Una inversión ruinosa y un préstamo irregular, pilares de los problemas de Blesa

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. Foto: Archivo

El crédito a Marsans y la compra de City National Bank of Florida son sólo dos de los aspectos más polémicos de la etapa de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid. Su gestión, dominada por inversiones ruinosas y una exposición elevada al ladrillo, acabó con una guerra interna sin precedentes en la historia empresarial española.

Llegó de la mano de José María Aznar a la segunda caja del país en 1996. Sus renovaciones posteriores en el cargo siempre estuvieron marcadas por claroscuros, principalmente después del famoso tamayazo tras la victoria del PSOE en la Comunidad de Madrid, en 2003.

La crisis puso de manifiesto, como en otras cajas de ahorros, una gestión poco profesional, contaminada por el riesgo inmobiliario. Blesa sólo pudo salvar las cuentas al principio de crack financiero por las cuantiosas plusvalías obtenidas por la venta de Endesa. El aumento de la morosidad y la lucha por mantenerse en el poder provocaron un agujero en Caja Madrid, que le llevó a fusionarse con Bancaja y otras cinco cajas de menor tamaño.

Durante dos ejercicios, hasta su salida en enero de 2010, Blesa mantuvo con Esperanza Aguirre una lucha sin cuartel para quedarse al frente de la entidad. Entre los pulsos que libró con la ahora ex presidenta del Gobierno madrileño fue la venta de Endesa y la inversión de la entidad en Iberia. Blesa, ayudado por Alberto Ruiz Gallardón y una serie de consejeros afines, como Gerardo Díaz Ferrán, perdió la batalla. Fue sustituido por Rodrigo Rato, que se vio obligado a poner en marcha la creación de Bankia.

En la guerra por mantenerse intentó cambiar los estatutos de la caja, un pacto antinatural con una parte del consejo de la caja, llevar a cabo una fusión con Caixa Catalunya y después, Caixa Galicia, tras la perdida de confianza por parte de Aguirre para renovar el cargo. Necesitaba el apoyo de la Comunidad de Madrid para reeditar el mandato, tras doce años en la presidencia.

Precisamente uno de sus aliados Díaz Ferrán se vio beneficiado por un trato de favor con un crédito irregular, que ahora le ha estallado en los tribunales. Sin embargo, lo que le acerca al precipicio de cárcel es la ruinosa inversión acometida en Florida con la compra de un banco a precio desorbitado poco después de que Lehman Brothers quebrara y la crisis enseñara su peor cara.

La adquisición de City National Bank of Florida se realizó el 7 de noviembre de 2008 por 927 millones de dólares, el doble que otras operaciones similares llevadas a cabo por entidades españolas -Popular y Sabadell-. Tomó el 83 por ciento del capital y se garantizó una opción de compra por el 17 por ciento restante en la primavera de 2010 en un precio aproximado de 190 millones. En total, una apuesta de 1.117 millones de dólares, que pronto hizo aguas. El juez Elpidio José Silva estima que acusa incursión ha ocasionado a Caja Madrid -ahora Bankia- pérdidas superiores a 500 millones de euros, que podrían haberse incrementado a día de hoy.

En la actualidad es uno de los primeros activos puestos a la venta por el grupo tras haber recibido unas ayudas de 22.500 millones. Se prevé que la puja por City National concluya antes de finales de 2013.

El magistrado del juzgado de instrucción número 9 de Madrid revela en su auto que la inspección del Banco de España determinó que el plan de crecimiento proyectado por Caja Madrid para calcular el precio de compra sobre los ejercicios 2009-2014 "está seriamente desorientado e ignora manifiestamente la atonía económica imperante". Aplicando los criterios del supervisor, el fondo de comercio de City National se habría deteriorado en 581 millones de dólares. Hasta el Tesoro de EEUU cuestionó la operación y la capacidad del equipo directivo del grupo español.

Sobre el crédito a Díaz Ferrán de 26,6 millones de euros, el magistrado asegura que se concedió desoyendo las alertas del propio departamento de gestión de riesgos de Caja Madrid en 2008, que advertía sobre la posibilidad de impago.

Además, sostiene que se utilizó un desvió para que no pasara por el consejo de administración, al que hizo participe un año después de otorgarlo. Tampoco se informó al Banco de España ni a la Comunidad de Madrid. El juez ve indicios de delito tras constatar que se otorgó con garantías insuficientes y sobrevaloradas; y supeditada un inexistente acuerdo de venta de una muy endeuda Marsans. En este mar de irregularidades, el magistrado señala que, a pesar de que el riesgo de impago crecía con el tiempo, fue refinanciado en marzo de 2010 por diez años, en lugar de forzar su cobro con el inicio del proceso judicial esperable para un banco.