Presupuestos..Casi la mitad del P.I.B. se vá en ellos....

Presupuestos ¿A dónde van nuestros impuestos? El 70% del gasto público se destina a pensiones y a sueldos de los funcionarios. mientras la política de vivienda recibe el 1% y la inversión se queda en el 6% del gasto total del conjunto de las administraciones Amparo Estrada Amparo Estrada Madrid Sábado, 3 de febrero 2024, 19:55 El Gobierno se encuentra inmerso en la elaboración de los Presupuestos Generales para este año, donde la mayor dificultad va a ser lograr el apoyo parlamentario suficiente para aprobarlos, con Junts haciendo valer a precio de amnistía cada uno de sus votos. Si no llegaran a aprobarse en el Parlamento los nuevos Presupuestos, el Gobierno funcionará con las cuentas de 2023 prorrogadas, como ya hizo en 2019 y 2020. En realidad, los Presupuestos son como un transatlántico, que pesa demasiado, al que es difícil cambiar el rumbo de repente porque lo mantiene aunque solo sea por inercia. Causas excepcionales, como la pandemia del coronavirus, obligan a tomar medidas extraordinarias y los fondos europeos 'Next Generation' han permitido dar un impulso a la inversión que de otro modo hubiera sido imposible. El Plan Presupuestario del Gobierno contempla alcanzar los 694.268 millones de gasto público este año, el 45% del PIB, un 8% más que lo presupuestado para 2023, aunque inferior en ocho décimas en porcentaje del PIB. Pero el último ejercicio certificado por la Intervención General del Estado y que permite analizar el detalle de la ejecución presupuestaria es 2022. Se superaron los 637.500 millones de euros y solo con el gasto comprometido en pensiones y en remuneración de los cerca de tres millones de empleados públicos se decide casi el 70% del total. En el reparto por partidas, las prestaciones sociales (donde el 80% son pensiones) se llevaron el 45,6% del gasto total; la remuneración de asalariados, el 24,3%; los consumos intermedios (como las camas para un hospital, los pupitres o pantallas para los colegios, las mesas y papel en los ministerios, etc) absorbieron el 12,4% del gasto; para la inversión quedó el 6% y un 11,7% para el cajón de sastre de 'resto'. España muestra un peso relativamente elevado, desde una perspectiva europea, en partidas como las prestaciones sociales y los pagos de la deuda, pero un peso relativamente menor en educación e inversión pública. Un gasto público con menor peso en inversión y educación suele estar asociado con menos crecimiento potencial de la economía y con una menor capacidad para reducir la desigualdad, según el Banco de España. «Nunca hay mucho margen para decidir dónde gastar, salvo que se introduzcan cambios estructurales» María Jesús Fernández Economista senior de Funcas «Nunca hay mucho margen» para decidir dónde gastar, señala María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, «salvo que se introduzcan cambios estructurales». El porcentaje del gasto sobre el que hay capacidad de decidir puede estar entre el 10% y el 20% del total. Hay gastos que no se pueden tocar: el primero, el pago de los intereses de la deuda pública o los subsidios y prestaciones por desempleo, pero también las pensiones que por ley deben revalorizarse con el IPC cada año. Hace más de diez años, la protección social representaba el 36% del gasto total de las administraciones, ahora es más del 40%. Si a ello se suman las partidas de salud y educación, que son competencia de las comunidades autónomas, justifican dos terceras partes de los presupuestos públicos. El tercio restante se reparte entre defensa, orden público, servicios generales, asuntos económicos, vivienda, protección del medioambiente y cultura. Al final, cómo se gasta el dinero de los impuestos es una decisión de la sociedad que los Gobiernos interpretan. La prioridad que se da a cada una de estas políticas de gasto ha cambiado poco con los años y con los distintos Ejecutivos. De hecho, la mayor variación se ha producido en protección social, que ha crecido en 69.000 millones de euros en diez años, donde la parte del león se la llevan las pensiones, lo que obedece por un lado al envejecimiento de la población y, por otro, al cambio estructural que supuso la ley que blinda la revalorización con el IPC de las pensiones. Salud Más gasto pero sigue con problemas Una de las principales competencias de las comunidades autónomas es la sanidad. Se trata de un servicio público muy tensionado, con demanda creciente, problemas de cohesión y equidad en el acceso a los servicios sanitarios y de fuga de profesionales que se van a otros países con mejores condiciones salariales y laborales. La partida sanitaria ha pasado de representar un 12,7% del gasto total en 2012 al 14,6% en 2022, con un pico del 14,7% en el año de la pandemia. A pesar de este incremento de 28.000 millones en diez años, falta personal (pediatras, psicólogos, enfermeros…) y las listas de espera para especialistas siguen en niveles elevados (112 días de media para intervenciones quirúrgicas no urgentes, aunque varía según la comunidad y la especialidad). Dentro de los apartados del presupuesto en salud, los servicios hospitalarios se llevan cuatro de cada diez euros y su gasto ha crecido un 30% en cinco años; más de tres de cada diez euros se destinan a centros de salud y servicios ambulatorios, con un incremento del 27% en cinco años; y el 15% se usa para medicinas, con una subida del 18%. Educación Recibe menos de uno de cada diez euros Otra partida básica es la Educación, también competencia de las comunidades autónomas. Representa poco más del 9% del gasto público total. Ha aumentado su peso en siete décimas porcentuales respecto a 2012, pero ha bajado en comparación con 2017. En cualquier caso, no ha llegado a tener ni uno de cada diez euros de gasto. En el último Informe PISA -una evaluación internacional en los países de la OCDE que mide el rendimiento de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias- España tuvo los peores resultados desde que se publica este estudio (año 2000), aunque el desplome fue generalizado en todos los países europeos. La pandemia explica una parte del empeoramiento, pero no toda. Dentro de la partida de Educación, el 38% se destina a preescolar y educación primaria; otro 38% va a educación secundaria y un 14% a enseñanza universitaria. Vivienda La hermana pobre de los Presupuestos La hermana pobre de los presupuestos es la Vivienda. Tantos años abandonada han acabado convirtiéndola en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo si son jóvenes y quieren emanciparse en ciudades con los precios de venta o alquiler disparados. A Vivienda, una política que también depende en gran medida de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, apenas se le ha destinado en los últimos diez años el 1% anual del gasto total de las administraciones públicas. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de enero de este año, la vivienda se ha convertido en una preocupación para el 7,3% de los ciudadanos, cuando en 2018 solo el 2,7% manifestaba alguna inquietud por este asunto. Los jóvenes se emancipan de media a los 30,3 años de edad en España, y la principal traba es la vivienda porque no basta con tener trabajo para poder emanciparse. Según el Observatorio del Consejo de la Juventud, una persona joven tendría que dedicar el 83,7 % de su sueldo a pagar el alquiler de un piso. Eficiencia Revisar gastos ineficientes Lo que hay que examinar es la eficiencia del gasto público. Para José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA, se podría mejorar la gestión de recursos humanos en las administraciones y llevar a los funcionarios donde más falta hacen y mejorar la calidad de los servicios públicos. «El Gobierno debe presentar una senda de ajuste del gasto o de aumento de la presión fiscal clara para eliminar incertidumbres» José Emilio Boscá Catedrático de Análisis Económico e investigador de Fedea Además, reclama al Gobierno «una senda plurianual de ajuste del gasto o de aumento de la presión fiscal que esté clara y anunciada porque eso elimina incertidumbres». Boscá advierte que subir la presión fiscal con la estructura impositiva que tiene España «puede distorsionar la actividad económica». Para María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, «hay que buscar la forma de reducir el tamaño del Estado, con un replanteamiento de muchas políticas de gasto y analizar si son necesarias o no o si su recorte no daña la calidad de los servicios públicos». Quién gasta Las autonomías, responsables de un tercio del gasto Si nos fijamos en cuál es la administración responsable del gasto, se observa que el primer actor es la Seguridad Social, responsable del 34,3% del gasto público; seguida por las Comunidades Autónomas, con el 32,9% del total; a continuación va el Estado, con el 22,2% y, por último, los ayuntamientos, con el 10,6%. Pensiones Un crecimiento imparable Más de la mitad del aumento del gasto del Estado cada año se destina a cubrir el incremento de gasto en pensiones. En 2023, cuando la revalorización de las prestaciones con el IPC implicó una subida media del 8,5%, estas absorbieron el 70% del aumento del Presupuesto consolidado del Estado. Porque el desembolso en pensiones no deja de aumentar: Este año superará los 200.000 millones de euros de gasto no financiero. Entre 2016 y 2023 ha crecido más de un 40% y la próxima jubilación de la generación del 'baby boom' presionará más el sistema de Seguridad Social. El Estado ha ido incrementando sus transferencias al sistema y los préstamos a la Seguridad Social. Además, desde 2010, el sistema ha tenido que echar mano del Fondo de Reserva -que llegó a tener un máximo de 67.587 millones de euros en ese año- hasta dejarlo solo en alrededor de cinco mil millones en 2023 (algo más de los 4.400 millones presupuestados). Precisamente para intentar recuperar el colchón en esa 'hucha' de las pensiones, el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por el que se incorporaba un complemento en las cotizaciones sociales, que se irá aumentando progresivamente, gracias al cual, se prevé que el Fondo de Reserva llegue este ejercicio a los 9.000 millones de euros. Presupuestos El 45% del PIB de gasto público El Plan Presupuestario 2024 contempla que los ingresos del conjunto de las Administraciones Públicas representen un 42% del PIB frente al 41,9% de 2023, alcanzando los 648.660 millones de euros en términos de contabilidad nacional. En cuanto al gasto, este año está previsto alcanzar los 694.268 millones, el 45% del PIB, que incluye la revalorización de las pensiones con el IPC (un 3,5% de media), así como el incremento en un 2,5% de las retribuciones de todos los empleados públicos. ¿Es elevado el gasto público? Hay disparidad de opiniones, pero lo más importante, al final, es que se gaste bien.