La Justicia acorrala a los alcaldes morosos con multas a su patrimonio
31.05.2011 Calixto Rivero 11
El TSJ de Andalucía se ratifica: un alcalde deberá abonar a un empresario las deudas del Consistorio con sus propios fondos tras haber demorado pagos por más de una década.
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La Justicia da una vía de escape a los empresarios que sufren la morosidad de los ayuntamientos justo después de los comicios del 22-M. En agosto del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) establecía en un auto pionero que el alcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla) tendría que pagar las deudas que tenía contraídas con la empresa Aroa S. L. en 30 días. Si no, el alcalde y el secretario del municipio estarían obligados a responder con multas coercitivas sobre sus propios bienes personales (como adelantó EXPANSIÓN el pasado 9 de agosto).
Sin embargo, el primer edil, que llegó a plantear al empresario que le pagaría en 10 años y con solares del municipio, consiguió paralizar la ejecución de la sentencia con un recurso. Ahora, nueve meses después, acaba de ser desestimado y ya “no cabe recurso de casación frente al mismo”.
Las razones que argumenta la Sala de los Contencioso-Administrativo son tajantes. “La reiteración actual de argumentos ya expuestos con anterioridad por parte del Ayuntamiento carece de sentido”. “La parte actora (la empresa) sufre graves dificultades económicas (...) y, en todo caso, es el que ha ejecutado obras a favor del ayuntamiento demandado y goza de derecho a cobrarlas de conformidad con lo establecido en el Ordenamiento Jurídico de este Estado”.
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El TSJA señala que las “dificultades de Tesorería” del ayuntamiento “no pueden constituir, en este caso, a la vista de lo actuado, un obstáculo insalvable”.
Ya no es el único caso de este tipo, aunque todavía son escasos. El vicepresidente de ATA en Andalucía, Rafael Amor, señala que el problema que surge es que muchas pymes no se pueden permitir se tener un abogado, y “no tienen derecho a uno de oficio”.
La decisión del Tribunal sólo se frenaría, según los abogados consultados, si cambia el equipo del consistorio, ya que la responsabilidad del alcalde es “personal”. Sin embargo, el secretario del ayuntamiento sí seguirá afectado hasta que se pague la deuda.
El auto “firme” llama la atención en un momento en el que ATA denuncia que la Ley de Morosidad es la que tiene más “insumisos”. Según Guillermo Ramos, director de la oficina de Malaga de Ernst & Young Abogados, el auto pone de manifiesto que “lo que no pueden hacer los ayuntamientos es no hacer nada ante las situaciones de morosidad”, sino que deben actuar como las empresas privadas, ser más transparentes y transmitir seguridad.
Más deuda tras las elecciones
El problema de la morosidad del sector público, en vez de solucionarse, aumentará por culpa de las elecciones locales y autonómicas que acaban de celebrarse. Al menos, de forma inmediata. Según el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, “todos los pagos están paralizados” en el periodo hasta la formación de los nuevos ayuntamientos, que tendrá lugar en las próximas semanas.
Esta federación se atreve incluso a calcular cómo les afectará el periodo en el que está paralizada la administración local: si actualmente el sector público paga con 158 días de retraso, en julio esta cifra podría elevarse de media a 170 días. Lo mismo ocurre con la cuantía de la deuda: ATA estima que las administraciones deben 12.000 millones de euros a los pequeños empresarios, una cifra que podría elevarse a cerca de 14.000 millones en sólo varios meses.
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