El juez cifra en 2,7 millones el agujero del 'caso Renedo' para las arcas del Principado
El Comercio
La instrucción deja indicios de un fraude mayor, pero Sorando opta por ceñirse a los expedientes de los que tiene más indicios
03.07.13 - 00:12 -
¿Cuánto dinero le ha costado la trama del 'caso Renedo' al Principado? El magistrado-juez Ángel Sorando ha pasado 26 meses buscando la respuesta, siguiendo la mayor parte de las pistas que la policía y las acusaciones le ponían sobre la mesa. El instructor hizo balance, el pasado viernes, dictando un auto de procesamiento que llevaba meses preparando. El magistrado-juez considera que son 29 los responsables, y que entre unos y otros, habrían causado un perjuicio a la Administración de 2,7 millones.
La resolución atribuye el 32,7% de este supuesto fraude a la funcionaria Marta Renedo. A la hora de concretar, Sorando cree probado que la exjefa de servicio allegó a sus cuentas 663.000 euros adjudicando trabajos ficticios a su empresa 'tapadera' Implans Mounts. A esta cifra suma otros 248.000 euros que obtuvo de manera indirecta: primero adjudicando seis contratos a la empresa de Maximino Fernández e ingresándoselos por adelantado; luego convenciendo a éste empresario de que el trabajo para el que se le había reclutado ya no corría prisa, que mejor devolviera los fondos a una tal Implans Mounts, sociedad que -así se lo explicó- estaba prestando servicios a la Administración.
Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo) sería la causante del segundo mayor menoscabo: 731.883,51 euros supuestamente defraudados al Principado. A la cifra hay que hacerle una aclaración. Educación abonó 46 millones a Igrafo y APSA entre los años 2005 y 2010 mediante cientos de facturas -algunas de pocos euros- emitidas por casi todos los centros gestionados por la consejería. Según los listados de la Administración autonómica, en el Principado hay censados 67 colegios, 71 institutos de educación secundaria y siete conservatorios.
En lugar de comprobar cada factura y cada centro, el magistrado-juez optó por seleccionar lo que consideró una muestra representativa de centros y enviar a ellos a la policía con una misión: verificar si las facturas que estaba pagando la consejería para equipar estos inmuebles se correspondía con lo que allí se recibía.
Los agentes al servicio de Sorando limitaron así sus visitas a tres centros dependientes de Educación y otro más supuestamente ligado a Cultura. Es decir, la labor de verificación se efectuó sobre una muestra de solo el 2% del total de centros gestionados por la consejería de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero. En los equipamientos inspeccionados, la diferencia que encontraron entre lo facturado a Igrafo y los enseres que o no llegaban o eran de peor calidad equivalen a esos 731.883,51 euros en los que el juez ha decidido centrarse.
Utilizando la misma metodología, Sorando estima en 531.041 euros los contratos por los que, en fase de juicio oral, deberá responder el dueño de APSA. Como en el caso de Igrafo, el magistrado ha optado por limitar la investigación a una muestra de expedientes de los que concluye que permitieron a la empresa «facturar y cobrar sin haber prestado el servicio o entregado toda la mercancía».
A Nora, el magistrado-juez le achaca 483.113,9 euros cobrados del Principado en operaciones que ve irregulares. Son obras en colegios que tampoco se corresponderían con lo encargado. La mayor parte del dinero responde a una caldera de geotermia que sí se intentó ejecutar en el IES de Infiesto, en lo que participó el hijo de Iglesias Riopedre, y que finalmente no funcionó como se esperaba.
La cifra más discreta se le asigna a Asac. Como ya se ha dicho, la sociedad de Maximino Fernández percibió por adelantado 248.000 euros que luego transfirió a Implans Mounts, sin obtener ganancia alguna en la operación, motivo por el cual el beneficio del enjuague cabe atribuírselo a Renedo. El instructor recuerda sin embargo que las sociedades de Fernández facturaron 128.387,7 euros más presentado facturas de obras no ejecutadas. Según reconoció el propio empresario, lo hizo así para recuperar el dinero que se le iba en las nóminas de una serie de personas que la funcionaria le había pedido contratar y poner al servicio de la Administración.
En el 'caso Renedo' están comprometidos los intereses patrimoniales del Principado por partida doble. Por un lado, la Administración está personada como acusación con la intención de recuperar los fondos que le fueran defraudados. Sorando, sin embargo ya ha advertido de que la sentencia con la que termine el caso podría costarle más dinero al Principado, si se le considera responsable civil subsidiario de los posibles delitos cometidos por sus empleados y altos cargos.
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