Este 2014 ha sido un año duro para la imagen de los dirigentes políticos, tanto de un color como de otro. Varias operaciones policiales han dejado visiblemente tocado el prestigio tanto del PSOE como del PP, un intangible que venían lastrando estos dos partidos desde hacía años. Policía y Guardia Civil se han convertido en el azote de ambos.
Por un lado, 2014 ha sido el ejercicio de la denominada operación Edu, que ha desvelado el mayor fraude ejecutado hasta el momento. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, tras dos años de trabajo, ha levantado en colaboración con la Fiscalía una macroestafa que algunos estiman que podría superar los 4.000 millones de euros. Aunque aún se encuentra en una fase incipiente, la Policía ha logrado que los ocho juzgados de cada una de las provincias andaluzas abran diligencias de investigación.
La Policía rastrea el camino que han seguido miles de millones de euros que en principio iban destinados a ayudar a los parados, pero que se han quedado por el camino. El dinero, que provenía del Fondo Social Europeo, ha sido entregado vía subvención de cursos de formación a cientos de empresas repartidas por toda la Comunidad Autónoma de forma presuntamente irregular. El elevado volumen de trabajo que tienen que afrontar los funcionarios provocó que la Dirección General de la Policía multiplicara por diez el número de efectivos destinados a investigar esta trama de clientelismo que ha afectado principalmente al último gobierno de José Antonio Griñán.
Dos agentes aguardan la salida de Francisco Granados de la AN. (Reuters)Dos agentes aguardan la salida de Francisco Granados de la AN. (Reuters)
Además, durante este 2014 también ha habido una operación, en este caso dirigida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, que ha hecho temblar los cimientos del partido que sostiene al Gobierno. Se trata de la operación Púnica, que ha llevado a la cárcel provisionalmente al que fuera senador, consejero de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. La Guardia Civil le detuvo a él y a otro medio centenar de políticos y empresarios por su vinculación a la citada trama de pago de comisiones a cambio de favores políticos.
Según la investigación, el conglomerado de dirigentes políticos, concejales, funcionarios y empresarios arrestados habría adjudicado contratos por valor de 250 millones de euros en los últimos dos años a cambio de comisiones que se situarían entre el 2 y el 3% de la cantidad entregada. 
De 'históricos', siglas y ministras
Por su parte, 2014 también ha sido el año de la confesión del expresidente del Gobierno catalán Jordi Pujol, que el pasado julio hizo público un comunicado en el que admitía haber ocultado a Hacienda "un dinero" que tenía en el extranjero durante los últimos 34 años. Aseguró que nunca vio el momento de regularizar la situación de su fortuna, motivo por el cual Manos Limpiasinterpuso una denuncia contra el expresidente regional por un cúmulo de delitos.
Jordi Pujol y Marta Ferrusola, en la consulta catalana del 9-N. (Efe)Jordi Pujol y Marta Ferrusola, en la consulta catalana del 9-N. (Efe)
Se trata de tres nuevos casos que se han iniciado y que los tribunales previsiblemente continuarán durante 2015 y seguramente más allá. Pero hay otros que también han seguido avanzando en este 2014, aunque nacieron mucho antes. Los últimos coletazos de la eterna trama Gürtel, por ejemplo, han provocado que este año la Policía haya implicado a Francisco Álvarez Cascos como presunto nombre detrás de las siglas P.A.C. que habría cobrado comisiones ilegales relacionadas con la trama. 
Pero también ha provocado la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, que aguantó en su sillón la crisis del ébola, pero que no soportó el peso del dedo del juez Pablo Ruz, que la señaló como presunta beneficiaria de los regalos y de los delitos que se le atribuyeron a su exmarido, Jesús Sepúlveda, durante la investigación de la Gürtel. 
El PP, el más 'castigado'
Los también coletazos de otros sonados casos han provocado el ingreso en prisión de dos dirigente políticos vinculados al PP, que ha sido la formación más castigada por las decisiones judiciales relativas a la corrupción este año. Se trata, en concreto, del expresidente de Baleares Jaume Matas, que entró en la cárcel después de que el Gobierno rechazara su petición de indulto, y del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, quien también ingresó entre rejas tras ser condenado a cuatro años de privación de libertad por defraudar 700.000 euros a la Hacienda Pública.
En paralelo ha continuado trabajando por su cuenta la juez Mercedes Alayadesde Sevilla, que no pudo hacerse con la dirección de la operación Edu, pero que ha seguido imputando a gente en el marco de la investigación de los ERE de Andalucía. En concreto, la magistrada imputó el pasado mes de septiembre a otras 20 personas relacionadas con la trama fraudulenta, lo que eleva el número de encausados a 227, una cifra realmente elevada para juzgados con tan pocos medios.
La infanta Cristina declaró en febrero ante el juez José Castro en Palma. (Gtres)La infanta Cristina declaró en febrero ante el juez José Castro en Palma. (Gtres)
También ha sido este el año de la Infanta y del tira y afloja que han mantenido la Fiscalía y el juez José Castro, instructor del caso Nóos, a cuentas de la imputación de Cristina de Borbón. El Ministerio Público, contrario a que la hermana del Rey Felipe fuera encausada, no ha podido finalmente -al menos de momento- con el pulso que le planteó el juez Castro al imputarla el pasado enero. A pesar de la oposición de la Fiscalía, la Audiencia de Palma decretó la imputación de la Infanta, aunque solo por delito fiscal, no por blanqueo de capitales, el pasado 7 de noviembre, un mes y medio antes de que el mismo tribunal dictara la apertura del juicio oral contra todos los encausados.
Por último, la lucha de los tribunales y las fuerzas de seguridad dejó también en 2014 un llamativo y mediático caso que afectó a decenas de directivos de Caja Madrid y Bankia. En concreto, el pasado octubre una investigación de la Audiencia Nacional hizo público que entre 2003 y 2012 consejeros y altos ejecutivos de la caja de ahorros, luego reconvertida en entidad bancaria, dispusieron de tarjetas de crédito de empresa -denominadas comunmentetarjetas black- que podrían no estar controladas por Hacienda y a las que cargaron más de 15 millones de euros en compras. Rodrigo Rato fue uno de los que más gastaron de esta manera.