El uso irregular de las tarjetas de crédito va camino de convertirse en un mal endémico de la empresa española. Un problema especialmente sangrante cuando lo que se maneja es dinero público. Y es que, según consta en la última Auditoría Pública de Radiotelevisión Española (RTVE), todavía provisional, apenas el 30% de los gastos sufragados con visa por los ejecutivos de la casa se acompañan de información suficiente como para dar por bueno el desembolso. Todo después de que la Intervención General del Estado (IGAE) haya llevado a cabo un amplio análisis de las prácticas implementadas en 2013, último año íntegro de Leopoldo González-Echenique al frente de la sociedad.
“De los 224 gastos analizados, 69 (el 30,80%) se considera que aportan suficiente información para entrar a formar parte de los casos que justifican el uso de la tarjeta de crédito, aunque no se señale en muchos de ellos el motivo del gasto en los certificados de conformidad correspondientes”, subraya el documento. Sin embargo, “en 58 gastos (el 25,89%) la documentación aportada no es completa pues, aparte de no indicarse el motivo del gasto, no se proporciona información detallada acerca de otros aspectos que pudieran facilitar la inclusión de estos gastos dentro del ámbito objetivo delimitado por el artículo 4º de la Instrucción”.
El IGAE recomienda que, 'en lo sucesivo, se especifique en todos los casos el motivo del gasto en el certificado de conformidad', en lo que supone toda una llamada de atenciónPor si fuera poco, en 97 abonos (el 43,30%) “esta información resulta claramente insuficiente, faltando incluso en ocasiones el documento justificativo del gasto”. Según establece el citado artículo 4º, “la tarjeta de crédito se utilizará exclusivamente por razón del cargo y durante el desempeño del mismo para atender obligaciones que impliquen el pago al contado de comidas de trabajo y relaciones externas, así como gastos relacionados con viajes en comisión de servicio”. Por tanto, el IGAE recomienda que, “en lo sucesivo, se especifique en todos los casos el motivo del gasto en el certificado de conformidad", en lo que supone toda una llamada de atención.
Según consta en la normativa de la Corporación, sólo podrán disponer deplásticos con cargo a las cuentas de la sociedad los directivos que formen parte del Comité de Dirección (CD) y aquellos otros que tengan nivel A. De acuerdo con la auditoría, el CD está formado por siete miembros, el mismo número de profesionales que integran la alta dirección. “Excepcionalmente -subraya el artículo 2º- podrán ser expedidas esta clase de tarjetas, previa autorización del miembro del Comité de Dirección correspondiente, a aquellos otros directivos que, no figurando incluidos en el apartado anterior, realicen funciones comerciales, publicitarias o de amplio ámbito relacional”. Una vía que, en apariencia, abre la veda para la extensión de este privilegio.
De hecho, 9 de los 22 empleados analizados no pertenecen al citado Comité de Dirección, pero tienen autorización de éste. Un mecanismo de control que no evita irregularidades inquietantes. “Se ha detectado que una persona, que a partir del 21 de abril de 2012 no tiene derecho a utilización de tarjeta de crédito, ha efectuado un cargo con fecha 5 de diciembre de 2005 por importe de 93,5 euros. Se insta a extremar los controles sobre la no utilización de tarjetas de crédito de las personas que no tengan derecho a ella”, subraya la auditoría. Para reflexionar.
Leopoldo González-Echenique durante una comparecencia, en una imagen de archivo (Efe).Leopoldo González-Echenique durante una comparecencia, en una imagen de archivo (Efe).
Una denuncia recurrente
La cuestión resulta chocante en tanto no es la primera vez que el IGAE denuncia abiertamente esta mala praxis sin que se hayan tomado medidas. El propio Echenique tuvo conocimiento de esta situación por la auditoría de 2012. Entonces, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ya advertía al analizar el uso de las tarjetas que, “de los 95 gastos originados por comidas de trabajos y estancias en hoteles analizados, 25 (el 26,32%) no parecen cumplir el principio de austeridad en el gasto público”. Incluso apuntaba que en la mayoría de los casos no se indicaba el motivo del abonoe, incluso peor, que muchos pagos presentaban correcciones hechas a mano.
“De los 244 gastos analizados, 182 sí cumplen con lo estipulado (…), mientras que 62 no lo hacen (el 25,41% restante), bien porque no se acompañan de documento justificativo, porque presentan justificante bancario en lugar de factura, porque faltan datos identificativos o porque el importe está corregido a mano”, se subrayaba. En esta línea y a la hora de remitir a la Tesorería los certificados de conformidad que deben acompañar a los justificantes, la Intervención exponía que “en 140 gastos se considera insuficiente la explicación de los mismos”. Ya en 2009, con Alberto Oliart en la presidencia, se denunciaba que una tarjeta se había empleado por “una persona cuya relación con la Corporación es mediante un contrato de asistencia y consultoría”. Demoledor