El fiscal del 'caso Marea' pide 57 años de cárcel para 7 imputados
El ministerio público solicita el mayor castigo para la exnúmero dos de Educación, María Jesús Otero // Diez años para Marta Renedo y el exconsejero Riopedre y de tres a nueve para cuatro empresarios
Martes30 de diciembre de 2014
La fiscalía acusará a siete de las 43 personas que en algún momento llegaron a estar imputadas en la instrucción del caso Renedo. Finalmente, el ministerio público solo ha encontrado pruebas para proceder contra dos cargos públicos, una funcionaria de la Administración regional y cuatro empresarios que, presuntamente, pagaban sobornos para obtener contratos de la Consejería de Educación y deja fuera del caso a los otros 36 investigados en su momento por el juez Ángel Sorando. En el escrito de acusación que acaba de enviar a la Audiencia Provincial, el fiscal solicita penas que suman 57 años de prisión. La parte política de la trama, según ese relato, salpica el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a su número dos y mano derecha en ese departamento del Principado, María Jesús Otero. Completan la lista de acusados la funcionaria Marta Renedo, que fue la primera investigada y se convirtió en el hilo principal para desenredar el ovillo, y los gerentes de cuatro compañías asturianas: ASAC Comunicaciones, Igrafo, Almacenes Pumarín y Nora Proyectos e Ingeniería.
Riopedre, Otero y Renedo acumulan las mayores peticiones de penas. El mayor castigo, según el fiscal, debe recaer en la exdirectora general, para la que pide siete años y medio por prevaricación y cuatro por cohecho. A su superior, Riopedre, le imputa los mismo delitos, pero la solicitud es ligeramente inferior: diez años y medio en total, siete y medio por la prevaricación y tres por el cohecho. La funcionaria, por su parte, incurrió presuntamente en falsificación de documentos oficiales en concurso con malversación y en cohecho. La acusación pide para ella diez años de cárcel.
Por el lado de los empresarios que presuntamente pagaban los sobornos, la fiscalía solicita la entrada en prisión del gerente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, para el que pide nueve años: cuatro de prisión por dos delitos continuados de cohecho y cinco por un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles. Los mismos cargos y las mismas condenas pide para el gerente de Almacenes Pumarín, Alfonso Sánchez. Por su parte, el gerente de ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández, se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Para el gerente de Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio José Azorín, el fiscal solicita tres años de prisión por falsificación y como cooperador necesario en el delito de fraude y exacciones ilegales.
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