Las CCAA y sus claves.

Cómo cortar gastos de las CCAA.

MADRID, 23 Mar. (OTR/PRESS) -

Con el prólogo del acuerdo alcanzado la semana pasada en materia sanitaria, entre la ministra Trinidad Jiménez y los consejeros autonómicos de Sanidad, se han sentado hoy a negociar el Gobierno y las comunidades autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el recorte del gasto público que las regiones deben acometer para reducir el déficit. El objetivo es pasar del 11 por ciento actual al 3 exigido por Bruselas en 2013, nada menos, y según establecen las normas de Bruselas. Para avanzar en este propósito, el Ejecutivo central presenta una propuesta de acuerdo marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas que intenta buscar el compromiso de todas las administraciones para poder cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y reducir el saldo negativo de las cuentas públicas. La iniciativa tendrá que recibir el 'visto bueno' de las comunidades durante el debate y la previsible votación que se celebrará en el CPFF, aunque el Ejecutivo sólo necesita el apoyo de una comunidad para hacer que su propuesta prospere, dado que cuenta con la mitad de los votos del Consejo.

En dicho acuerdo, el Gobierno advierte a las comunidades de la posibilidad de graduar los pagos por transferencias no determinados por normas o acuerdos a los territorios que no cumplan con los compromisos que pretende acordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, las insta a aprobar, en el plazo de tres meses, un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales, para mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, igual que lo hará la Administración Central. Esto puede suponer supresiones, refundiciones o reestructuraciones de órganos innecesarios. De la misma forma, se pide a las comunidades que apliquen una política de contención de gastos de personal desde una senda de austeridad en materia de retribuciones, una estrategia restrictiva en la configuración de las oferta de empleo público y una política de racionalización de los recursos humanos. Todas las actuaciones en materia retributiva deben instrumentarse a través del "oportuno y necesario" proceso de diálogo social. Asimismo, deberán remitir al CPFF un informe trimestral, en términos similares al previsto para la administración del Estado, en el que se analizará el cumplimiento de plazos para el pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la respectiva administración autonómica.

¿Será fácil que las CCAA "de obediencia PP" se sumen al acuerdo? Cabe recordar que su contenido esencial ya se debatió en la Conferencia de Presidentes, y que entonces se produjo un claro rechazo desde las CCAA del PP, por virtud, sobre todo, de voces como las de los presidentes gallego, Núñez Feijoo; del riojano, Pedro Sanz; y de la "lideresa" madrileña, Esperanza Aguirre. Esta última argumentó que "no procedía" dar bazas de esa naturaleza al Gobierno de Zapatero. Ahora, esta misma Comunidad de Madrid sostiene que el plan llega tarde y que el Gobierno regional ya ha aplicado esas políticas de austeridad en los dos últimos años. El Gobierno madrileño dice haber ahorrado 542 millones en tres años. De ahí que Esperanza Aguirre reclamará a Elena Salgado que sea el Estado central el que dé ejemplo. También Galicia dice haber aplicado ya una política de reducción de altos cargos, desde la llegada al Gobierno de Núñez Feijoo. Parece probable que "la urgencia de Bruselas" haga entrar en razón a los menos entusiastas con el recorte al que ahora se les apremia. Si se aprueba el plan que presenta Elena Salgado, los gobiernos autonómicos dispondrán de tres meses para presentar su propio plan de reestructuración del gasto. Y después, un grupo de trabajo se encargará del seguimiento de las actuaciones destinadas a reducir el déficit y analizará trimestralmente los informes de las CCAA al Comité Fiscal y Financiero. Todo para llegar con un 3 por ciento de déficit al presupuesto de 2012, desde el 11,4 por ciento de 2009...