a las tarifas de peaje o los costes de distribución. Algunos miembros del Gobierno han insinuado que los recortes podrían continuar por este lado. Pero también parece claro que afectarán al régimen especial. Por otro lado, también se habla de un incremento en la tarifa eléctrica a los consumidores, aunque Soria ha dicho que el margen de esta última vía es muy limitado.
Identificar excesos y definir objetivos
Es otro de los puntos en el que parece haber un consenso entre los expertos. Las primeras regulaciones de apoyo a las energías renovables se hicieron con una gran falta de control. «En los últimos años se ha llevado a cabo un doble ciclo inversor, en ciclos combinados y en régimen especial (eólica, fotovoltaica y termosolar), que ha dado lugar a un exceso de potencia instalada y, sobre todo, de energía producible», explica Mielgo. Por ello, se hace necesaria una regulación que establezca unos objetivos claros de «mix» energético, es decir, establecer unos objetivos claros del peso que debe tener cada fuente de energía.
En este aspecto habría que tener en cuenta la prelación de energías en lo que se denomina el «pool» energético en la jerga del sector, es decir, las prioridades de acceso a la red eléctrica. En este momento, se da preferencia a la hidráulica y la nuclear. Justo después a la eólica, la fotovoltaica y la termosolar. Y por debajo queda el resto. Unos retoques en este orden podrían incentivar el ajuste en los excesos de generación. Y es que, según Mielgo, este desequilibrio ha tenido como consecuencia un despilfarro inversor, que las próximas regulaciones deberían solucionar. Este aspecto requiere especial atención, si se tiene en cuenta que la demanda eléctrica en España muestra un cierto debilitamiento en los últimos meses, como consecuencia de la dura crisis económica.
La divergencia tarifaria
Normalizar la formación del precio es otro de los puntos que los expertos piden. En nuestro país conviven básicamente dos tarifas eléctricas: la mayorista (cuya fijación es libre) y la de los consumidores, conocida en el sector como TUR (Tarifa de Último Recurso). Ésta última viene fijada por el Gobierno como una «tarifa refugio». Durante la última junta de accionistas de Gas Natural, Villaseca criticó que en 2008 la tarifa sobre mayoristas cae un 23 por ciento desde 2008, mientras la minorista sube un 27 por ciento.
Mielgo habla de una liberalización del mercado minorista, mediante la eliminación gradual de las tarifas reguladas. Incluso, propone un calendario para la desaparición de la TUR. No obstante, reconoce que se podría mantener su figura para proteger a los clientes más vulnerables. Además, propone traspasar el coste del bono social (la tarifa especial a la que se pueden acoger los clientes domésticos más desprotegidos) a los Presupuestos Generales del Estado, aunque esto supondría hacer cargar con su coste a todos los contribuyentes.
Diálogo sectorial
Es la gran petición de las organizaciones que agrupan a las energías renovables. Joaquín Corchado, profesor del IEB, denuncia que «el Gobierno legisla de espaldas a los representantes de las energías renovables». Este experto reclama «hacer una reforma en profundidad que establezca de forma equitativa quién es el verdadero responsable de los sobrecostes. Una vez identificado el problema y quién lo causa, conviene establecer objetivos a largo plazo, que no produzcan pánico en el capital nacional e internacional».
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