¿Qué servicios públicos dejarán de estar vinculados al IPC?
José Mª Camarero
Se acabó la actualización automática de los precios, las tarifas, las tasas y las rentas de las Administraciones Públicas. Se acabó la referencia del Índice de Precios al Consumo (IPC) como indicador que marca la revalorización continua de las numerosas operaciones (contratos, concesiones, etc.) que el Estado lleva a cabo habitualmente.La alternativa será un indicador elaborado a medida para evitar que la Administración se vea obligada al pago de cantidades extraordinaria porque lo marcque el IPC.
La Ley de Desindexación de la Economía Española, que ayer se anunció tras el Consejo de Ministros y que será llevada a la mesa del Ejecutivo a finales de mayo, puede modificar los hábitos de muchos ciudadanos, a los que la medida puede afectar directa o indirectamente. Aunque el Gobierno no ha querido aclarar a qué "rentas" se referirá esta ley, estos son algunos de los servicios incluidos en una lista que se guarda sigilosamente hasta la aprobación definitiva de la ley.
-Alquileres. Con la tramitación de la última normativa de arrendamientos urbanos, el Ejecutivo propondrá que el incremento del coste del alquiler no se vea automáticamente incrementado en la medida en que lo haga el IPC.
-Sueldos públicos. Aunque existen varios acuerdos firmados entre los sindicatos y las Administaciones en torno a los convenios colectivos de la Función Pública, la aplicación de esta nueva ley romperá por completo el esquema de incremento de los salarios anuales en función del coste de la vida. Adicionalmente, se espera que esta medida tenga un efecto expansivo en la economía. Es decir, que la pueda aplicar también el sector privado en las empresas.
-Concesiones administrativas. Aquí, la obra pública tiene un papel esencial. Hasta ahora, cuando se establecía una concesión, muchos de los precios se actualizaban a medida que lo hacía la inflación. Algo que dejará de ocurrir para las concesiones que se tramiten tras la aprobación de la ley, y no para las que ya se encuentran en vigor.
-Energía. El índice de actividades de energías renovables, sobre el que también influye el IPC, ha llegado a ser superior que el del coste del petróleo. Algo de lo que el Gobierno está completamente en contra. Pero son muchas las dudas que se han generado con esta nueva Ley. Porque muchos de los precios que marcan la vida diaria de los ciudadanos están en cuestión.
-Pensiones. El Gobierno no ha querido ligar este plan de desidexación a las prestaciones públicas, y sí al factor de sostenibilidad que una comisión de expertos está elaborando durante estas semanas. Lo que está claro es que el IPC dejará de ser una referencia para futuras revalorizaciones, tal y como lo conocemos hoy día.
-Becas. Habitualmente, las Administraciones Públicas fijaban la cuantía y los requisitos económicos de las becas educativas en función de la evolución de la inflación. Si esta partida también se incluye en la nueva ley, el incremento de las becas no tendría por qué ser la misma que hasta ahora.
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