Activos humanos.....

Productivos o improductivos? necesarios y menos tan solo.


LA 'TRAMA' INSTITUCIONAL

Patronal, cámaras, sindicatos y liberados: 350.000 personas en 'la otra Administración'

Publicado el 22-03-2010 , por M. Tejo /M. Valverde

La crisis está poniendo a prueba la paciencia de la clase trabajadora, que cada vez se asemeja más a esa aguja perdida en medio de un pajar. De los cerca de cuarenta y siete millones de españoles, ocho son pensionistas; cuatro millones largos están parados; tres, bajo el paraguas del sector público, y alrededor de trece duermen el sueño de la minoría de edad. Suena demasiado simple, ¿verdad? Lo es.


Tras esta cortina de grupos fichados, están los que nunca se ha sabido que estaban: la otra Administración, la que componen las plantillas integradas en las organizaciones sindicales, las patronales de todos los colores y cometidos, y el mullido césped de las omnipresentes Cámaras y los liberados. En una palabra, la estirpe institucional que conforman cerca de 350.000 personas.

Una población igual a la ciudad de Alicante o Granada trabaja al servicio de unas siglas que, ahora más que nunca, no despiertan entusiasmos entre los ciudadanos, y sí mucha envidia por las especiales condiciones de trabajo que se les atribuye (conciliación laboral, horarios flexibles y, según qué casos, una fuente de ingresos alternativa o dietas).

Los más visibles son la patronal CEOE, que asegura contar con 35.000 profesionales bajo su paraguas, y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, que suman 6.700 empleados a bordo. Ambos tótem organizativos absorbieron el pasado año 15,8 millones de euros del Estado para compensar su participación en los órganos consultivos del Gobierno y sufragar sus actividades. Estas partidas se complementan luego con créditos para la formación y otras ayudas adicionales;
por ejemplo, la patronal recibirá 12.000 euros por haber organizado una cumbre empresarial Unión Europea-Marruecos, tal y como refleja el BOE del 15 de marzo. Unas partidas que despiertan filias y fobias.


Afiliación de trabajadores
La discusión se repite año tras año: ¿Pueden los agentes sociales ser totalmente neutros con esta alimentación económica? Lo cierto es que su funcionamiento no difiere de los usos y costumbres que predominan en Europa. Eso sí, ni la canciller alemana Merkel ni el presidente galo Sarkozy han declarado todavía su “cariño” en público a ninguna organización sindical y, que se sepa, no han tenido que arremangarse la camisa para buscar créditos entre los bancos para oxigenar las firmas del máximo representante de los empresarios.

El debate sobre la sobrerrepresentación de los agentes sociales tiene esta otra arista: a día de hoy, el índice de trabajadores afiliados es inferior al 10% de la población trabajadora mientras, por su parte, la gran confederación empresarial se ha perfilado como un baluarte de las grandes sociedades a la que se le afea incluso desde dentro de sus filas, haberse alejado del bullicioso mundo del autónomo, que emplea al 80% de los trabajadores.

Mención aparte merecen las 4.127 personas que dedican todo su tiempo al derecho recogido en la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores de “defensa y promoción de los intereses de sus representados” con el derecho a conservar su salario. Se trata de los liberados sindicales, a los que CEOE asocia un coste para las empresas de “más de 250 millones de euros al año, sin contar el coste de reposición y/o la productividad asociada”. Este grupo se complementa con los cerca de 300.000 delegados o representantes de trabajadores que hay en todo el territorio (ver apoyo).

Otra institución en el punto de mira por su empuje entre el tejido empresarial son las Cámaras, con una plantilla con 2.300 trabajadores. Sobre el papel, su cometido es asesorar a las compañías, especialmente las que tienen vocación exportadora. Sin embargo, no es ningún secreto que su uso no es útil para todos lo emprendedores. El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, suele recordar que le tocó en su etapa como ministro de Comercio (1993-1996) “explicar” al Tribunal Constitucional la necesidad de que todas las sociedades españolas paguen su cuota a las cámaras, aunque admitió que aún persiste “el reto de que las Cámaras se conviertan en una pieza importante en el desarrollo de las regiones para conseguir un respaldo social que justifique esa cuota”.


Al poco de llegar al cargo, en 2005, Gómez Navarro recibió este saludo de las pymes, transmitido por el presidente de la Federación ATA, Lorenzo Amor: “Los autónomos ni usan, ni les sirven para nada las cámaras, ya que la única comunicación que reciben de ellas es el recibo de la cuota con la advertencia de que, si no pagan, la Agencia Tributaria les embargará”.

Las cohortes del sector público
Lo curioso de este asunto es que los datos sobre este batallón que por primera vez pone en cifras EXPANSIÓN se suman a los de otro ya existente, el que conforman los empleados del sector público, constantemente en el punto de mira de la sociedad y, ahora, también del Gobierno. Y es que el presidente se ha comprometido a reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013, desde el 11,4% del PIB con el que terminó 2009. Para ello, y entre otras medidas, el Ejecutivo quiere reducir en un 4% el gasto corriente de personal de las Administraciones Públicas.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, piensa que se puede alcanzar esa cifra reduciendo al máximo lo que se denomina la tasa de reposición. Es decir que, en lo que queda de legislatura sólo se sustituya cada año uno, o ninguno, de los empleados públicos que salen de la Administración por distintos motivos.

Salgado cree que, en principio, con esta medida, no hará falta congelar los salarios de los empleados públicos. En principio, porque la propia vicepresidenta ha insinuado que se puede respetar el pacto contraído este año con los sindicatos de subir un 0,3% los salarios de los empleados públicos, pero que, en cambio, es una incógnita lo que pueda suceder en el resto de la legislatura si el Gobierno se ve apretado para cumplir su compromiso ante la UE para reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013.

Bien es verdad que no todas las Administraciones Públicas han evolucionado de la misma manera en los últimos años. De acuerdo con los datos del Banco de España, más del 50% de los más de tres millones de empleados del sector público, incluyendo las empresas y los entes, pertenecen a las comunidades autónomas. Es decir, 1.693.000 personas.

Este hecho tiene varias razones. En primer lugar, el proceso de transferencias que, por una parte, ha aumentado de forma exponencial la entrada de nuevo personal en las administraciones regionales y, también, ha hecho que muchos empleados del Gobierno central se trasladen a la gestión autonómica gracias, entre otras cosas, a la oferta de mejoras retributivas. Sobre todo, en los niveles más altos de la Administración.

Otra razón que explica el crecimiento del empleo público en las comunidades autónomas, incluyendo funcionarios y contratados laborales, es el crecimiento de las empresas con distintos fines. En los últimos años, las administraciones regionales han tendido a crear estas compañías con el fin último de desviar deuda –y déficit – al Gobierno central y a la Comisión Europea –dentro de las cuentas de España– bajo el paraguas de la inversión. Este es un fenómeno que también se da en los ayuntamientos.

Precisamente, los municipios son la segunda administración en número de empleados, con 676.000. Como en el caso de las comunidades autónomas, esta cifra se explica por varios motivos.

El primero es que con frecuencia los ayuntamientos asumen competencias que no les corresponden, porque son la administración más cercana al ciudadano o se ven afectados por las decisiones que toman el Gobierno o las comunidades autónomas. Esto requiere la contratación de personal interino –temporal– que termina quedándose porque, o se hace con la plaza de funcionario de forma definitiva, o la administración incumple el Estatuto de los Trabajadores y, finalmente, los tribunales le obligan a hacer indefinido al trabajador por haber superado el periodo de eventualidad.

Paradójicamente, una de las razones de este último hecho ha sido la frecuente restricción de personal que el Gobierno ha intentado aplicar en todas las Administraciones a través de los Presupuestos Generales del Estado. El salario básico, la retribución máxima del plan de pensiones y los niveles de ingreso de personal son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por lo tanto, es muy posible que la restricción en la Oferta de Empleo Público que quiere aplicar el Gobierno hasta 2013 vuelva a disparar el empleo temporal en las Administraciones y, sobre todo, en el conjunto de los ayuntamientos más pequeños. Es necesario recordar que en España hay más de 8.000 municipios.

En sentido contrario a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el número de empleados públicos del Gobierno central, incluyendo sus empresas, ha ido disminuyendo en los últimos años hasta superar por poco el medio millón de personas. Y, dentro de esta cifra hay que tener en cuenta que la mitad, aproximadamente, está en las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado, con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, no faltan quienes piensan que aún es posible reducir más el número de funcionarios. Entre otros, el Partido Popular y las formaciones nacionalistas, además de foros como las cajas de ahorro, el Círculo de Empresarios y la patronal CEOE. Su objetivo es suprimir ministerios sin competencias como Vivienda y Sanidad o, absurdos, como el de Igualdad.

El debate del 0,7%
Las entrañas de la sociedad española son complejas. A día de hoy, la población que trabaja en el sector privado representa el 32% de todo el país, y cada día está más acorralada por dos batallones. El que conforma la Administración y el sector público (8%), y la estirpe institucional, que representa el 0,7% del total.

Los ‘reinos’ de Méndez y Toxo
A finales del año pasado, el tejido empresarial español tenía 290.828 delegados de personal o representantes de los trabajadores. De ellos,la inmensa mayoría pertenecen a CCOO y UGT. Y, por esta razón, son los dos sindicatos que están en la mayor parte de las negociaciones del diálogo social con el Gobierno y la patronal CEOE.

La Ley Orgánica de Libertad Sindical considera organizaciones más representativas en el ámbito del Estado a las que obtienen el 10%, o más, de los delegados de personal, en empresas de menos de 50 trabajadores, o de miembros del comité, en compañías con un número superior a esa cifra. En la comunidad autónoma, los sindicatos más representativos son aquellos que tienen más del 15% de los representantes.

Por esta razón, los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, en el País Vasco, y la Ciga, en Galicia, disputan el espacio sindical a CCOO y UGT. Y, por esta razón también, las organizaciones territoriales de estas dos centrales son independientes para coquetear con el nacionalismo en estas comunidades autónomas y en Cataluña. Además de los llamados sindicatos de clase, como CCOO, UGT y USO, hay otras organizaciones más pequeñas, y de carácter profesional, que pueden hacer mucho daño en el conflicto laboral por su elevado nivel de presentación en un sector estratégico. Por ejemplo, los pilotos del Sepla, o los ferroviarios del Semaf en Renfe.