Próximo lío con Catalunya....

El abogado de la UE apoya a Llarena sobre la euroorden para entregar a Puigdemont Nacho Alarcón. Bruselas - Hace 1 h En una opinión no vinculante, pero que los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) suelen seguir en la mayoría de las ocasiones, el abogado general de la Unión, Richard de la Tour, ha respaldado las tesis del juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, sobre la forma en la que Bélgica estaba gestionando las euroórdenes contra los líderes independentistas. “Una autoridad judicial no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado miembro emisor”, señala su opinión. Se trata de una decisión clave sobre el papel de las autoridades belgas en la ejecución de las euroórdenes emitidas contra Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y Toni Comín, exconseller, que huyeron a Bélgica en 2017 tras la fallida declaración unilateral de independencia. Desde entonces, los distintos intentos por parte de Llarena de lograr la extradición de los líderes huidos del 'procés' han fracasado una vez tras otra. El abogado de la UE apoya a Llarena sobre la euroorden para entregar a Puigdemont © Proporcionado por El Confidencial El abogado de la UE apoya a Llarena sobre la euroorden para entregar a Puigdemont Derechos fundamentales y competencia del Supremo: el TJUE revisa el caso Puigdemont Pablo Gabilondo El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no emitirá un pronunciamiento este mismo martes, sino que se limitará a escuchar a las partes personadas en el caso En enero de 2021, el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazó la euroorden emitida contra el 'exconseller' Lluís Puig, que a diferencia de Puigdemont y Comín no es eurodiputado y no ha contado con la inmunidad que se deriva del cargo, por lo que su proceso continuó. Las razones fueron dos: consideraba que el Tribunal Supremo no era el competente, sino que debía haber emitido la solicitud el tribunal del “lugar del delito”, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y además señaló que los derechos fundamentales de Puig no estaban garantizados, basándose en un informe de 2019 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.