El despacho de abogados Ramón y Cajal, que esta semana se ha apuntado el éxito de la anulación de la multa de Jaime Botín, pretende montar un auténtico dream team con altos cargos de los reguladores y de organismos financieros públicos. Así, al fichaje de la exresponsable de sanciones de laCNMV, Cristina Vidal, adelantado por El Confidencial, se sumará en enero Idoia Arteagabeitia, hasta ahora secretaria del Consejo del ICO. Y el despacho también mantiene negociaciones con Alfonso Cárcamo, actual secretario de la comisión rectora del Frob. Vidal y Cárcamo eran los responsables del expediente de Jaime Botín en 2012, cuando se produjo el retraso que ha provocado la anulación de la sanción.
De los tres fichajes, el de Arteagabeitia ya está cerrado y se incorporará en enero, según confirma el propio bufete. El de Vidal no se ha consumado, pero está a punto de cerrarse y, salvo sorpresa, también se hará efectivo a comienzos de año. El que está resultando más complicado es el de Cárcamo, puesto que existe la opción de que acompañe a su actual jefe en el FROB, Antonio Carrascosa, en su nuevo cargo como miembro de la Junta Única de Resolución europea. Asimismo, tiene ofertas de varias entidades españolas, aunque en teoría tiene un período de incompatibilidad de dos años para trabajar en el sector. Cárcamo es el autor del informe del FROB sobre lastarjetas black de Caja Madrid que dio pie a que el asunto llegara a los tribunales.
La CNMV anunció el viernes que puede volver a sancionar a Botín porque no ha prescrito la falta que provocó la mayor multa de la historia de la institución (700.000 euros): la ocultación de un 7,85% del capital del banco en los 2.000 millones que la familia tenía en SuizaAunque Ramón y Cajal no representa al mayor de los Botín en su querella contra la CNMV por revelación de secretos en el expediente, va a tener todavía trabajo con el asunto de la multa. Por un lado, es previsible que la CNMV recurra la estimación del recurso del máximo accionista de Bankinter por la Audiencia Nacional. Por otro, el supervisor del mercado anunció este mismo viernes que puede volver a sancionarle porque no ha prescrito la falta que provocó la mayor multa de la historia de la institución (700.000 euros): la ocultación de un 7,85% del capital del banco dentro de los 2.000 millones que la familia Botín tenía escondidos en Suiza. 
Cambio de bando
Y ahí es donde está la gravedad del asunto, porque Vidal y Cárcamo tuvieron un importante papel en el expediente sancionador de Jaime Botín. Vidal era la directora del llamado departamento de contencioso y sancionador de la CNMV, y Cárcamo era su jefe como director general del servicio jurídico en junio de 2012. En esa fecha, el juez Fernando Andreu archivó la causa penal instruida también en la Audiencia Nacional contra 12 miembros de la familia Botín por delitos de fraude fiscal y falsedad por ese patrimonio oculto; mientras duró esa investigación, el procedimiento administrativo estuvo suspendido.
Los dos responsables jurídicos de la CNMV debieron levantar la suspensión del expediente, pero tardaron mes y medio en hacerlo. Un retraso que la Audiencia Nacional considera 'injustificado y a todas luces excesivo'Por tanto, en esa fecha, los dos responsables jurídicos de la CNMV debieron levantar lasuspensión del expediente, pero tardaron mes y medio en hacerlo (además, Cárcamo se incorporó al Frob el 30 de julio). Un retraso que la Audiencia Nacional considera "injustificado y a todas luces excesivo" en su resolución sobre la multa y que, a la postre, ha provocado la prescripción.
Un fichaje llamativo
Por otro lado, Vidal abandonó la CNMV en septiembre de 2013 y se incorporó unos meses después a Barclays, un movimiento bastante extraño por cuanto ya se había iniciado el proceso de venta de la entidad en España, finalmente adquirida por La Caixa. No es habitual fichar por un banco en venta, puesto que lo normal es que el comprador acometa fuertes despidos en áreas donde ya cuenta con su propio departamento, como el jurídico. 
Se da la circunstancia de que los tres son abogados del Estado y de la misma promoción, con lo que se llevan bastante bien. Además, Ramón y Cajal es un bufete que cuenta con gran cantidad de compañeros de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; de hecho, 11 de sus socios son abogados del Estado, número que se incrementará hasta 14 si cristalizan estas tres incorporaciones.