Matemos a los jubilados para mantener a los políticos

12.04.2012

Manuel del Pozo

Unas gotitas de cianuro en el vasito de leche matutino –con todas las pastillas que tienen que tomar ni se van a dar cuenta– y zas, nos cargamos a los 8 millones de pensionistas y recortamos de golpe 115.000 millones de euros de gasto en pensiones, además de conseguir un considerable ahorro en fármacos.

¿Estarían satisfechos con este genocidio los especuladores financieros o también tendríamos que dejar morir de hambre a los 5 millones de parados?
A este paso podemos llegar a eso porque Rajoy ha sacado la guadaña y se ha puesto a improvisar recortes –ayer anunció otros 16– a golpe de prima de riesgo para calmar a unos mercados ansiosos que han olido la sangre.

Subidas de impuestos a granel, recortes en temas tan sensibles como sanidad y educación, rebajas en I+D, poda en las ayudas a las exportaciones, fuerte reducción en la inversión pública en infraestructuras, menos apoyo a la formación... Una serie de salvajadas que castigan directamente al ciudadano y frenan aún más el crecimiento de las empresas, que son las únicas que pueden sacarnos del agujero. Con estas medidas, el país está abocado a una larga recesión.

Todos estamos de acuerdo en que hay que purgar los excesos del pasado y que hay que reducir un déficit público que nos asfixia. Es una situación de emergencia que requiere eliminar todo lo accesorio para centrar los esfuerzos en lo imprescindible. Pero antes de recortar los pilares del Estado del Bienestar y los apoyos al crecimiento empresarial (inversión, I+D, formación...) es necesario adelgazar el Estado y revisar a fondo el modelo autonómico. La economía no se puede permitir ya mantener a los 100.000 cargos políticos que hay en España y resulta imposible costear la nómina de más de tres millones de funcionarios.

Ya sé que es políticamente incorrecto y que muchos me tildarán de facha y de centralista, pero creo que la solución más favorable para el ciudadano es acabar con el Estado de las Autonomías, dada su inviabilidad económica y la imagen que tiene de chiringuito particular del partido de turno. Al final hay que elegir entre sacrificar a los ciudadanos o sacrificar un modelo autonómico que es económicamente inviable. Si ahora partiésemos de cero, a nadie se le ocurriría crear 17 Parlamentos con miles de políticos que pagan los ciudadanos con sus impuestos.

El Estado autonómico ha sido muy positivo para consolidar la convivencia entre los ciudadanos y para impulsar zonas del territorio poco desarrolladas, pero con el tiempo se ha convertido en un enorme agujero negro, en un monstruo mal gestionado, y que ha servido para el dispendio, el gasto suntuario, los lujos, las inversiones megalómanas, el enriquecimiento de caciques regionales y el nacimiento de nuevas oligarquías vinculadas a los poderes políticos.

Sólo evitando duplicidades y redundancias entre el Estado central y los autonómicos (defensores del pueblo, sindicaturas de cuentas, consejos consultivos, institutos de estadística, embajadas autonómicas, institutos de Meteorología, observatorios variados...) podrían ahorrarse 50.000 millones de euros, el triple de lo que el Gobierno pretende recortar en sanidad y educación. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, propuso el martes a Rajoy la revisión del modelo autonómico, pero rápidamente el presidente desechó la idea.

Ni PP ni PSOE están dispuestos a poner fin al Estado de las Autonomías porque forma parte de su estructura de poder, porque es la base de un sistema político clientelar, un modelo que ambos partidos consideran fundamental para su propia supervivencia.

Populares y socialistas están más pendientes de sus propios intereses que de los de los ciudadanos, de tal manera que están dispuestos a mantener una estructura mastodóntica e ineficiente donde colocar a sus correligionarios, aún a costa de que los ciudadanos tengan peor sanidad y educación. Espero que no lleguen a matar a los jubilados.